Más de 10.400 familias en riesgo de exclusión tendrán dificultades para seguir recibiendo ayudas de la Xunta si solicitan el ingreso mínimo vital

La instauración de un ingreso mínimo vital para todo el Estado complica el cobro de la Risga (renta de inclusión social de Galicia) para las más de 10.400 personas que la perciben. La normativa gallega establece que su recepción es “incompatible” con las pensiones no contributivas y también con cualquier otra prestación que suponga un ingreso igual o superior. El ingreso base de la Risga (que está compuesta por tres tramos y diferentes complementos) es de 403 euros mientras que el ingreso mínimo vital (IMV) parte de los 462.

“Para que la Risga sea compatible con el futuro ingreso mínimo vital, el Parlamento tendría que modificar la Lei de inclusión social de Galicia”, resume el departamento responsable de la prestación, la Consellería de Política Social, que no avanza si está entre sus planes hacerlo. Lo cierto es que Galicia ha afrontado esta pandemia en una situación política desconocida, con unas elecciones desconvocadas y un Parlamento disuelto, por lo que la modificación de la ley tendría que esperar a la nueva composición de la Cámara y al nuevo Gobierno que salga de los comicios del 12 de julio.

Por el momento, la preocupación que muestra el presidente de la Xunta respecto al IMV es quién será la administración que la gestione, que Alberto Núñez Feijóo reclama para Galicia como han conseguido el País Vasco y Navarra, y que se ajuste a un itinerario de inclusión laboral. “Puede existir solapamientos entre el IMV y las rentas de inclusión autonómicas con la Risga. Esperaremos a conocer el texto para ver los mecanismos que se establecen para evitar este problema”, indica Política Social a pesar de que el cobro de ambos parece incompatible.

En la presentación del IMV, del que aún no se conoce cómo se articulará, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó que el IMV será compatible con las rentas mínimas que tengan las comunidades autónomas. La Risga, que ha sufrido diversos cambios, existe en Galicia desde el año 1991 y la Xunta dedica a ella unos 65 millones de euros al año.

Entidades como la Rede Galega contra a Pobreza llevan más de diez años reclamando una medida como el IMV. Ahora, piden que la prestación “no muera de éxito”. “Su tramitación debe ser fácil y ágil porque puede convertirse en un fuerte impulso para paliar la pobreza severa”, indica el vicepresidente de EAPN Galicia - Rede Galega contr a Pobreza, Daniel Bóveda.

Estiman que en la comunidad existen 128.000 personas, un 4,8% de la población, en situación de pobreza severa, pero en el mes de mayo fueron 10.480 las perceptoras de la Risga. “No se debe tener que elegir entre una y otra, es fundamental que el presupuesto de la Risga no baje ni en un euro. No puede ir a menos. Sería desvestir a un santo para vestir a otro”, indica Bóveda. El ministro Escrivá explicó que dependerá de las comunidades decidir si a partir de ahora dejan de dar su propia prestación.

Desde EAPN Galicia tienen claro que ambas deben de ser compatibles y que es preciso la colaboración entre las administraciones para garantizarlo. El motivo, explica Bóveda, es que existen muchos perfiles que ahora se quedan fuera de las prestaciones. “La Risga puede orientarse a reforzar familias monoparentales, con dependientes o personas en situación irregular que se quedan fuera del IMV, también menores emancipados o adultos entre 18 y 23 años a los que no llegan estas ayudas”, apunta.