Así funciona el coladero de la Xunta para directivos de residencias privadas que buscan vacunarse contra la COVID-19

Cualquiera con un cargo intermedio en una empresa que posea una residencia privada en Galicia ha podido acceder a la vacuna contra la COVID-19 aunque su contacto con los usuarios sea mínimo o inexistente. Y lo puede hacer sin que salten las alarmas. La sanidad gallega distribuye el fármaco a todo aquel que lo pida con el único requisito de estar incluido en una lista que elaboran las propias direcciones de los centros privados. La Xunta no hace comprobaciones. El último caso afecta a diez empleados de Clece en Galicia, una compañía perteneciente al Grupo ACS y que gestiona comedores escolares, residencias, seguridad y servicios de limpieza para administraciones públicas. Los empleados de esta compañía, entre ellos dos directivos, consiguieron la inmunidad en una residencia que la entidad posee en Ferrol, pese a no formar parte de su plantilla. Clece argumenta que prestaban labores de apoyo en ese centro y que eso justifica su acceso al medicamento.

La facilidad para acceder al fármaco a través del atajo de las residencias en la comunidad que dirige Alberto Núñez Feijóo quedó de manifiesto cuando elDiario.es desveló la vacunación irregular de Josefina Fernández, CEO para España del gigante de la geriatría DomusVi. Pocos días antes se había conocido que una alcaldesa rural del Partido Popular había usado el mismo truco para reservarse las dosis. La dirección gallega del PP la expulsó, pero permite a sus concejales seguir apoyándola. Para la empresaria todo eran buenas palabras ya desde el principio, apoyadas en la tesis de que la directiva que factura más de 500 millones de euros anuales atiende personalmente a los ancianos sobre los que sustenta su negocio.

Al caso de DomusVi se suma ahora el de Clece, que posee varios centros de mayores en Galicia. Hasta diez cargos intermedios de la empresa acudieron el pasado 8 de enero al Centro Ocupacional Souto de Leixa en Ferrol para inmunizarse contra el virus, tal y como han confirmado desde la compañía y desde la Xunta de Galicia a este periódico. Uno de los empleados que se benefició del fármaco fue Alberto Domínguez Crispín, delegado de la compañía en Galicia. Este directivo, cuya oficina está en Vigo, viajó 177 kilómetros para recibir el preparado de la empresa Pfizer. Quince días después repitió el itinerario para recibir la segunda dosis. En conversación con elDiario.es, Domínguez declaró: “Yo voy mucho por ese centro”.

La Xunta justifica el caso Clece con el siguiente razonamiento: “Se entiende que esos profesionales fueron incluidos en el listado de personas a vacunar en la residencia Souto de Leixa porque trabajan en el centro. Si no lo hacen, corresponderá a la empresa dar las explicaciones pertinentes”. elDiario.es se ha puesto en comunicación con un portavoz de Clece cuya explicación es la que sigue: “En el caso del CAD Souto de Leixa, se ha cumplido la estrategia de vacunación definida por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que determina como primer grupo objetivo de vacunación todas las personas que residen o trabajan en la residencia de mayores, incluido personal sanitario, cuidadores, limpiadores, personal administrativo y personal de apoyo en su caso”.

Entre la lista para la vacunación que elaboró Clece para ese 8 de enero se incluyó, además de al delegado para Galicia de la compañía, a una responsable de prevención de ACS, a una directiva de Talher (empresa dedicada sostenibilidad, jardinería y limpieza del mismo grupo), a una encargada regional de Integra (empresa dedicada a la inclusión sociolaboral de personas con diversidad funcional) y a una doctora que trabaja cubriendo las guardias durante las vacaciones de verano. La compañía argumenta que tienen entre sus funciones la organización de la limpieza y desinfección en los centros. La versión de los trabajadores que se encontraban en el centro el día que administraron las vacunas difiere. Según ellos, “nadie conoce” a los cargos que la compañía envió a recibir el fármaco aquel día.

La estrategia de vacunación dictada por el ministerio de Sanidad es clara a la hora de delimitar quién tiene derecho a la vacuna y quién no en una residencia de ancianos o un centro de discapacidad. El texto de referencia para todo el Estado asegura que “todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios (administrativo, limpieza, cocina, etc.) están contempladas en esta categoría”. Nada se dice de los directivos o cargos intermedios que, en función de su posición en la empresa, se incluyen a conveniencia en la lista de empleados de una residencia concreta cuando a ella llegan las enfermeras de la Xunta con los viales del fármaco.

En el caso concreto de Souto de Leixa, según datos aportados por Clece a esta redacción, el personal del centro está formado por una plantilla de 80 personas. Sin embargo, según los datos facilitados por la empresa, ese día se vacunaron un total de 90 trabajadores. Esta redacción ha reclamado de la Xunta la cifra de personal y usuarios de residencias en Galicia para compararla con el total de dosis administradas en estos centros. No ha habido respuesta.

El plan de vacunación que lidera el Gobierno de Feijóo no prevé ninguna medida de control sobre los listados de candidatos al fármaco que ofrecen las residencias privadas. A partir de esta confianza, a la Xunta se le ha abierto un coladero para directivos de residencias en busca de inmunidad frente al virus. Solo en el caso de la residencia ferrolana el número de vacunas administradas fue un 12% superior al número de personas que trabajan en el centro. El Gobierno de Feijóo, mientras tanto, continúa en una campaña contra el ejecutivo central basada en reclamar más vacunas con el argumento de que las que llegan no son suficientes.