Los hosteleros se echan a la calle contra la Xunta por la falta de ayudas para paliar las restricciones impuestas en el corazón turístico de Galicia

Con las debidas distancias pero también exasperados por la situación, cientos de hosteleros y trabajadores del sector se manifestaron este miércoles por las calles de Santiago de Compostela. El objeto principal de sus críticas, la Xunta de Galicia y su “falta de diálogo” tras decretar restricciones para atajar la epidemia de coronavirus que afectan gravemente a la actividad de los bares. “Lo fácil es cerrar / pero hay que gobernar”, gritaban los participantes en la manifestación, que reclaman ayudas públicas.

Convocada por las principales asociaciones gremiales de la ciudad, la protesta afeó al Gobierno gallego que no exista “un plan de rescate, más allá de anuncios que no se concretan”. Hilarlo todo al Año Xacobeo, que el gabinete de Feijóo pretende extender a 2022, no los tranquiliza: “No sabemos como se va a desarrollar”. Lo advirtieron en el manifiesto que leyeron, antes de arrancar la marcha en la Praza do Obradoiro hacia las dependencias de la Administración gallega, los actores Federico Pérez Rey e Patricia Vázquez.

La hostelería supone, según los datos que expusieron los organizadores de la convocatoria, el 20% del PIB de Galicia. La capital gallega, núcleo universitario y cuya economía se ha volcado cada vez más hacia el turismo, es también la ciudad de la comunidad con más bares por habitante. Aunque el sector ya ha protestado en otras localidades -en A Coruña llevan haciéndolo desde hace semanas-, su sección compostelana ha sido la más clara en su denuncia, al situar a la Xunta como principal responsable.

“Menos restricción y más gestión”, coreaban en gallego, acompañados por cacerolas y bandejas. “Hay muchos empleados”, se alegraban dos mujeres jóvenes. La movilización juntó a patrones y a asalariados, y a mucho propietario de negocio familiar. “El sentidiño / pide recursiños”, decían, en referencia a las campañas institucionales del Gobierno gallego. Los manifestantes recordaron como sus agrupaciones gremiales han prstado asesoramiento legal y sanitario para ayudar “al mantenimiento de los negocios y de sus equipos de trabajo”, y se han encargado del “diálogo institucional”. Con todas las instituciones excepto con la Xunta, señalaron.

“Hemos cumplido escrupulosamente las normas. La salud y la vida tienen la máxima prioridad para nosotros”, resumieron en el manifiesto. Pero necesitan soporte público. O la solución que ofreció un sardónico Federico Pérez Rey: “A ver si nos dejan coger la concesión de la cafetería de El Español, que ahí dejan entrar a todo dios”.