El informe legal que encargó la Fundación Seoane habla de un posible delito de estafa por los cuadros del pintor cuya autoría está en cuestión
“Estafa en su modalidad agravada”. Este es el hipotético delito que percibe el abogado encargado por la Fundación Seoane de analizar las implicaciones legales de la polémica exposición de Lalín. La muestra, organizada por el ayuntamiento y cuyo catálogo sufragó la Xunta de Galicia, reunió obra desconocida de Luís Seoane y Maruja Mallo. Especialistas conocedores de los dos artistas han puesto en cuestión 35 de las 43 piezas expuestas: las 17 de Mallo y 18 de las 26 de Seoane.
El informe jurídico, redactado por un letrado del bufete Massa y Piñeiro, se refiere únicamente a las de este último. Fue la gerente de la fundación la que lo solicitó a partir del demoledor documento técnico artístico que, realizado por expertos del centro coruñés, pone en cuestión la autoría de 13 óleos, cuatro guaches y una acuarela incluidas en Creacións Máxicas de medidas exactas. Mientras el texto del abogado llegó al patronato de la institución en su última reunión –el 25 de noviembre de 2020–, los 37 folios sobre las pinturas no lo hicieron.
El órgano se reunirá de urgencia este miércoles a consecuencia de su publicación en elDiario.es la pasada semana. Habrá, por lo menos, una significativa ausencia entre los patronos convocados, la del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Oriundo de Lalín, participó en la inauguración de la muestra, comisariada por el profesor y crítico Antón Castro, y colocó su firma en uno de los prólogos del catálogo. Así lo recogió entonces la prensa. Ahora, y a pesar de que es su nombre el que figura en el patronato, un portavoz de su departamento ha confirmado a este periódico que será el secretario general, Anxo Lorenzo, el que asista mañana. El único punto del día, “análisis de la situación creada por las dudas de autoría de algunas obras de Luís Seoane expuestas en la exposición Creacións Máxicas [...]”.
Tres escuetos folios sobre un posible delito
El informe jurídico, de apenas tres folios y de título Informe sobre falsificación de obras de D. Luís Seoane, explica que, al “haberse tenido conocimiento de que pudiesen estar comercializando obras de arte atribuidas a D. Luís Seoane y que presuntamente son falsas por no ser el autor de las mismas”, el delito sería “estafa en su modalidad agravada”. Lo recoge el artículo 248 del Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizasen engaño para producir error en el otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en prejuicio propio y ajeno”. Las penas previstas son prisión de uno a seis años y multa de seis a 12 meses “cuando recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico”.
El letrado indica que la “acción penal” contra quien esté cometiendo el delito puede ejercerla “el afectado” o “aquellas personas que, como la fundación, conozcan la comisión del presunto delito independientemente de la relación jurídica que las una a la obra”. Para que lo haga esta institución, “es necesario que su patronato tome una decisión sobre el particular”. Y recuerda la necesidad de poseer “indicios que permitan sostener la imputación del delito de estafa”. Pone ejemplos: “Informes de expertos que avalen la naturaleza falsa de las obras, entidades certificadoras que acrediten la falsedad, inventarios de la totalidad de la obra que certifiquen que la misma no es de el autor, etcétera”.
El documento elaborado por especialistas de la fundación se basa en apreciaciones técnico artísticas: procedimientos nunca documentados en la trayectoria de Seoane, provenances –el certificado del trayecto de la obra desde su salida del estudio del pintor– no contrastadas, firmas que “no resistirían una peritación caligráfica”, o diferencias estéticas –excesiva rigidez, exceso de dibujo, extraño uso de los colores– son algunas de ellas.
No obstante, y al contrario que la contundencia de la carta remitida a la Real Academia Galega de Belas Artes por los autores del Catálogo Razonado de Óleos de Maruja Mallo –las obras de Mallo expuestas en Lalín “no son atribuibles a la artista”–, el informe reclama además “análisis técnicos de laboratorio como exámenes ópticos o moleculares así como un peritaje caligráfico”. “Se necesitarían nuevos datos históricos, técnicos y científicos que ayudasen a verificar las obras y descartasen los indicios que llevan a dudar de su autenticidad”, concluye.
Marea Atlántica exige a la Xunta la “retirada preventiva” del catálogo
El asunto de la exposición de Lalín ya ha saltado al campo político. En su día, hace algo más de un año, el Partido Socialista preguntó en el pleno municipal de la localidad sobre “avisos alarmantes que cuestionan la autenticidad de un importante porcentaje de la exposición Creacións Máxicas de medidas exactas”. El alcalde, José Crespo, del PP, apeló a la solvencia del comisario, Antón Castro. La edición local de La Voz de Galicia se hizo eco del debate. Pero entonces todavía eran desconocidos la carta de los encargados por la familia de Maruja Mallo de catalogar sus óleos y el informe de expertos de la Fundación Seoane.
Ahora es la Marea Atlántica, organización de izquierdas que gobernó A Coruña entre 2015 y 2019 y ahora sienta a seis ediles en la oposición, la que ha exigido explicaciones a la alcaldesa de la ciudad, y presidenta de la fundación, y al propio Gobierno gallego. Además de registrar varias preguntas dirigidas a la primera edil, este martes le ha reclamado una “respuesta contundente” junto a la Consellería de Cultura. “Pedimos la retirada preventiva del catálogo de la muestra y un estudio cualificado y exhaustivo de las piezas puestas en duda”, señala.
A preguntas de elDiario.es, la Xunta se ha limitado por el momento a señalar que su colaboración con la muestra se ciñó a financiar el mencionado catálogo. Y que su conselleiro del ramo, Román Rodríguez, no acudirá a la crucial reunión del patronato de la Fundación Seoane programada para este miércoles.
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