La lenta transparencia de la Xunta: 7 meses para decir que no sabe si tiene 'tarjetas black'
La Consellería de Hacienda, el departamento que debería velar por un adecuado funcionamiento económico de toda la Xunta de Galicia, admite, tras dos peticiones oficiales de información con amparo en la Ley de Transparencia y la intervención de la Valedora do Pobo, la defensora del pueblo, que “no dispone” de información sobre si en el resto de la administración autonómica hay o no tarjetas bancarias institucionales. Fuentes no oficiales consultadas por este diario aseguran que la Xunta carece de tarjetas bancarias desde hace décadas, así que la revelación fundamental del siguiente relato sería lo que aún le cuesta a la Xunta ser transparente con la ciudadanía.
La Ley de Transparencia de Galicia entró en vigor el pasado marzo y entre otras cuestiones supone la adaptación y aplicación de la normativa estatal que contempla la posibilidad de que la ciudadanía le formule preguntas directas sobre datos no públicos. En un momento de sucesivas revelaciones sobre las denominadas tarjetas black con las que altos cargos de Caja Madrid supuestamente realizaron gastos de carácter personal, el pasado 7 de abril se le formuló a la Xunta una pregunta para que informara sobre las tarjetas bancarias institucionales de las que dispusiera y con la que comprobar, al mismo tiempo, el funcionamiento de la Ley de Transparencia. La formulación de la pregunta en aplicación de la Ley de Transparencia fue la siguiente: “Quién, en la Xunta o entes paralelos, dispone o dispuso, desde agosto de 2005, de tarjeta bancaria institucional y qué gastos se hicieron con ellas”.
La pregunta fue realizada a la Consellería de Facenda, ya que es la supuestamente encargada de supervisar el buen funcionamiento económico de la administración autonómica y la normativa de transparencia obliga a dirigirla a un departamento concreto. La brevedad de la formulación viene obligada por el espacio físico limitado que el Gobierno gallego deja en el formulario oficial de peticiones de transparencia. Y la referencia temporal viene motivada por la necesidad de acotar en el tiempo la pregunta para evitar que fuera rechazada, como permite la ley, por abarcar un volumen excesivo de información. Se consideró que una década y la existencia en ese período de dos gobiernos de colores distintos (agosto de 2005 fue cuando tomó posesión el bipartito PsdeG-BNG previo al actual gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo) permitiría contextualizar mejor la información solicitada.
El 6 de mayo, al límite del plazo de un mes que la ley otorga a la Xunta para contestar, la secretaria general técnica de Facenda, María Socorro Martín Hierro, firmó una resolución denegatoria de la petición de información. Los argumentos empleados, amparándose en las excepciones que contempla la ley, fueron que la solicitud requería “de una acción previa de reelaboración” a partir de “datos y documentación que no se encuentran centralizados en un departamento u organismo” y que la información solicitada “abarca un período de tiempo muy amplio”. Facenda no niega la existencia actual de tarjetas bancarias institucionales, algo que podría hacer con un simple “ahora nadie” en respuesta a una pregunta formulada como “quién dispone o dispuso” de ellas. E implícitamente admitiría su existencia en el período por el que se le pregunta al apelar a que los datos requerirían de una reelaboración previa antes de poder ser facilitados, algo que por otra parte también contempla la ley de transparencia para proteger información personal.
Ante esos argumentos denegatorios, el 12 de mayo se presenta una segunda solicitud de acceso a la información dirigida al mismo departamento con la siguiente redacción matizada: “Datos de los que disponga ya la Consellería de Facenda sin tener que reelaborar sobre quién de la Xunta tiene tarjeta bancaria institucional y sus gastos”. El planteamiento ya omite cualquier trabajo de reelaboración de los datos y acota al presente la respuesta para evitar los dos argumentos en los que se amparó la denegación previa. Con fecha 9 de junio, nuevamente al límite del plazo máximo legal, Facenda emite como toda respuesta la siguiente: “Desde el año 2009 [cuando comienza a gobernar el PP], en la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia no existen tarjetas bancarias institucionales a disposición de los altos cargos de dicha consellería”.
De las dos respuestas se podría concluir que Facenda no supervisa si existen tarjetas en el resto de la Xunta, ya que de lo contrario algún dato al respecto debería “disponer sin tener que reelaborar”, como formulaba la pregunta, aunque sólo sea el mero hecho de que existan o no, sin más precisiones. Si existiesen, los supervisase y no los pudiese facilitar por tener que reelaborarlos, ya fuese por su volumen o porque incluyesen datos protegidos, no lo dice, como sí había hecho en la primera ocasión, lo que podría implicar que el ciudadano reciba una respuesta denegatoria sin que la Administración argumente en qué norma se basa para hacerlo. Además, la respuesta no aclara por qué preguntar por un período de diez años era algo “muy amplio” pero ahora sí responde por un período de siete años, justo cuando el PP recuperó la Xunta, abriendo la puerta a que se dude sobre la existencia de tarjetas en esa misma consellería cuando estaba regida por políticos de otro partido.
Respuesta al Valedor do Pobo
Ante esta situación, el 1 de julio se formuló, con los citados argumentos, un recurso contra la respuesta de la Xunta ante el Valedor do Pobo, la institución que en Galicia asume la función de Comisionado de Transparencia ante el que reclamar en segunda instancia cuando la ciudadanía entiende que el Gobierno no facilita la información de manera adecuada. La ley indica que esa Comisión de Transparencia tiene un “plazo máximo para resolver y notificar” su resolución de tres meses, “transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada”. Sin embargo, no fue hasta el 7 de noviembre, casi 40 días por encima de ese plazo, cuando el Valedor remitió su respuesta desestimando la reclamación. La Comisión de Transparencia del Valedor responde únicamente a la reclamación formulada contra la segunda respuesta de Facenda, por entender que la primera se formuló fuera de plazo y avala que “la consellería dio respuesta a la solicitud de información presentada, y que se refiere a los datos ya disponibles en la Consellería de Facenda [sobre tarjetas bancarias], sin tener que hacer una reelaboración de los mismos”.
Sin embargo, la resolución del Valedor recoge en su exposición de antecedentes un dato nuevo que Facenda no incluyó en ninguna de sus dos respuestas previas. Según le dice al Valedor, la consellería denegó la respuesta a la primera de las peticiones de transparencia formuladas amparándose en la excepción que contempla la ley cuando es necesaria una reelaboración de los datos “al no disponer la Consellería de Facenda de la información solicitada”. Esto es, a la pregunta original de “quién, en la Xunta o entes paralelos, dispone o dispuso, desde agosto de 2005, de tarjeta bancaria institucional y qué gastos se hicieron con ellas”, Facenda le denegó al ciudadano peticionario la respuesta argumentando que tendría que reelaborar la información, pero le contesta al Valedor que “no dispone” de ella.
El resultado final de la sucesión de respuestas obtenidas a través del procedimiento de transparencia es que Facenda no tiene tarjetas bancarias institucionales pero “no dispone de información” sobre si las hay en otros departamentos de la Xunta. Sin embargo, dos fuentes no oficiales indicaron a este diario que no las hay desde hace décadas. Según sus explicaciones, los problemas de justificación de gastos que se producían cuando las había llevó al Gobierno gallego a suprimirlas ya en tiempos de Manuel Fraga. El procedimiento actual, cuando un alto cargo de la Xunta o cualquier funcionario tiene que realizar un gasto o un viaje, consistiría en entregarle un anticipo de caja o en un reembolso posterior de los pagos que realizara con su propio dinero, previa justificación del gasto.
Ante esta situación, este diario pidió explicaciones a la Consellería de Facenda a través de la vía periodística consistente en preguntar a un portavoz oficial tanto por la cuestión de fondo sobre la existencia o no de las tarjetas bancarias como por la ambigüedad de sus respuestas previas en el procedimiento de transparencia. Después de varias semanas de espera, la contestación fue que la Xunta no facilitaría información “más allá de lo que ya se trasladó” a través de las peticiones de transparencia. Un procedimiento que implicó siete meses de trámites con dos peticiones oficiales y un recurso al Valedor para obtener una respuesta poco transparente.
