La Justicia entra en la fortaleza de los Franco para evitar un nuevo expolio

El inventario, por orden judicial, de “la totalidad de los bienes, tanto en el interior como en el exterior” del Pazo de Meirás se anuncia extenso y complejo. El dominio con el que se hicieron Francisco Franco y su familia durante la dictadura y que deberán restituir dentro de un mes al Estado suma más de nueve hectáreas. Y está repleto tanto en su interior como en sus jardines de innumerables piezas históricas y obras de arte de alto valor. La confección de ese listado comienza ese miércoles y se presume que puede llevar días.

Mientras, los herederos del dictador, encomendados a abrir esta mañana a las 10.30 horas las puertas de la fortaleza a una letrada judicial y técnicos de la Consellería de Cultura encargados del inventario, no pueden “trasladar o retirar” absolutamente nada de la propiedad hasta que la juez lo autorice. Esto es, hasta que se termine de catalogar todo lo que allí albergan los Franco. Agentes de la Guardia Civil vigilan desde el pasado domingo las entradas y salidas con el fin de garantizar que nada desaparezca del singular castillo cuya titularidad, por sentencia, recae en el Estado.

Al ordenar ese inventario, a demanda del Gobierno, la juez Marta Canales paralizó de cuajo la ingente mudanza que preparaba la familia para vaciar el Pazo. Los Franco siempre defendieron que el histórico fallo que declara el dominio propiedad del Estado y obliga a devolverlo sólo hacía referencia al castillo y sus jardines, nunca al contenido. Al tener eco de los camiones que pensaban fletar los Franco, la Abogacía del Estado se apresuró a pedir medidas cautelares para salvaguardar también los bienes del interior del inmueble.

El Pazo de Meirás es un monumento “histórico con protección integral” desde su declaración, en 2009, como Bien de Interés Cultural (BIC). Alberga parte del legado de unas de las grandes de las letras españolas Emilia Pardo Bazán. Concebido a finales del siglo XIX como su santuario literario, la propiedad, pagada con dinero público y aportaciones forzosas del pueblo, fue entregado a Franco en plena Guerra Civil, en 1938, para convertirse en escenario estival de casi cuatro décadas de dictadura y posteriormente otras tantas como emblema del patrimonio de su familia.

En el primer inventario que realizó la Xunta en 2008, cuando puso la propiedad bajo protección, no se llegó a catalogar la totalidad de los bienes. Aquella inspección se centró más en establecer el estado de conservación y mantenimiento del pazo que en hacer un listado exhaustivo de todo lo que alberga. Aunque los técnicos ya destacaban, así como el decreto posterior de la declaración BIC, su alto valor histórico y artístico, y la existencia de innumerables piezas valiosas.

Los siete nietos del dictador, si bien han recurrido ante la Audiencia provincial de A Coruña la sentencia que les despoja de la propiedad, aceptaron ante el juzgado su entrega “provisional” al Estado, fijada para el 10 de diciembre. No pueden recurrir el auto que ordena el inventario y les prohíbe retirar cualquier objeto, aunque sí manifestar por escrito su oposición.

Pero no se espera que esta vez impidan el acceso a la propiedad, como habían hecho hace 12 años cuando se presentaron técnicos de la Xunta para realizar la primera inspección. Al Gobierno gallego, le costó un año y varias acciones judiciales conseguir que los Franco les abriera las puertas de su fortaleza.