El Parlament balear tumba las enmiendas de Vox contra el catalán y el medio ambiente que el PP aprobó por error

Balears ya no retrocederá décadas atrás en materia de normalización lingüística y medio ambiente. El Parlament ha tumbado este martes las 34 enmiendas que Vox presentó a la Ley autonómica de simplificación administrativa y que el PP validó por error el pasado 26 de noviembre, sumiendo a conservadores y extrema derecha -ante la negativa de los de Santiago Abascal a repetir la polémica votación- en una profunda crisis que ha desembocado en la retirada de los Presupuestos de 2025 y con los populares echando por tierra, de la mano de la izquierda, una de las medidas más ambiciosas de Vox: la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática.

El debate no ha estado exento de duras acusaciones, como las que ha efectuado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha acusado al PP, junto al PSOE, de ser “el cáncer de España”. La diputada ha recriminado que el apoyo de la izquierda a la hora de suprimir las enmiendas aprobadas por equivocación es “la más pura evidencia” de que el PP “prefiere arrodillarse ante la izquierda y sus lobbies separatistas” y “someterse ante quienes quieren imponer una ideología excluyente”. “Lo más vergonzoso es que el PP traiciona sus propios compromisos de igualdad y no discriminación por tener contentos a sus nuevos socios izquierda”, ha espetado. 

De forma unánime, el resto de partidos han condenado las palabras de Cañadas y la bancada del PP ha aplaudido a varios de los diputados de izquierdas que han recriminado la actitud de la portavoz de Vox. La dirigente de extrema derecha ha proseguido su discurso mostrándose “harta de aguantar sus tonterías”, en alusión a los conservadores: “Han gobernado como si tuvieran mayoría absoluta, qué prepotencia”. “Desde ahora mismo auguro lo peor en este Parlament durante 2025”, ha advertido, escenificando el malestar de la extrema derecha con las decisiones adoptadas por el PP en las últimas semanas.

Con 55 votos a favor de PP, PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de Més, cinco en contra de Vox y dos abstenciones de Unides Podem y un díscolo de Vox, los populares han sacado adelante el decreto impulsado de urgencia para impedir que las medidas que la extrema derecha pretendía 'colar' en la normativa de simplificación administrativa puedan entrar en vigor. Entre ellas, la supresión del catalán en la función pública y como lengua vehicular en la educación o la autorización para construir en áreas de máxima protección, además de la posibilidad de edificar en zonas de servidumbre de Costas, legalizar campos de polo en zonas especialmente vulnerables y retroceder en ámbitos de igualdad e identidad de género en la educación.

Tras negarse los de Abascal a repetir la votación en la misma sesión plenaria en que el PP validó sus enmiendas por equivocación, el vicepresidente económico del Ejecutivo, Antoni Costa, anunció de inmediato la aprobación del decreto este martes aprobado. La intención de tumbar estas incorporaciones no gustó a Vox, que decidió echar por tierra en primera votación las cuentas de 2025 y vació de contenido tanto el articulado como las secciones que componen el texto de los Presupuestos. A partir de ese momento, la extrema derecha endureció sus condiciones a cambio de dar su respaldo definitivo a los presupuestos, exigiendo, entre otras cuestiones, desmantelar la lengua catalana de la enseñanza aprovechando que esta medida ya se había aprobado vía enmienda.

La debilidad del Ejecutivo de Prohens volvió a quedar evidenciada ante un Vox que nunca ha dejado de tensar las cuerdas para lograr sus objetivos. Hasta que la líder balear dijo 'basta' a las “exigencias inasumibles y chantajes inaceptables” planteados desde Bambú. Fulminar el catalán es una línea roja que la máxima dirigente popular no estaba dispuesta a traspasar, viéndose obligada con ello a prorrogar las cuentas de 2024 hasta que “se den las condiciones” para aprobar las del próximo año -los 26 escaños que suman el PP y un diputado de la derecha local de Formentera no le dan la mayoría suficiente- y se alcance un nuevo acuerdo que permita sacar el proyecto adelante.

Este martes se ha escenificado el pacto alcanzado días atrás por el PP y los grupos de izquierdas para evitar que las medidas de Vox se materialicen. A cambio, los populares se comprometieron a abstenerse cuando esta tarde se vote la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, entre otras medidas, impusieron los de Abascal al inicio de legislatura a cambio de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recuerda a las víctimas del franquismo seguirá, por tanto, vigente en Balears.

Durante su intervención ante el hemicilo, la diputada popular Marga Durán se ha atribuido la votación errónea de las enmiendas de Vox y ha pedido disculpas a sus compañeros: “Me duele especialmente por el vicepresidente Antoni Costa, que después de casi un año de trabajo se vio afectado por el error y porque está siendo, sin tener culpa, diana de las críticas. Pero especialmente me duele el daño causado a la presidenta Prohens, que es la primera perjudicada y víctima de los ataques sin ningún tipo de lealtad ni ética para obtener un beneficio político”, ha añadido en referencia a la actitud de Vox.

Durán ha recriminado con dureza la negativa de los de Abascal a repetir la votación en el mismo instante en el que la popular anunció que se había equivocado -apenas unos segundos después de la validación-, una repetición que, ha señalado, se encuentra contemplada en el reglamento de la Cámara. “Hasta el momento, por cortesía parlamentaria, siempre se había permitido repertir las votaciones efectuadas por confusión”. Para la portavoz adjunta popular, es “ofensivo y profundamente injusto” que Vox no lo permitiera, recordando que “se había trabajado durante meses para aprobar el máximo número de sus enmiendas y fruto de ello se aprobaron en comisión”.

“Sabían perfectamente que las 34 enmiendas no iban a aprobarse. No hicieron antes ninguna defensa pública de las mismas. No es ético ni honesto”, ha proseguido Durán, quien ha apelado a la necesidad de impedir que las medidas entren en vigor, como así se ha aprobado, puesto que “no reflejan la voluntad popular” y en aras a “garantizar la seguridad juridíca”. La dirigente popular ha criticado el “oportunismo y el menosprecio a los ciudadanos” por parte de Vox, así como el hecho de que los de Abascal hayan aprovechado un error “para abrir la puerta a la desconfianza y la polarización”.