Del Brexit duro al Brexit blando y el “no acuerdo” en el horizonte
El enclave es milenario. Los primeras piedras datan del año 1100, aunque sus muros actuales son del siglo XVI. En ese escenario renacentista, Chequers Court, la residencia de verano de los primeros ministros británicos, Theresa May encerró a su gabinete el 6 de julio.
Allí pugnaron las diferentes pulsiones tories: las del Brexit blando y las del Brexit duro. Como si fueran marxistas, intentaron una síntesis superadora, el llamado plan de Chequers, en honor al lugar en el que se elaboró. Pero como no son marxistas, el resultante fue más bien un apaño de May para buscar un equilibrio que no rompiera al partido ni al gobierno, pero que al final la deja como la única firme defensora de ese documento.
¿Y por qué es un documento de transacción? Porque juega a dos bandas: establece la libertad del flujo de mercancías, pero no la de personas de la UE; y pide aduanas entre Irlanda e Irlanda del Norte (Ulster), mientras que la UE interpreta que si no hay acuerdo, la frontera debe seguir abierta. “No permitiré que se parta mi país [con una frontera en el mar entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda]”, ha dicho May este viernes.
May llegó a Downing street después de que David Cameron dimitiera tras perder el referéndum. La propia May hizo campaña contra el Brexit, pero ahora es la encargada de gestionarlo con el recelo de buena parte de su partido, mayoritariamente a favor del Brexit duro.
Los británicos decidieron el 23 de junio de 2016 en referéndum salirse de la Unión Europea por un escaso margen: 51,9% contra 48,1%, con una participación del 71,8% –más de 30 millones de personas–. Para que el Reino Unido abandone la UE, tenía que invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que concede a las dos partes un periodo de dos años para la separación. May lo activó el 29 de marzo de 2017, por lo que el 29 de marzo de 2019 a las 23.00 hora británica el Reino Unido debería dejar de ser miembro de la Unión –salvo que los 28 decidieran una prórroga que de momento no está encima de la mesa–.
¿Cuáles son los asuntos principales en disputa en este divorcio? Cuánto debe el Reino Unido a la UE; qué pasa con la frontera de Irlanda del Norte (Ulster) con la República de Irlanda y qué ocurre con los ciudadanos británicos en la UE y los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido. Para ganar más tiempo, las dos partes han acordado un periodo de transición de 21 meses –hasta el 31 de diciembre de 2020– para encajar la relación postBrexit. En esos meses, la libertad de movimientos, como pedía la UE, seguirá vigente.
El plan que ha presentado May este miércoles y jueves en Salzburgo, y tachado de inaceptable por el presidente francés, Emmanuel Macron, plantea la creación de un área de libre comercio para bienes, que no de personas, tras el Brexit, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda para mercancías. Así, el Reino Unido mantendría una equivalencia regulatoria con la UE para bienes, aunque no para servicios.
Así, el Gobierno británico propone un sistema de aduanas que llama “dispositivo aduanero facilitado”, que evitaría los controles fronterizos en esa área común, de modo que el Reino Unido aplicaría las tarifas y políticas comerciales propias a los bienes destinados a su territorio y las comunitarias a los que se dirigieran a la UE.
Londres quiere mantener fuera de este acuerdo de libre comercio al sector de los servicios, pues piensa que es el que más puede expandirse mediante pactos comerciales con terceros países.
Paralelamente, el Reino Unido propone crear un “marco institucional conjunto” que asegure la “interpretación y aplicación consistente” de los acuerdos bilaterales británico-comunitarios, que tendría en cuenta, solo cuando fuera necesario, la jurisprudencia del Tribunal europeo de Justicia e incluiría mecanismos de resolución de disputas.
¿Qué toca ahora? Seguir negociando, en la esperanza de alcanzar una declaración política que marque los márgenes dentro de los que habrá que redactar la letra pequeña. No obstante, May ha reconocido en televisión este viernes que las negociaciones atraviesan un “impasse”; ha pedido “respeto” hacia el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea: “No es aceptable simplemente rechazar las propuestas de la otra parte sin una explicación detallada o propuestas nuevas”.
El acuerdo por escrito debía estar para octubre, y en Salzburgo los líderes europeos se juramentaron para que así fuera, aunque la puerta a una cumbre para eso a mediados de noviembre fue abierta por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
En todo caso, en noviembre hay que llegar a un acuerdo que ratifiquen los países. O hay acuerdo o no hay acuerdo, aseguran las fuentes, que alertan de que se entraría en una zona de riesgo parlamentaria si no hay acuerdo para noviembre. Después de la ratificación del acuerdo de retirada a principios de año, previsiblemente, habrá una reflexión previa a la negociación del mandato.
¿Y si no hay acuerdo? Sin acuerdo de comercio, el Reino Unido seguiría operando con la UE bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo que implicaría aduanas, controles y aranceles en bienes, así como largas colas para los viajeros. Y también hay dudas sobre qué pasaría con la posición del Reino Unido como centro financiero mundial y la frontera terrestre entre el Ulster y la República de Irlanda.
También hay preocupación con los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y viceversa, que perderían derechos de residencia y acceso a urgencias médicas, por ejemplo.
Quedan escasas semanas para evitar este escenario de no acuerdo que no quieren los negociadores. Pero, de momento, se ha pasado del Brexit duro al Brexit blando. Y el plan de Chequers, un compromiso entre duros y blandos alumbrado en un enclave milenario, ha ido a la papelera de reciclaje.
