El empujón de un agente a un menor desde un puente reaviva las críticas por la brutalidad policial en Chile

Chile ha revivido en los últimos días los peores episodios de la represión de las movilizaciones que comenzaron hace un año. Las imágenes de un joven herido, tendido boca abajo, sin moverse, en el canal de un río poco profundo de Santiago, y un vídeo, difundido minutos después, que muestra a un policía empujándolo desde un puente, han encendido todas las alarmas.

El caso ha vuelto a poner en el punto de mira a Carabineros, el cuerpo policial militarizado del país, y preocupa a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, representantes políticos, así como al propio Gobierno. Los ciudadanos han respondido retomando las protestas, después de meses de confinamiento por la pandemia y aunque las medidas sanitarias prohíben la reunión de más de 50 personas.

El adolescente, de 16 años, era uno de los manifestantes que la tarde del viernes 2 de octubre protestaba en el centro de la capital. En un operativo de los policías sobre el puente del río Mapocho, que atraviesa la ciudad, uno de los uniformados “se abalanzó” contra el joven, “tomándolo con sus brazos e impulsando de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río, desde una altura de 7,4 metros”, en palabras de la Fiscalía. Fue ese preciso instante el que lograron capturar las cámaras de un periodista y que se viralizó rápidamente. Pese a los gritos de auxilio de varios de los asistentes, ningún agente descendió al lecho del río para asistir al joven. Simplemente, se retiraron del lugar, de acuerdo con el Ministerio Público.

El chico, que finalmente fue rescatado por otros manifestantes y brigadistas de salud voluntarios, se encuentra ingresado pero estable y, según ha informado Carabineros, en calidad de detenido. El agente implicado en los hechos, de 22 años, fue detenido y permanece en prisión preventiva desde el domingo.

La Fiscalía le imputa un delito de homicidio frustrado, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, ambos órganos independientes, también se han querellado. El tribunal que decretó prisión provisional, por su parte, considera que existió “un acto de fuerza que propició la caída del menor”.

Investigación por encubrimiento en marcha

La respuesta de Carabineros ha sido confusa desde el primer momento. Cambiaron su versión oficial de los hechos hasta en tres ocasiones. En un primer momento, desmintieron que un funcionario arrojara al joven al río: “Ya basta de mentirle a las personas con cosas que Carabineros jamás ha cometido”, espetó el teniente coronel Rodrigo Soto.

En una segunda intervención, la misma noche de los hechos, Soto precisó: “Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies a esta persona o que haya sido botado [arrojado] al río por un chorro del carro lanza aguas, como lo inventaron testigos en redes sociales”. El sábado en la mañana, las declaraciones fueron matizadas por el general Enrique Monrás: “Uno de nuestros carabineros trataba de detener a un joven y este pierde el equilibrio en la baranda del puente Pío Nono y cae a la ribera del río Mapocho”. Añadió que si los agentes no prestaron auxilio fue porque estaban siendo atacados por la multitud.

Este lunes, el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ministro del Interior, Víctor Pérez, ambos señalados por la oposición como últimos responsables de los acontecimientos, asistieron a una comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Sin autocrítica, insistieron en que tanto Carabineros como el Gobierno han actuado en forma transparente. En cuanto a las críticas por no acudir a socorrer al manifestante, Rozas esgrimió: “Nos habría encantado bajar, pero a lo mejor se habría expuesto [a los carabineros] a una situación bastante más complicada de agresión y también este joven pudo haber sido víctima de esas agresiones”. Y mencionó que sí se comunicaron con bomberos y ambulancias para que el menor recibiera asistencia.

Para la fiscal del caso, Ximena Chong, pero, el episodio del empujón no es la única causa de investigación. Ha ampliado la investigación a otros policías por un supuesto encubrimiento. En su opinión, varios agentes quisieron ocultar los hechos y hacerlo pasar por una detención que nunca ocurrió. “La conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente a procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean al acto homicida”, sostuvo Chong.

Siempre vinculada a delitos de alta complejidad, la fiscal ha estado a cargo de otros casos de vulneraciones de los derechos humanos en el estallido social que se han convertido en emblemáticos, como el del estudiante Gustavo Gatica, que quedó ciego por el impacto de las bombas lacrimógenas lanzadas por Carabineros. 

Presión internacional

Los acontecimientos de los últimos días profundizan una crisis que Carabineros arrastra desde las movilizaciones del año pasado contra el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que ya se había evidenciado antes con escándalos de corrupción y acusaciones de montajes en operaciones de inteligencia.

Como general director de Carabineros, la gestión de Rozas fue cuestionada en varias ocasiones durante el estallido y, a raíz de los últimos acontecimientos, han vuelto a señalarlo. “Constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir”, respondió el uniformado ante las presiones de la oposición por su salida. “Me debo a mis carabineros, y mi deber es continuar hasta que el presidente de lo estime conveniente”.

Para La Moneda este episodio se produce en un momento especialmente delicado. A 12 días del 18 de octubre, cuando se conmemora el primer año del estallido social, una cita para la que ya se han convocado varias manifestaciones; y a las puertas del referéndum en el que Chile decidirá si mantiene o no la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Pinochet.

No ayudan a superar el momento las acusaciones de la oposición sobre el ministro del Interior, el tercero que ha tenido el Gobierno en menos de un año, las distintas versiones del cuerpo policial y las acusaciones de encubrimiento. De hecho, la prensa chilena apunta a que Piñera está evaluando la continuidad de Rozas en el cargo.

La rama sudamericana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado investigar “la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación”. El organismo internacional repara en que este no es un caso excepcional, “sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales”.

La propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la ONG Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional alertaron de violaciones de derechos humanos por parte de la policía durante las protestas de 2019. Todos ellos advirtieron de la necesidad de una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad que, después de un año, aún no ha llegado.