“En Nicaragua la gente entierra a sus muertos sin poder denunciar porque no hay donde ir”

Pasado el mediodía del 10 de marzo, el salón de actos de la Junta Municipal del Retiro de Madrid resuena con cánticos y palmadas que acompañan a una guitarra, de la que brotan los acordes del himno Nicaragua mía. “La raza nicaragüense sabe de luchas y honor” cantan los presentes en el acto celebrado para aprovechar la visita al país de tres activistas exiliadas: Mónica López, Francisca “Chica” Ramírez y María Teresa Blandón. Lucha que precisamente vinieron a ilustrar a la comunidad europea estas tres mujeres, para que los organismos internacionales no desvíen la atención de la crisis humanitaria y sociopolítica que atraviesa el país centroamericano.

Un reclamo que parece haber encontrado un altavoz potente: precisamente este jueves, el Parlamento Europeo pidió sanciones “hasta que cese la represión” contra el Gobierno de Daniel Ortega, al que considera responsable de reiteradas violaciones de derechos humanos. Entre ellas, mencionó la prohibición de expedición de visados y la inmovilización de activos contra los funcionarios “responsables de violaciones de los derechos humanos”. Es una penalización que ya oficializó Estados Unidos.

Pese a que la Eurocámara ya se había pronunciado en mayo de 2018 para condenar la “brutal represión” que se había establecido en las calles de Managua desde el 18 de abril, el anuncio de sanciones contra Ortega no llegaba y numerosas personalidades activistas del país se movilizaron en el extranjero para reclamarlas. “La gente está enterrando a sus muertos sin poder denunciar porque no hay donde ir”: Chica, del movimiento campesino, y López, defensora ambientalista, se entrevistaron con eldiario.es a su paso por España. Ellas se encuentran exiliadas en Costa Rica desde septiembre y ambas se han visto obligadas a abandonar el activismo que realizaban en la Articulación del Movimiento Campesino. “Eran campesinos, no delincuentes”, clamaba al unísono el público en la Junta Municipal, en referencia a la violencia que experimentaron por parte de las fuerzas militares cuando se inició la expropiación de las tierras en 2013.

Al igual que de sus oficios, López y Chica se han retirado de la mesa de negociaciones con el Gobierno de Daniel Ortega para que cesen los enfrentamientos entre sus fuerzas y la sociedad civil. La razón para hacerlo es evitar que la comunidad internacional se lleve la “falsa apariencia” de que las conversaciones están avanzando y de que ya no existe represión en las calles de Managua. “No queremos que se normalice la situación que se está viviendo, porque no se puede resolver pronto”, dice López.

La resolución de la Eurocámara sigue las líneas de las demandas de la Alianza Cívica, el principal negociador de la oposición: liberar a los “presos políticos”, terminar con el “acoso, la intimidación y el espionaje” a opositores y que retornen las organizaciones internacionales al país centroamericano, como las no gubernamentales. No obstante, la decisión sobre si finalmente aplicar las sanciones recae sobre los ministros exteriores de la UE. El Parlamento Europeo simplemente traslada su argumentación a la institución, para que esta decida si seguir los pasos.

Ortega tira la piedra y esconde la mano

Los movimientos sociales del país dicen estar decepcionados con que la Alianza Cívica decidiese retomar las conversaciones solo tres días después de suspenderlas el pasado 11 de marzo. El grupo dijo que estaría dispuesto a volver a las conversaciones una vez que el Gobierno brindase “muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”.

El presidente nicaragüense emitió la orden el pasado mes de liberar a un centenar de apresados y así apaciguar a la Alianza Cívica y las articulaciones sociales dialogantes, como la Conferencia Episcopal. No obstante, según denuncian López y Chica, pasan de estar en prisión al arresto domiciliario sin aportar claros fundamentos de las razones de la detención.

“Ortega manda un mensaje a la comunidad internacional de que ya está cediendo y que se está abriendo, pero, en realidad, en la práctica, es como si no hubiera liberado a ningún preso”, añade. Tras las protestas desatadas el pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo hablaba de 400 personas del movimiento pacífico estudiantil detenidas. López hace referencia a 777 personas apresadas a día de hoy por el régimen de Ortega. “La negociación no puede arrancar si no se garantizan los derechos humanos básicos y Ortega no ha hecho ninguna concesión”, afirma.

Según el texto que emitió la Eurocámara este jueves, estas acciones obedecen “a una estrategia planificada para destruir la oposición política” que lideró las protestas del año pasado.

“No hay libertad de movilización: una sola persona con la bandera azul y blanca es rodeada por la policía y probablemente llevada a prisión, acusada por delitos que no ha cometido”, asegura López. Cantar el himno en las cárceles o concentrarse en consonancia con alguna reivindicación internacional, como el pasado 8 de marzo, conlleva el mismo desenlace, según las activistas. Su intención es trasladar estos hechos a otros países de la UE, entre ellos Francia, Bélgica y Reino Unido y EEUU. Chica acaba de llegar de Praga, donde recibió un premio de parte de la organización People in Need por su lucha a favor de los derechos humanos.

A la sombra de otras emergencias

Entre los miedos principales del movimiento social nicaragüense se encuentra el hecho de que comparten región con Venezuela. “Los intereses que hay ahí son mayores y el país es más grande”, lamenta Chica. A su lado, lo que ocurre en Nicaragua “puede parecer un problema menor, aunque realmente la intensidad de las violaciones de derechos humanos escaló muchísimo más rápido en Nicaragua que el conflicto de la última década en Venezuela”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en diciembre un informe sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar desde el comienzo de la movilización estudiantil hasta el 30 de mayo. Lo trasladaron a Washington para denunciar los asesinatos, la persecución y los encarcelamientos arbitrarios que se estaban llevando a cabo y que debían “ser investigados”. Por ejemplo, aludía a que no se identificaban las escenas del crimen ni se practicaban autopsias.

“Logramos mucha atención internacional en las peores circunstancias, cuando Ortega masacraba abiertamente en las calles. Ya no lo hace porque el terrorismo que ha desatado tiene a la ciudadanía escondida y recluida en las casas. Queremos que la comunidad internacional no caiga en la trampa de creer que la gente no está protestando; la gente está en una rebelión constante, pero cada vez les da más miedo denunciar”, explica López.

La organización Human's Right Watch cifra en alrededor de 300 bajas ocurridas solo en 2018 y en torno a 2.000 personas heridas, a lo que hay que sumar las que continúan detenidas. “Buscamos alternativas en Costa Rica para reencontrarnos y retornar hacia Nicaragua pero en los momentos que estamos viviendo no tenemos un empleo ni una casa a la que volver, por lo que no aseguramos una vida digna”, comenta Chica. Según la CIDH, alrededor de 50.000 nicaragüenses ingresaron en ese país durante 2018, y más de 40.000 solicitaron protección en condición de refugiados.

Condiciones infrahumanas para los reclusos

Celdas de dos por tres metros, sin acceso al exterior y muchas veces sin iluminación. Sin posibilidad de contactar con familiares ni abogados. Sin asistencia médica. López y Chica denuncian que las condiciones de las que tienen constancia que mantienen a las personas apresadas son inhumanas. “Como sectores que nos oponemos a Ortega, también tenemos el cuidado de no arriesgar más la vida de la gente”, dice López, para que no se expongan al riesgo de terminar en un escenario similar.

Pese a que en cualquier momento se pueden producir detenciones, las jornadas con algún tipo de reivindicación de carácter nacional son un blanco perfecto el Gobierno. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, las mujeres no pudieron salir a manifestarse porque fueron duramente reprimidas. El 30 de mayo del pasado año, el celebrado Día de las Madres, la policía “disparó abiertamente contra las masas” que protagonizaban la marcha. En ella estaban presentes ciudadanos nicaragüenses, miembros de la CIDH y periodistas internacionales, pero aun así se produjeron fuertes disturbios que terminaron con 20 personas fallecidas. “Ortega ya nos ha demostrado de lo que es capaz”, sentencia López.

“Lo que antes era selectivo y dirigido al liderazgo de base, ahora es totalmente una carnada contra la gente que simplemente se movilizaba en las calles”. Una denuncia, no obstante, que solo consiguen mantener en el extranjero, pues el peligro a ser silenciadas definitivamente ha terminado amordazando a todo un país.