Un nuevo motín deja al menos 44 muertos en una cárcel de Ecuador

Ecuador vive una tragedia carcelaria sin precedentes. Al menos 44 personas privadas de su libertad murieron este lunes en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, a unos 150 kilómetros de Quito. El número de víctimas se ubica por encima del anterior choque de abril en el que murieron 20 detenidos.

Detrás de la masacre están dos bandas rivales habituales: las organizaciones criminales llamadas “Los Lobos” y “R7”, según declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

El primer reporte informó que esta matanza, que comenzó a la 1:30 hora local, se dio principalmente con armas blancas. Sin embargo, en el pabellón de máxima seguridad donde sucedieron los hechos se encontraron cuatro fusiles, tres pistolas, un revolver y cuatro granadas, según comunicó el Servicio Nacional de Atención Integral, el organismo estatal encargado de las prisiones. En medio de la masacre se fugaron al menos 220 presos. Hasta el momento, las autoridades solo han recapturado a 112 de ellos.

Problema de fondo

Si en 2020, con la muerte de 46 personas dentro de centros penitenciarios, la situación era dramática; en 2021, con 316 detenidos muertos, la situación se agravó aún más. Este 2022 lleva contabilizadas 64 víctimas mortales.

Previo a estas dos últimas matanzas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se apresuró a celebrar que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90% en los tres primeros meses del año. Pero las cifras saltaron por los aires en las dos últimas semanas.

El suceso se produjo mientras el presidente se encontraba de visita oficial en Israel, donde uno de sus objetivos es conseguir cooperación en materia de seguridad para hacer frente a la violencia de las organizaciones criminales.

“No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme”, escribió Lasso desde Israel para anunciar el traslado inmediato de seis presos señalados por las autoridades como los presuntos cabecillas y responsables de la matanza.

Hasta finales de 2021 había más de 36.000 reclusos, casi el 40% sin sentencia, en 36 centros. El hacinamiento llegaba al 62% en cárceles como la de Guayaquil. Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno planea conceder unos 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.

Reforma penitenciaria

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha dicho este martes que la última masacre muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y del penitenciario para resolver esta prolongada crisis.

“Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes”, ha señalado.

El Gobierno ecuatoriano lanzó el pasado febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, desarrollada con apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

“El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”, dijo Bachelet.