¿Cómo ha funcionado en Francia la prohibición de los vuelos cortos cuando hay alternativa en tren?

“Compromiso cumplido”, se felicitó Emmanuel Macron el pasado mayo, tras anunciar la entrada en vigor de la supresión de aquellos vuelos nacionales en los que exista una alternativa en tren en menos de dos horas y media. El presidente francés señaló entonces que el Gobierno estaba aplicando una propuesta sacada “de los trabajos de la Convención Ciudadana del Clima (CCC)”, un grupo de 150 ciudadanos elegidos por sorteo para debatir y proponer soluciones para la reducción de la huella de carbono del país.

Sin embargo, la medida final que se aprobó la pasada primavera había rebajado sensiblemente la ambición marcada por la CCC, pese a que Macron se había comprometido a aplicar “sin filtro” las propuestas. En las conclusiones de sus trabajos, publicadas en 2020, la Convención reclamaba la supresión de todos los vuelos interiores para los que hubiera una alternativa en tren de menos de cuatro horas.

En teoría, la Ley de Clima y Resiliencia aprobada en el Parlamento, con su límite de dos horas y media, debía afectar a ocho rutas aéreas con un total 12.000 vuelos anuales. Pero la medida volvió a reducir su ambición en la redacción final del decreto de aplicación, tras la revisión de la Comisión Europea, que estableció una serie de excepciones.

Quedaron excluidas de la ley las rutas en las que el itinerario alternativo requiriese un cambio de tren, así como las que no permitiesen a los pasajeros permanecer al menos ocho horas en la ciudad de destino antes de coger un último tren de vuelta y aquellas cuya oferta ferroviaria se considerase insuficiente. Eso permitió mantener las rutas entre el aeropuerto de París Charles de Gaulle y Rennes, París Charles de Gaulle y Lyon y la ruta Lyon-Marsella.

“La reducción fue el resultado del incesante trabajo de lobby del sector aéreo francés, combinado con la timidez del Gobierno, más preocupado por lo simbólico, el efecto publicitario, que por una medida verdaderamente ambiciosa”, apuntó en diciembre Thomas Gelin, portavoz de movilidad de Greenpeace, en declaraciones a elDiario.es.

De hecho, en la práctica sólo tres rutas se han visto afectadas: las que unían Burdeos, Nantes y Lyon con el aeropuerto de París-Orly. De los 200.000 trayectos interiores anuales en Francia (excluyendo Córcega y los territorios de ultramar), la medida en vigor prohíbe 5.000, mientras que la propuesta inicial de la Convención Ciudadana habría suprimido unos 35.000, según datos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). De acuerdo con cálculos de Le Monde, la versión final sólo va a afectar a 500.000 de los 16 millones de pasajeros que vuelan en trayectos interiores en Francia.

“Se anunció la prohibición de los vuelos interiores cuando se pueda viajar directamente en tren en dos horas y media y sólo se han prohibido el 2,5% de los vuelos nacionales”, denunciaba hace unas semanas la secretaria nacional de Europe Écologie-Les Verts (EELV), Marine Tondelier: “Se han creado excepciones por todos lados”.

Efectos limitados en la reducción de emisiones

La aplicación final limita el impacto de la medida en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): según las primeras estimaciones, la supresión de vuelos contribuirá a eliminar un 0,24% de las emisiones del transporte aéreo, lo que supone el 0,01% de las emisiones totales de Francia y sólo se reducirán en un 2,6% las emisiones anuales de los vuelos nacionales.

Además, expertos en movilidad y asociaciones apuntan a que estos cálculos sólo tienen en cuenta impactos directos del tráfico aéreo y excluyen otros como las estelas de condensación, que también pueden influir negativamente en el calentamiento global. En términos generales, el sector del transporte representa el 31% de las emisiones de Francia, cifra que sigue aumentando cada año.

A modo de comparación, Greenpeace proponía ampliar la supresión de todos los vuelos para los que exista una alternativa en tren sin transbordo en menos de seis horas. Las estimaciones de la ONG apuntaban que, en ese caso, la reducción sería del 83,5% respecto al total de emisiones de los vuelos nacionales. La ONG Réseau Action Climat (RAC), por su parte, estimaba que la ampliación del cierre de rutas a menos de cuatro horas en tren reduciría las emisiones de CO2 de los vuelos metropolitanos en un 33,2%, un impacto tres veces superior al que proyectan para la actual medida.

El decreto actualmente en vigor es aplicable durante un periodo de tres años. En 2025, la dirección general de la Aviación Civil realizará una evaluación, que debe cifrar su efectividad y definir los parámetros en función de los cuales se decidirá su mantenimiento, anulación o ampliación.