Sombras de abusos policiales en Venezuela

Los enconados enemigos de Venezuela mantienen visiones diametralmente opuestas del origen de la violencia que sacude al país caribeño desde hace un mes. Los frenéticos esfuerzos del Gobierno para neutralizar la sangría provocada por bandas armadas y paramilitares de uno y otro signo no sólo han resultado estériles sino que la imagen institucional del chavismo, desfigurada hasta el absurdo por una prensa internacional volcada en favor de la oposición, quedará marcada por algunas actuaciones que superan el límite de la sospecha.

Es el caso del asesinato del estudiante de 24 años Bassil Dacosta en Caracas poco después de iniciarse los disturbios del 12 de febrero. Aquel día también fallecieron otras dos personas más, uno de ellos, Juan Montoya, miembro del grupo Carapaica y coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela. Horas después, el presidente Nicolás Maduro denunció que los tres asesinatos habían sido cometidos por “pequeños grupos fascistas” que pretendían derrocarlo y añadió que a “Montoya y Dacosta los mataron con el mismo arma”.

Sin embargo, el periódico Ultimas Noticias, que resulta ser el menos crítico con el chavismo entre los grandes medios de comunicación de Venezuela, reveló pruebas demoledoras sobre la muerte de Bassil Dacosta. En un vídeo difundido cuatro días después del suceso aparecían con nitidez varios miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) disparando indiscriminadamente contra un grupo de atemorizados manifestantes. Una de aquellas balas acabó con la vida del joven universitario.

Los miembros del Sebin involucrados en el tiroteo fueron detenidos el 22 de febrero junto a dos individuos “vinculados al chavismo”, según informó el propio Maduro en televisión, pero el discurso victimista oficial quedó dañado. “Aquí nadie debe disparar contra nadie. Si el chavismo hubiera sido llamado a las calles, a esta hora ya no tendríamos país, porque el chavismo viene de las calles y no le tiene miedo al combate”, concluyó el presidente.

Pero el problema es que este enconado conflicto está sembrado con toneladas de dudas y recelos. Ni siquiera hay coincidencia en el número de víctimas y detenidos. Según los datos facilitados el jueves en Ginebra por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, hay 28 muertos, 365 heridos y 1.322 detenidos, de los cuales 92 siguen en prisión, 1.003 han sido liberados con medidas cautelares y 35 se encuentran ya en libertad sin cargos.

Para la oposición, el número de arrestados sigue en aumento tras el decreto presidencial de ordenar allanamientos masivos de viviendas y detenciones en Valencia, una de las ciudades más violentas del país donde supuestamente se han apostado francotiradores.

Aviso de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional otorga verosimilitud a las informaciones del Gobierno pero advierte del peligro de algunos de los mensajes oficiales vertidos en los últimos días: “En el actual contexto de creciente violencia y polarización que existe en el país, realizar peticiones como la que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sugiriendo a todos los grupos progubernamentales que intervengan para poner fin a las protestas puede ser interpretada como un llamamiento a salir a las calles a aplastar a los manifestantes de oposición que podrían generar nuevas y graves violaciones de derechos humanos”, señala la organización en su último comunicado.

La gran preocupación, además de frenar la ola de violencia sectaria que se ha extendido por varias ciudades del país, se encuentra en la actitud abusiva de ciertos sectores policiales. La propia fiscal general reconoció ante la comisión de DDHH de la ONU que se han abierto 41 investigaciones por violación de derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales durante los disturbios y que 15 agentes se encuentran detenidos. Amnistía Internacional va más lejos y afirma tener un número mayor de informes sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a presos opositores.

Ni siquiera convence a la oposición el alentador gesto de la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, de continuar intercambiando información con organizaciones civiles como el Foro Penal Venezolano, acusado de inflar datos de torturados para manchar la imagen del Gobierno. “Acabamos de sentarnos en esta mesa con el Foro Penal, que ha consignado una serie de casos pero, en su mayoría, ya estaban bajo investigación por el sistema jurídico venezolano”, señaló Ramírez.

Uno de los casos más escabrosos que estuvo sobre esa mesa fue el del joven hispano-venezolano Juan Manuel Carrasco quien ha denunciado las escalofriantes torturas sufridas a manos de policías sin escrúpulos, entre ellas la violación con el cañón de un fusil, durante las casi 50 horas que duró su arresto.

Los policías más temidos

El grupo policial más temido es, sin duda, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un equipo híbrido entre lo militar y lo policial pero con capacidad para asumir labores de seguridad ciudadana que ejecuta con brutalidad contrastada. Así lo atestigua su vinculación directa o indirecta en tres casos que traumatizaron a Venezuela, en general, y al chavismo en particular: el caso de los niños Faddoul, cuando delincuentes vinculados con policías corruptos secuestraron y asesinaron en 2006 a los tres hijos de un comerciante de origen libanés; el caso Kennedy, donde un supuesto enfrentamiento con delincuentes en 2005 dejó un saldo de varios estudiantes muertos; y, finalmente, el caso Sindoni, un empresario italo-venezolano secuestrado y asesinado en 2006 .

Con el fin de frenar la relación de sectores policiales con el hampa venezolana y potenciar el respeto a unos derechos humanos desconocidos por la policía, Hugo Chávez creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en 2007. El objetivo que se fijó era dar prioridad a la atención a las víctimas de los abusos policiales y a sus familiares, y capacitar a la policía en esos valores universales.

Alejandra M. Hackett fue profesora en esta institución y aun recuerda el panorama que se encontró al iniciar su trabajo: “Fui testigo de toda clase de abusos y excesos, y llegué a recibir amenazas directas porque mataron al hermano de una de las estudiantes que integraba el Observatorio de Derechos Humanos que yo coordinaba. Fue complicado, especialmente cuando escuchaba a los policías hablar con total impunidad de las violaciones. Más de una vez necesité salir del salón de clases a llorar mi arrechera en el baño. Pero también es verdad que en un numero importante de ellos no sabían que lo que hacían era vulnerar los derechos humanos y, lo que es más grave, no sabían qué era con claridad un derecho humano”.

Para Hackett, el respeto a estos valores no es un asunto de entrenamiento sino de convicción. La Policía Nacional Bolivariana decidió unirse a este proyecto académico pero la GNB se mantuvo al margen. Simplemente, no quisieron.

Hackett, que hoy día trabaja como productora audiovisual, no tiene dudas de que siguen cometiéndose graves excesos por parte de las fuerzas de seguridad, como se ha comprobado durante este último mes, pero “deben de saber que quienes hayan delinquido serán castigados con todo el peso de la ley porque si en alguna vaina invirtió bien la UNES fue en decirles a los agentes que policía que viole los derechos humanos, ta fregao”, dice.

El camino que queda por recorrer en Venezuela pasa por un campo minado, pleno de potenciales crisis políticas, guarimbas de motorizados armados -Amnistía Internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de cientos de miles de armas diseminadas ilegalmente por el país- y vulneraciones a los derechos humanos en las prisiones. Pero una vez sopesados todos estos factores, la respuesta de Hackett es sí, “puede y debe cambiar completamente el modelo policial en Venezuela”.

Cauta, advierte, sin embargo, que no conviene olvidar que esto, a fin de cuentas, es un largo proceso.