Pasan los años, pero la respuesta ante los vertidos de petróleo sigue siendo la equivocada
Hace 30 años, un 24 de marzo de 1989, los residentes de Prince William Sound, en Alaska, se despertaron con noticias espantosas: el petrolero Exxon Valdez se había encallado, vertiendo su carga de 41 millones de litros de crudo. Se desató el caos. Los pescadores comenzaron a recoger desesperadamente el crudo en cubos de 20 litros. Mientras tanto, Exxon respondió quemando el petróleo que flotaba y vertiendo productos químicos tóxicos llamados “dispersantes”. Estos dispersantes separan al crudo en pequeñas gotas y se creía q ue esto ayudaba a la dispersión natural y a la degradación del petróleo, “limpiando” así el derrame. Pero, en realidad, los dispersantes formaban partículas aceitosas potenciadas químicamente que resultaron más tóxicas para los humanos y el medioambiente que el crudo en sí.
Veintiún años después, el 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon explotó cerca de la costa de Louisiana, vertiendo 780 millones de litros de crudo en el Golfo de México. La respuesta ante el desastre resultó familiar: otra vez, quema de crudo y vertido de dispersantes. Se utilizaron 7,5 millones de litros de este producto para “limpiar” el desastre. En realidad, esos químicos hicieron que una cantidad sin precedentes de crudo se depositara en el fondo oceánico, causando un grave impacto en la vida marina que habita desde el fondo hasta las aguas superiores del océano. Provocó la muerte masiva de delfines y peces, así como deformidades y enfermedades pulmonares, cardíacas y del sistema nervioso central en las personas que trabajaron en la limpieza y los vecinos de la región.
Es por esto que nuestra coalición de organizaciones de justicia medioambiental, grupos activistas y residentes de Alaska y Louisiana directamente afectados por los dispersantes notificaron esta semana a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que la denunciaríamos para obligarla a actualizar las normativas que regulan el uso de productos químicos que se sabe que son dañinos para el medioambiente y todo lo que él contiene. Estamos preocupados porque la EPA está poniendo en peligro a los 133 millones de estadounidenses que viven cerca de las costas oceánicas y que constituyen el 39% de la población de ese país, así como a todos los que viven cerca de lagos, ríos y a lo largo del recorrido de los oleoductos, que están en peligro de sufrir el próximo “gran derrame”.
La utilización de estos dispersantes es un método de respuesta tipificado en una serie de normativas nacionales llamada Plan Nacional de Contingencia, que establece la respuesta de emergencia ante la contaminación química y de petróleo en Estados Unidos. La Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) obliga a la EPA a revisar este plan de forma periódica y actualizarlo para incluir información y tecnologías nuevas. Al imponerle actualizaciones periódicas, el Congreso buscó asegurar que el plan reflejara un entendimiento actual de los métodos de respuesta y facilitara acciones para minimizar los daños ocasionados por los derrames de petróleo.
La actualización más reciente del Plan Nacional de Contingencia de la EPA se realizó en 1994. Decir que el plan no refleja los progresos en el conocimiento sobre la toxicidad de los dispersantes que se lograron después desastre del Deepwater Horizon sería, expresado con cautela, una grave subestimación. De hecho, la actualización de 1994 ni siquiera incorporó todo lo que se aprendió de los estudios a largo plazo sobre ecosistemas después del desastre del Exxon Valdez en 1989. En 2011, la Oficina del Inspector General de la EPA concluyó que el plan necesitaba una revisión urgente.
Hizo falta una petición pública realizada por el doctor Ott y miembros de la organización activista ahora conocida como Alert para que EPA modernizara el plan. En 2013, la EPA finalmente comenzó los procedimientos de actualización. En 2015, la agencia invitó a un público del que recibió más de 81.000 comentarios, la mayoría de los cuales pedían la reducción de productos químicos de origen oleoso como dispersantes y mejores estándares de eficacia y toxicidad.
Sin embargo, desde que se cerró el período de comentarios, en abril de 2015, la EPA no se ha manifestado sobre este asunto. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump, siguiendo el nuevo Programa Nacional de Arrendamiento de la Plataforma Continental Exterior de Petróleo y Gas, planea permitir la perforación para la extracción de gas y petróleo en el 90% de las zonas costeras de Estados Unidos, volviendo a poner en peligro a las comunidades. Teniendo en cuenta la historia de la extracción de petróleo en el mar, sólo es cuestión de tiempo antes de que ocurra otro desastre que implique el derrame de crudo. Retrasar la actualización del Plan Nacional de Contingencia es una negligencia peligrosa de los deberes de la EPA según la Ley de Agua Limpia.
Ya no podemos quedarnos callados y esperar a que la agencia actúe. En representación de aquellos que han perdido sus hogares, su sustento, su salud e incluso sus vidas, vamos a ir a los tribunales a reclamar medidas.
Traducido por Lucía Balducci
