Polonia planea una ley que impedirá a los judíos reclamar sus tierras robadas durante el nazismo

Hace algunos años Shoshana Greenberg se plantó frente a un edificio en Lodz, Polonia, que en su momento perteneció a su familia. Las lágrimas le recorrían la cara y en las manos sujetaba una vieja fotografía.

Greenberg, que ahora tiene 74 años y vive en Tel Aviv, estaba intentando reclamar la propiedad perdida durante el holocausto. Su padre era la cabeza de una conocida familia judía adinerada de Lodz dueña de edificios industriales, residencias y casas de vacaciones.

Cuando llegaron los nazis, las propiedades fueron confiscadas junto a las joyas de la familia. Fueron llevados al ghetto de Lodz y más tarde el padre de Greenberg y sus hermanos fueron enviados a Auschwitz. Solo sobrevivió su padre.

Después de la guerra, el nuevo Gobierno comunista en Polonia nacionalizó las propiedades que habían sido confiscadas, mientras los supervivientes del holocausto tuvieron que reconstruir sus vidas de cero en otros sitios.

Desde la caída de la Europa comunista en 1989 la mayoría de los países del antiguo bloque soviético han tomado medidas para restituir e indemnizar a sus ciudadanos judíos de antes de la guerra. Polonia es el único país grande que no ha implementado un programa semejante y ahora está a punto de dificultar todavía más las compensaciones.

En las próximas semanas se espera que el Parlamento polaco apruebe una ley que pondrá un límite de 30 años a los procesos legales sobre propiedades confiscadas, lo que en la práctica supone eliminar miles de reclamaciones.

El Gobierno polaco ha dicho que la nueva regulación pretende prevenir el fraude y las “irregularidades”. También ha dicho que “no es responsable del holocausto, una atrocidad realizada por los [ocupantes] alemanes”. Pero muchos otros países –incluyendo Reino Unido, Israel y EEUU– han criticado duramente esta decisión.

“Este no es un debate histórico sobre la responsabilidad por el holocausto, sino una deuda moral que Polonia tiene con quienes fueron sus ciudadanos y cuyas propiedades fueron saqueadas durante el holocausto y bajo el régimen comunista”, ha dicho el Ministerio de Exteriores de Israel.

La semana pasada, EEUU dijo que la ley “provocaría un daño irreparable tanto a judíos como a no judíos, extinguiendo efectivamente las solicitudes de restitución y compensación por las propiedades expropiadas durante el holocausto y que luego fueron nacionalizadas durante el período comunista”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada británica en Varsovia también han expresado su preocupación ante el Gobierno polaco. Eric Pickles, enviado especial del Reino Unido para asuntos relacionados con el holocausto, tuiteó: “La restitución de las propiedades judías confiscadas sigue inconclusa. Los muchos amigos de Polonia instamos [a su Gobierno] a acordar un plan justo y razonable”.

Gideon Taylor, director de operaciones de la Organización Mundial para la Restitución Judía, dijo al Observer que la ley es “un terrible error” que “básicamente eliminaría cualquier reclamación”. “Los argumentos del Gobierno polaco sobre la necesidad de una certeza legal son correctos, y es una postura muy razonable, sin embargo, también es necesario abordar los problemas subyacentes”.

Otros antiguos países del bloque soviético habían “saldado cuentas” con el pasado, dice Taylor. “Pero Polonia intenta ignorarlo y esconder debajo de la alfombra una gran injusticia”. Algunas figuras prominentes de Polonia han propuesto “abordar la historia abiertamente y con transparencia, pero desafortunadamente hay voces más fuertes que rechazan cualquier intento de revisar lo sucedido. La esperanza es que los más sabios prevalezcan, pero es muy difícil”, dijo Taylor.

Hace tres años Polonia convirtió en un delito penal acusar al país de complicidad con los crímenes de guerra de los nazis, punible con hasta tres años de prisión. Tras despertar la indignación internacional, particularmente de Israel y EEUU, el gobierno de Varsovia retrocedió, y pasó el delito del fuero penal al civil.

Hace tres años, Polonia convirtió en delito penal acusar al Gobierno de complicidad en los crímenes nazis, fijando una pena de hasta tres años en prisión. Tras la reacción internacional, especialmente de Israel y EEUU, el Gobierno de Varsovia dio marcha atrás, convirtiéndolo en una falta civil.

Antes de la Segunda Guerra Mundial más de 3 millones de judíos vivían en Polonia, la comunidad más grande de Europa. Cerca del 90% murió en el holocausto, muchos de ellos en los campos de exterminio nazis. Ahora la población judía de Polonia es de alrededor de 10.000 personas.

La embajada polaca en Londres dice que el proyecto de ley “no discrimina a ninguna persona o grupo particular ni pretende contrariar a ninguna parte, incluyendo a Israel o la diáspora judía”.

“La ley polaca permite que todos los individuos facultados, sin importar su nacionalidad u origen, puedan perseguir sus derechos, incluyendo en procesos civiles, para obtener indemnizaciones por las propiedades perdidas en las nacionalizaciones de posguerra”, indica.

“Polonia le otorga una gran importancia a la conmemoración de las víctimas del genocidio realizado por los ocupantes alemanes en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial”, añade.

El padre de Greenberg le pidió a su hija que algún día reclamara la propiedad familiar. Finalmente, en 2016, el caso llegó a lo tribunales polacos. “En el púlpito de los testigos fui más fuerte que el acero. De mi boca salía la voz de mi padre representando a mi familia y a los seis millones de judíos que murieron”, dijo. 

Después de que el tribunal la reconociera como heredera legal fue a la tumba de su padre. “Le dije que habíamos ganado, que la dignidad de la familia había sido restaurada”.

Sin embargo, pocas semanas después la oficina de registros de bienes inmuebles rechazó su solicitud de titularidad de la propiedad citando una cláusula registrada en la década de los 50. “Estaba impactada. Era la heredera, pero no la propietaria”.

La nueva ley es un nuevo golpe para Greenberg y otros descendientes que buscan restituciones. “La propiedad no pertenece al Gobierno polaco, pertenece a mi familia. No importa cuántos años hayan pasado”, dice. “Espero que el mundo no guarde silencio. Yo no olvido y nunca perdonaré. Nunca”.

Traducción de Ignacio Rial-Schies