Los ucranianos que se arriesgan para documentar posibles crímenes de guerra

En Vorzel, un barrio boscoso al noroeste de Kiev que antes era conocido por sus balnearios y gimnasios y ahora está bajo ocupación rusa, el abogado Igor Chudovsky pasó las primeras semanas de la invasión documentando el impacto de la guerra sobre la zona, como un ataque con misiles contra un orfanato o civiles muertos por disparos en la calle.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles pasado a Vladímir Putin de criminal de guerra, provocando la ira del Kremlin, por actos como estos.

Los crímenes de guerra son infracciones graves de los tratados, convenciones y protocolos internacionales que rigen los conflictos armados, como el uso desproporcionado de la fuerza no justificado por la necesidad militar o el ataque deliberado a civiles. Se consideran criminales de guerra a los que ejecutan directamente los actos o a los que tienen una responsabilidad de mando.

Perseguir los crímenes de guerra, ya sea en un tribunal nacional o en una corte o tribunal internacional, es mucho más fácil cuando personas como Chudovsky graban lo que ocurre, muchas veces asumiendo un grave riesgo.

El patrón de las tácticas rusas

Las fuerzas rusas empezaron a atacar Vorzel el primer día de la invasión, en un intento de controlar el cercano aeropuerto de carga y las carreteras hacia Kiev. El 2 de marzo, las tropas rusas entraron en la ciudad y durante ocho días no permitieron que nadie saliera.

Los vecinos de Vorzel que quedaron atrapados no tenían calefacción, la electricidad era intermitente o inexistente, y no tenían acceso a los suministros de alimentos y medicinas. El Ejército ruso atacó a las personas que intentaron salir de sus casas y los tanques recorrieron por las calles y dispararon contra las casas al azar.

“Los [rusos] establecieron puestos de control alrededor de la ciudad, disparaban a todo aquel que salía a la calle”, dice Chudovsky. “Había muchos cuerpos tirados por las calles. Un anciano salió a fumar, pasó una columna de tanques y los soldados abrieron fuego y, bueno, ya no está”.

“Recibí unos 20 mensajes de personas que me preguntaban, como abogado, cómo debían enterrar a la gente en estas circunstancias”, dice.

Lo ocurrido en Vorzel se ajusta a un patrón de tácticas rusas en las zonas que ocupan. Tácticas que los abogados expertos en derechos humanos dicen que equivalen a crímenes de guerra según los Convenios de Ginebra, así como a violaciones del derecho internacional humanitario. Las fuerzas rusas ocupan ahora la mayor parte de la región noroeste y central de Kiev.

En una conversación telefónica el 28 de febrero, Chudvosky explica cómo documenta los posibles crímenes de guerra. “Tengo fotos y vídeos”, dice. Sobre el ataque al orfanato, que se produjo el segundo día de la invasión, indica: “Vi cómo un avión ruso lanzaba un misil. Impactó en un orfanato donde vivían 50 niños”. Las autoridades ucranianas dijeron que ningún niño murió en el ataque, pero no está claro si hubo heridos.

Chudvosky avanza que tiene la intención de presentar notas y grabaciones detalladas de lo que presenció como prueba para la Corte Penal Internacional de La Haya, a través de los fiscales estatales ucranianos, que están preparando las presentaciones.

Cree que sus pruebas cumplen con el estándar legal necesario para procesar a los autores de esos actos, gracias a los 10 años que pasó en el cuerpo de Policía, seguidos de 20 años como abogado en ejercicio, así como su participación en la investigación del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014 por parte de las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania.

Cortar las comunicaciones

Cada vez hay más indicios de que Rusia puede estar intentando que sus crímenes no queden registrados cortando las comunicaciones en zonas civiles.

Los habitantes de las aldeas situadas al sur de la ciudad de Chudovsky afirman que el Ejército ruso confiscó los teléfonos tras su entrada. En una de las aldeas, los soldados rusos revisaron los teléfonos de la población para asegurarse de que no estaban filmando o fotografiando las acciones de los soldados.

Chudovsky explica que este patrón se repitió en Vorzel. “Entraron en las casas de los vecinos. Les quitaron los teléfonos y les avisaron de que cualquier llamada supondría una ejecución”. Chudovsky utilizaba su coche como generador para cargar su teléfono y subía a la buhardilla de su casa para conseguir cobertura.

A pesar del generador de su coche, The Guardian perdió el contacto con Chudovsky durante cuatro días. El 9 de marzo consiguió salir a través de un corredor humanitario establecido por Cruz Roja Internacional.

La Agencia Estatal de Comunicaciones de Ucrania dijo el 15 de marzo que cree que Rusia ha atacado deliberadamente las antenas de telecomunicaciones y está utilizando dispositivos de interferencia para impedir que los civiles de las zonas afectadas se comuniquen.

En la ciudad sureña de Mariúpol, sitiada desde hace dos semanas, tampoco tienen cobertura. Cientos de miles de personas han quedado atrapadas sin acceso a alimentos, medicinas, agua o electricidad, y los hospitales han sido blanco de ataques aéreos. El no poder comunicarse ha hecho que la población ni siquiera se entere de los corredores humanitarios que se han establecido para evacuar a civiles.

“Los habitantes se han refugiado en los sótanos y no saben lo que está pasando”, dice Dmitro, que no quiere dar su apellido y que consiguió salir de Mariúpol tras enterarse del corredor humanitario por el boca a boca. Hasta ahora, solo unos pocos miles han conseguido abandonar la ciudad de 450.000 habitantes.

Tomar la iniciativa, pero evitar riesgos

Mazen Darwish, un abogado sirio experto en derechos humanos que ayudó a liderar los recientes juicios contra el régimen sirio en Alemania, cree que el paso más importante que pueden dar los ucranianos para que Rusia tenga que rendir cuentas por estas acciones es documentando los crímenes.

“Mi consejo es que no esperen a que la ONU envíe una misión o a que la Corte Penal Internacional inicie su investigación”, dice Darwish, que lleva 11 años trabajando por la justicia para los sirios. “Los ucranianos deben saber que son los actores más importantes en la documentación y obtención de pruebas”.

Nick Waters, responsable de Ucrania en la organización de investigación de código abierto Bellingcat, afirma que está recabando activamente pruebas de ataques contra civiles procedentes de Ucrania. Al igual que Darwish, subraya la importancia de grabar la escena del crimen, pero advierte a los ucranianos de que no se expongan al peligro tratando de recoger piezas de armas o publicándolas desde un lugar identificable si todavía están bajo ocupación.

Waters cita una guía publicada por la ONG Witness para utilizar el vídeo para documentar los abusos contra los derechos humanos. “El gran problema con este tipo de imágenes y vídeos es que nunca se sabe realmente quién los grabó originalmente, lo que obviamente es un problema si se ha planeado utilizarlo en los tribunales”.

De hecho, mientras registraba los ataques aéreos y las agresiones, Chudovsky fue víctima de posibles violaciones del derecho internacional humanitario en forma de tácticas de asedio. Rusia y el régimen sirio utilizaron anteriormente estas tácticas contra la resistencia siria y las fuerzas de la oposición.

Los habitantes que huyeron antes de que los rusos ocuparan la ciudad dejaron sus llaves para que otros residentes pudieran comerse la comida que dejaron atrás. Chudvosky explica cómo, en los días previos a su marcha, se metió en estas casas vacías y sacó comida de los frigoríficos.

Dice que algunos residentes decidieron quedarse en Vorzel porque sentían que no tenían adónde ir. Como los que se fueron antes, él y los otros 25 vecinos que se fueron el mismo día dieron sus llaves.

Traducción de Emma Reverter