Las trabas del PP reducen al mínimo la investigación parlamentaria del caso Máster

La investigación parlamentaria sobre el caso Máster en la Asamblea de Madrid corre un gran riesgo de quedar reducida a la mínima expresión. Los tres grupos de la oposición que empujan la comisión, ahora que el caso judicial está prácticamente cerrado, pelean con dos obstáculos: el calendario y el bloqueo del PP, que trata de retrasar los tiempos para estrechar al máximo el calendario disponible para las comparecencias. Así las cosas, los diputados tendrán que enfrentarse a una agenda imposible que les obligará a resolver la comisión, con sus conclusiones, en dos o tres sesiones, cuando su propuesta preveía que fueran cinco. 

La primera traba, la del calendario, deja poco margen de maniobra. La Asamblea de Madrid funcionará con normalidad hasta finales de marzo y después se disolverá ante la convocatoria electoral de mayo. Quedan menos de cuatro meses y enero es inhábil para el Parlamento, aunque excepcionalmente se podría declarar hábil alguna semana. 

La segunda, la oposición del PP, que se nutre de la primera dificultad y cuyo rechazo no ha cesado pese a que la comisión ya se ha constituido. La iniciativa se registró el 20 de septiembre y solo ha podido formarse un mes y medio después. Las demoras se han ido amontonando en este tiempo.

La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados (PP), pidió un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para tratar de frenar la comisión que dejó el asunto en standby y después solicitó la reconsideración de la Mesa una vez visto el documento, que no impedía la comisión aunque sí matizaba algunos puntos, como el objeto, por ser demasiado amplio y generar “inseguridad jurídica”.

La comisión se constituyó para “investigar”, y en su caso, “determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001”.

Además, se pretende estudiar, y aquí estaba la redacción más problemática, “otros potenciales o posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos”. De este modo, entran en el objeto los estudios de Derecho de Pablo Casado en la Cardenal Cisneros (adscrita a la Complutense) pero se quedan fuera, por ejemplo, los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afectar a una universidad privada.

Una baja en el PSOE: más demora

A todo esto se sumó previamente la baja de uno de los diputados socialistas de la Mesa. Sin su voto, el PP podía tumbar la propuesta y la oposición no quiso arriesgarse, con lo que también retrasó los tiempos. 

Este lunes, los tres grupos preveían que al fin quedara fijada la primera sesión para crear un plan de trabajo pero el asunto no entró en el orden del día de la Mesa, lo que suma un retraso de otra semana a los trámites y, con toda probabilidad, elimina la sesión de diciembre propuesta por los grupos. “Ahora nos dirán que diciembre es ya tarde y que enero no es hábil. En otras ocasiones es la Mesa la que de oficio da hueco a esta organización, sin escrito mediante”, critica el diputado Miguel Ongil, de Podemos. El escrito de la oposición se registró el miércoles por la noche, de manera que ya se había pasado el plazo -el jueves era festivo- para que pudiera entrar ordinariamente en el orden del día del lunes. 

La propuesta conjunta de Ciudadanos, Podemos y PSOE incluye cinco sesiones: una en diciembre, dos en enero y dos en febrero. Para celebrar comparecencias en enero habría que habilitar el periodo, y eso queda en última estancia en manos de la presidencia, Paloma Adrados (PP), que informa de la disposición de salas y personal en días especiales, según fuentes parlamentarias. Ningún grupo es demasiado optimista sobre que esto suceda, así que solo quedaría febrero. 

“Las sesiones dependerán de la presidenta de la Asamblea de Madrid y de la prisa que se de en convocar puesto que recae en ella, pero desde luego no vemos mucha rapidez ni ganas de colaborar”, dice la portavoz de Ciudadanos, Mayte de la Iglesia, que critica el “bloqueo desde el minuto uno” del PP. La formación naranja también carga contra la “apatía del PSOE” por retrasar la constitución al faltarse un diputado en la Mesa. 

En el PP admiten que están usando “las herramientas” que prevé el reglamento. “Una vez que esto arranca exigimos que se cumpla el reglamento y ahora quieren correr. Una comisión de estas características no se puede resolver así”, afirma el diputado Alfonso Serrano, portavoz adjunto del grupo parlamentario. “Al final creo que es una huida hacia adelante y no sé cuál es los tres grupos que lo impulsan quiere menos esta comisión, de la que será complicado sacar algo en claro”, añade.

Para Serrano, “tiene poco sentido tratar temas sobre los que los tribunales se han pronunciado”. Apenas ocho días después de registrarse la comisión, el Supremo rechazó investigar al líder del PP, Pablo Casado, pese a que había indicios de “trato de favor” y unas horas después, conocido el pronunciamiento del Alto Tribunal, la jueza Rodríguez-Medel archivó todo el caso Máster a excepción del acta falsificada de Cristina Cifuentes. El coste político que para el PP tiene revolver todo lo que ya consideraron prácticamente cerrado por los tribunales es muy alto en plena precampaña electoral. 

“En estos meses hemos asistido a todo tipo de estrategemas legales para que no pase nada”, sostiene del diputado socialista Juan José Moreno. Su partido es favorable a “tirar hacia adelante con las semanas que sea”, igual que Ciudadanos y Podemos. Todos han presentado ya sus primeras propuestas de comparecencias.

Solo Podemos incluye en su lista a Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Los socialistas evitan estos nombres y se centran en llamar a los responsables universitarios –el director del IDP y el rector– y al consejero de Educación de la Comunidad para evitar también el caso de Montón, de sus propias filas. “Lo de Cifuentes, igual que lo de Montón, es un caso más. La idea es saber qué ha pasado en el Instituto”, justifica el diputado Juan José Navarro. Ciudadanos también ha optado no entrar en los nombres políticos mollares en sus primeras peticiones y han priorizado las comparecencias de Enrique Álvarez-Conde y las tres profesoras imputadas por el caso Máster. 

“Esto es montar un circo. Lo que les interesa es que venga quien tiene que venir. Es puro interés electoral”, critica Serrano. El PP, que tiene la vicepresidencia de la comisión, avanza que actuará “en función” de sus “propios intereses”: “Veremos si participamos, si hablamos. No será una posición uniforme, haremos lo que nos interese pero no vamos a contribuir a este circo”.