El cheque bachillerato, la última concesión del PP a la educación concertada en Madrid
El PP vuelve a izar la bandera de la educación concertada en Madrid. El Gobierno de Ángel Garrido ha dinamitado la calma tensa que mantenía su predecesora, Cristina Cifuentes, con este asunto y ha vuelto a la defensa sin complejos de este modelo educativo con la promesa (electoral) de financiar con dinero público los estudios de Bachillerato a 3.000 alumnos y alumnas el curso que viene. Ocho millones de euros.
Entre los conservadores se transmite la idea de que esta bandera puede dar rédito electoral. El PP ha encontrado en el Gobierno de Pedro Sánchez la excusa para retomar un asunto que es controvertido en Madrid desde que Esperanza Aguirre lo puso en el centro de las políticas educativas. Antes de su llegada a la Puerta del Sol como presidenta, la región dedicaba un porcentaje de gasto público a conciertos inferior a la media nacional, pero esa proporción se disparó hasta el 20% del total de inversión destinada a educación –uno de cada cinco euros– con la apertura de decenas de centros en poco más de una década. Solo de 2011 a 2015 se inauguraron 14 nuevos.
El ritmo se frenó con el mandato de Cristina Cifuentes en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Como con otras políticas, trató de distanciarse de sus antecesores y prometió que no abriría ningún centro concertado más en la legislatura. Sin embargo, seguía mientras tanto engordando los colegios que ya tenían concierto abriendo en ellos cada vez más aulas: casi 900 nuevas en tres años y 94 millones de euros más en los presupuestos. Este curso, el Ejecutivo regional desembolsará 1.028 millones para sostener las 15.680 aulas privadas que funcionan con dinero público.
Pese a los datos, Cifuentes evitaba precisamente lo que ahora está haciendo el Gobierno de Garrido: retratarse como una administración pública que hace una defensa acérrima de un modelo al que las familias tienen derecho por su “libertad de elección”, y como tal, el Ejecutivo tiene que garantizarlo.
La polémica fue especialmente intensa en los años de recortes porque la tijera nunca entró en el dinero que se destinaba a estos centros mientras la educación pública sufría duros ajustes, especialmente desde 2011 con el decreto nacional que permitió incrementar el número de alumnos por aula, aumentar el horario lectivo a los maestros y no cubrir las bajas de docentes hasta dos semanas después. En los años previos, según consta en el sumario de la operación Púnica, los colegios concertados fueron un nicho de negocio para el vicepresidente y mano derecha de Aguirre. Francisco Granados cobraba entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponía en marcha junto a su socio, David Marjaliza.
Y así, año a año, los gobiernos del PP han construido la anomalía madrileña. Una región convertida en el laboratorio de las políticas educativas conservadoras donde la escuela concertada tiene un peso disparado. El 30% de los alumnos y alumnas madrileños están matriculados en estos centros, frente al 25% del resto de España. Y en Madrid también hay menos porcentaje de niños y niñas en la pública que la media nacional: un 54,8% frente a un 67,8%, según datos del Ministerio de Educación del curso 2015-2016.
Un estudio de la Universidad Carlos III describe esta singularidad en un estudio, que analiza la segregación escolar en los colegios. En él se apunta a las políticas educativas del PP como creadoras de “modelos de cuasi-mercado escolar”. Y apunta a una relación directa entre estas medidas y que Madrid sea la región con más desigualdad en las aulas.
La política del “cheque” ya tiene precedentes
El cheque bachillerato entra a engrosar esa larga lista de medidas y ya tiene un precedente: el cheque guardería, que lleva funcionando en Madrid desde 2003. Se trata de una ayuda mensual de entre 100 y 160 euros que da la Comunidad de Madrid a las familias que matriculen a sus bebés en guarderías privadas. La administración ha gastado en este concepto 36,6 millones de euros solo este año. Con esta subvención el coste de una guardería pública y de una privada queda prácticamente igualada porque mientras Aguirre aumentaba cada año el presupuesto para estos cheques subió las tasas de las escuelas infantiles públicas.
Docentes y familias defensoras de la escuela pública, además de sindicatos, salieron enseguida a rechazar la medida propuesta por Ángel Garrido para pagar con dinero público y a través de un cheque una etapa no obligatoria como Bachillerato, que además ya está concertado en algunos centros. Entre otras razones, advierte CCOO, porque hay problemas de plazas en esta etapa en los institutos públicos: según sus datos 2.200 chicos y chicas no han podido matricularse en Madrid este curso con la única opción de optar por un concertado o un privado.
Lo habitual es que los centros con concierto, en los que legalmente no se debe pagar por la educación obligatoria, sí cobren por cursar Bachillerato. Pero hay algunas excepciones: Madrid pagaba estos estudios a través de un concierto a 7.670 chicos y chicas el curso pasado, según datos extraídos de la Estadística de la Enseñanza de la región. El número ha crecido un 6% desde 2010. Así que si entrara en vigor el cheque bachillerato–para eso Garrido tendría que ser candidato del PP y después ganar las elecciones–, el Gobierno regional estaría financiando por dos vías esta etapa no obligatoria.
El presidente de la Comunidad de Madrid seguirá explotando el discurso a favor de la “libertad de elección” y de los “ataques de Sánchez” contra ella hasta que lleguen los comicios. Los conservadores también han hecho llegar el asunto al Ayuntamiento de Madrid, donde llevaron una moción en defensa de la educación concertada. Detrás del argumentario está la deriva a la derecha iniciada con el nuevo líder del partido, Pablo Casado, y la excepcional circunstancia que ha convertido a Madrid en el polo de oposición del PP al Gobierno central. Y la educación, una vez más, como arma electoral.
