Una larga cola de médicos médicos y facultativos especialistas no fijos en Madrid –que suponen más del 50% en todas las especialidades– ha solicitado este jueves de forma simbólica el certificado de idoneidad para trabajar en otras comunidades autónomas “cuyos políticos sí busquen soluciones para esta problemática”, y que les ofrecen mejores condiciones laborales. Lo han hecho de forma simbólica con una larga cola en el Colegio Oficial de Médicos (ICOMEM), que ha emitido un comunicado en apoyo a sus reivindicaciones.
El conflicto por la sanidad pública en Madrid está lejos de quedar zanjado como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más de 3.600 profesionales médicos y facultativos hospitalarios no fijos de la región han comenzado este 4 de mayo una huelga que se repetirá cada martes y jueves. Como denuncian, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso lidera el porcentaje de médicos con contratos temporales, alcanzando en más de la mitad de las especialidades el 53,9%. De ellos, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos no fijos en los próximos años.
El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se nutre hoy por hoy de contratos no fijos. En estos momentos, estos puestos alcanzan el 44% del total: de los 17.667 facultativos, 5.872 son interinos y más de 1.900, eventuales. Por especialidades, la medicina familiar alcanza el 80% de los médicos temporales; la psicología, el 85%; la oncología médica, el 72%; y la geriatría, el 71%. El resto de especialidades está entre el 40 y el 60% de trabajadores temporales.
Por la mañana, estos médicos y facultativos especialistas que encadenan desde hace años contratos temporales, se habían concentrado este jueves a las puertas del Hospital Gregorio Marañón para reclamar medidas que acaben con la temporalidad que afecta al 53,9% de estos profesionales.
Los convocantes reclaman la consolidación de plazas mediante el concurso de méritos para facultativos de larga duración, es decir, contar con la experiencia para acceder a las mismas. Para ello, apelan al cumplimiento de lo establecido en las directrices europeas recogidas en la Directiva 1999/70, la jurisprudencia existente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de marzo de 2020 y en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que persigue el objetivo de reducir la temporalidad al 8% de los trabajadores públicos.
Para eso, reclaman que se aborde de forma definitiva la anulación de la OPE 2018-2019. que paralice las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.