Anticorrupción archiva las denuncias contra Borja Carabante por los contratos a la empresa en la que trabaja su hermano

Carpetazo a la indagación sobre los contratos que el área de Movilidad adjudicó a la empresa Subterra Ingeniería para la redacción del proyecto para soterrar la A-5 y para la supervisión de proyectos en Calle 30. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las dos denuncias presentadas por dichas adjudicaciones contra el delegado Borja Carabante y su equipo, al no encontrar elementos “que justifiquen una investigación penal”, asegura el Ayuntamiento de Madrid, citando el decreto de archivo.

Las adjudicaciones fueron llevadas ante la Fiscalía por la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras y por Podemos Madrid -a través del candidato Roberto Sotomayor- después de la publicación en Somos Madrid de que el área de Movilidad había adjudicado sendos contratos a la empresa Subterra, en la que trabaja el hermano del delegado. En ambos casos el procedimiento fue el mismo: Carabante aceptó el resultado del concurso y, acto seguido, se abstuvo en la adjudicación definitiva, delegado en la portavoz municipal.

En una nota distribuida por el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Almeida destaca que la Fiscalía desestima abrir investigación penal porque las denuncias “carecen de elementos objetivos indiciarios” que lo justifiquen y advierte que contra su decisión no se puede interponer ningún recurso.

También detalla que no se ha demostrado ningún indicio de los cuatro delitos de los que Higueras acusó al equipo municipal: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Entre las razones aportadas por la Fiscalía y que cita el Ayuntamiento de Madrid está la de no poder “concluirse de la mera relación de parentesco entre el concejal delegado del área y un familiar, empleado de una empresa licitadora” que concluyera en cohecho: “Para la concurrencia de este tipo penal es necesaria la existencia de una solicitud o recepción de un favor, o retribución, lo que no se acredita”.

Además, la Fiscalía descarta la prevaricación porque no haberse aportado “elementos mínimos indiciarios que permitan valorar que el contrato (...) sea una resolución arbitraria”, así como el tráfico de influencias o la asociación ilícita: “No se puede concluir que la pluralidad de personas denunciadas se haya concertado para un fin delictivo”, dice con respecto a los hechos puestos en manos de las autoridades.

Los hechos investigados se basaban en las informaciones publicadas por este periódico a finales de enero, dos adjudicaciones del área de Movilidad para el proyecto para el soterramiento de la A-5 y la supervisión de proyectos en la M-30. 

Carabante: “Los que denunciaron sabían que se iba a archivar”

Para el delegado en funciones de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, el archivo demuestra “que la izquierda quería embarrar la gestión municipal únicamente por intereses electoralistas y montar un circo político que beneficiara a la izquierda desesperada”. Además, ha asegurado que “estas personas que denunciaron sabían desde el minuto uno que se iban a archivar porque no había nada ilegal” y les acusa de haber hecho un “uso torticero e inmoral de la justicia”.

El archivo de las pesquisas, que no han llegado ni siquiera a iniciar un proceso judicial, llega dos semanas después de las elecciones del 28 de mayo, en las que Almeida consiguió mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid con Carabante como jefe de campaña. Y lo hace a pocos días de que se configure el nuevo Ayuntamiento y el alcalde electo designe a las personas que llevarán las áreas de su nuevo equipo.