Ultimátum del Ayuntamiento a Lime para que retire sus bicis en Madrid mientras la empresa le acusa de “imponer Bicimad”
Este 1 de octubre Madrid ha dicho adiós a las bicis de alquiler eléctricas sin base fija. El Ayuntamiento decidió no renovar las autorizaciones demaniales con las que varias empresas podían operar en la ciudad y el 30 de septiembre fue el último día que tenían para hacer negocio en el espacio público de la capital.
Pero el fin de los permisos municipales no ha traído consigo todavía la desaparición de las únicas bicicletas privadas que operaban en la ciudad: las de la empresa estadounidense Lime, a la que el Gobierno de Almeida dejó desplegar 521 aparatos en el año 2022. Entonces, otras cinco empresas se lanzaron a un negocio que con el despliegue de Bicimad a todos los distritos quedó seriamente mermado.
El Ayuntamiento de Madrid fue concediendo prórrogas de seis meses a las empresas que se lo solicitaban, pero este lunes 30 de septiembre acabó la última: el área de Movilidad decidió no renovar más los permisos para el aprovechamiento económico del espacio público y las bicicletas de Lime pasaron a la clandestinidad.
Sin embargo, Lime cuenta todavía con siete días naturales para retirar este servicio, según informan fuentes de la compañía después de recibir una notificación con este plazo procedente del Ayuntamiento de Madrid. Por eso este martes 1 de octubre sus aparatos se encontraban disponibles en las calles, como puede comprobarse desde su aplicación, donde los alquila a 0,29 euros el minuto en todos los distritos de la almendra central de la capital. “No se han concedido nuevas autorizaciones y, por tanto, tendrán que retirarlas”, aseguran desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ante la situación generada por la empresa de movilidad americana.
En un comunicado enviado a este periódico, Lime asegura que se ha enterado de la revocación de las licencias “a través de los medios de comunicación”, después de que Somos Madrid adelantara anoche el fin de todas sus autorizaciones. La compañía muestra su “sorpresa” y asegura que se ha tratado de una “decisión unilateral” del Ayuntamiento de Madrid, sin comunicación previa y pese a que Lime pidió una prórroga del servicio “con suficiente antelación”.
“Esta decisión supone un cambio inesperado y perjudicial no solo para las compañías comprometidas y sus usuarios, sino para el conjunto de la ciudad de Madrid, que dejará de contar con un servicio de bicicletas accesible y sostenible para desplazarse por la ciudad”, siguen explicando en el comunicado, en el que acusa al Gobierno de Almeida de acabar “imponiendo, en la práctica, un único servicio de movilidad sostenible: el servicio público de Bicimad”.
La compañía lamenta profundamente que el Ayuntamiento siga sin tener en consideración la visión de las empresas operadoras en ningún momento en este proceso de decisión, ni tampoco de la ciudadanía que usa estas bicicletas. Asimismo, manifiesta su disconformidad con la decisión de no renovar dichas licencias de operación. Lime ha sido proactiva en la colaboración con el Ayuntamiento en todo este tiempo, trabajando conjuntamente por la movilidad sostenible e implementando mejoras tecnológicas en sus dispositivos para promover un uso responsable, seguro y un seguimiento estricto de las normas por parte de los usuarios.
Conflicto municipal con Lime por los patinetes
El Ayuntamiento de Madrid autorizó hace dos años 2.802 bicicletas de alquiler a las empresas Ridemovi, Bolt, Bird, Dott y Lime. Además, también incluyó en el reparto a Bicimad Go, la versión sin base fija de las bicicletas municipales de alquiler. De todos ellos, 1.999 aparatos tenían permiso para circular por el interior de la M-30 y el resto por los distritos del exterior.
Entonces, el equipo de Almeida vendió este despliegue como un “impulso a la movilidad sostenible”, además de asegurar “el libre mercado y la libre competencia efectiva”. Aunque también advertía, en la misma nota de prensa del anuncio, que podía “revocar las autorizaciones si los adjudicatarios no cumplen con cualquiera de las condiciones jurídicas y técnicas establecidas”.
El final de los permisos coincide con el proceso de retirada del otro negocio que mantiene Lime en Madrid, el de los patinetes eléctricos de alquiler. José Luis Martínez-Almeida anunció a principios de septiembre que revocarían todos los permisos concedidos para estos aparatos desplegados por empresas privadas. En este caso no se trataría de una no renovación, como en el caso de las bicicletas, sino que se cancelaría la actual concesión otorgada a tres empresas el año pasado, por incumplimiento de las condiciones impuestas.
Lime asegura que estas decisiones consolidan a Madrid “como una anomalía entre las ciudades europeas, al ser la única que de manera proactiva, y sin contar con los operadores, está tomando decisiones que implican retroceder en materia de movilidad sostenible”. Y advierte que “seguirá defendiendo el derecho de los usuarios a una movilidad sostenible y colaborando activamente con las autoridades para encontrar una solución justa para todas las partes implicadas”.
Las otras dos empresas afectadas por el caso de los patinetes son Dott y TIER, que se fusionaron a principios de año. Su máximo responsable ha advertido en declaraciones a Somos Madrid de que acudirá a los tribunales si el consistorio no abre una negociación y decide cumplir con lo que anunció el alcalde.
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