El último escándalo en el Ayuntamiento de Móstoles: amnistía fiscal a empresas y un interventor cesado tras denunciarlo

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por la socialista Noelia Posse. En este caso no ha habido dimisiones, sino un sonoro cese despachado por la corporación del segundo municipio más grande de Madrid: el del interventor municipal –en el cargo desde el año 2002– que había reportado irregularidades en el cobro de tributos a varias empresas de la ciudad. Un demoledor informe de fiscalización, al que ha tenido acceso elDiario.es y está en manos del Tribunal de Cuentas, revela cómo la corporación históricamente –con gobiernos de PP y PSOE– ha condonado cánones de forma arbitraria a propietarios de cafeterías en centros deportivos, adjudicatarias de aparcamientos municipales o a una empresa inmobiliaria cuyos terrenos cambiaron de calificación.

Estas actuaciones –constatadas hasta el año 2018, cuando Posse tomó el bastón de mando– pueden constituir una “infracción administrativa” y suponen un “menoscabo para los caudales públicos”, según las conclusiones del informe, firmadas por el destituido interventor Caín Poveda Taravilla y que abarcan el periodo desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019. La fiscalización detecta que a varias empresas sujetas a cánones municipales –algunas llevan décadas sin pagar lo que deben al Ayuntamiento– se les dio trato de favor, pero advierte de que su alcance es limitado porque se desconoce si hay más casos similares. Solo se han analizado 15 mercantiles y algunos casos se remontan a los años noventa. Desde entonces han gobernado en Móstoles tres alcaldes del PP (Esteban Parro y Daniel Ortiz, ambos imputados en la operación Púnica) y tres del PSOE (José María Arteta, David Lucas y Noelia Posse).

En efecto existen: Más Madrid ha denunciado por malversación y prevaricación a la corporación dirigida por Posse por perdonar presuntamente casi 2,5 millones de euros a la empresa ITV Móstoles S.L. La querella del partido, que abandonó el tripartito de Gobierno con PSOE y Podemos en octubre de 2019, también se dirige contra el tesorero, Francisco Javier Torner. El interventor municipal ya había detectado irregularidades también en este caso, aunque no está incluido en el informe.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una investigación sobre el asunto desde febrero tras recibir extensísima documentación de parte del interventor. Una portavoz del Ayuntamiento confirma que se han hecho requerimientos a la corporación para comprobar las ilegalidades detectadas, aunque en el Consistorio reducen el informe del funcionario a “valoraciones subjetivas”. También niegan que su cese esté vinculado a la denuncia de corrupción. “Dio el visto bueno a contratos de Gürtel y Púnica con los alcaldes del PP y a las cuentas del Instituto Municipal de la Vivienda y el Suelo, que tiene 53 millones de deuda y está al borde de la quiebra”, justifican. El motivo oficial de la destitución es la “pérdida de confianza”.

Sin embargo, un informe del Ministerio de Hacienda –preceptivo pero no vinculante– advierte de que no hay razones suficientes que sostengan la destitución, efectiva desde el 5 de mayo, y respalda el buen hacer del funcionario. “No han quedado acreditadas las circunstancias de pérdida de confianza exigidas jurisprudencialmente, por lo que la propuesta de cese formulada no puede ser informada favorablemente”, dice el documento, al que ha accedido este medio, y que pone de manifiesto que ni las “relaciones personales” ni dar a la institución un “carácter dinámico” son motivos para justificar la salida del interventor. Hacienda recalca también que “no aprecia falta de diligencia en el desempeño” de sus funciones. El Ayuntamiento aún no tiene sustituto para el puesto. Al cargo ha quedado en funciones la subinterventora.

“Paralización manual” del sistema

El informe de 30 páginas firmado por el exinterventor detalla tributos impagados de al menos tres de las 15 empresas fiscalizadas. Algunos estarían ya prescritos incluso, lo que impide que las arcas municipales recuperen un dinero que les habría correspondido ingresar. El documento, sellado en noviembre de 2019, da tres meses a la corporación para “subsanar” las irregularidades. La portavoz municipal se limita a asegurar que el Ayuntamiento “cumple rigurosamente”.

Coninser 2000 S.L, por ejemplo, adeuda 129.319 euros, según el citado informe. Esta empresa de promoción inmobiliaria no pagó los 12.020 euros al año que por contrato debe transferir a la corporación entre 2009 y 2018. Sí abonó esta cantidad en los dos últimos ejercicios (2019 y 2020). El interventor manifiesta, además, que se manipularon manualmente los procedimientos de cobro en la aplicación informática: “Consta que dichos cánones se encuentran en la ”fase voluntaria“ del procedimiento de recaudación, en lugar de lo que realmente les correspondería en su condición de ”pendientes de pago“ y una vez vencido el periodo de pago voluntario”.

Tampoco “hay constancia”, de acuerdo con el informe, de que otra compañía explotadora de un aparcamiento municipal llamada Arquitectura, Ingeniería y Servicios S.A abonara el canon semestral acordado con el Ayuntamiento entre 1993 y 2015. “Ni se cobró ni se inició el procedimiento para caducar la concesión”, pese a que el impago figuraba como una falta grave en los pliegos de contratación. La concesión es por 75 años.

El concesionario de una cafetería situada dentro de un polideportivo municipal, Genaro García García, dejó a deber al menos tres ejercicios del canon de 7.200 euros que debía pagar al Ayuntamiento por la explotación del bar sin que nadie le reclamara el dinero. La liquidación de 2010 y 2011 está pendiente de cobro, según el informe, y no existe documentación sobre el ingreso en 2012. El interventor recuerda que un “aplazamiento de pago” debe ser “solicitado y aprobado” por una resolución municipal y todos los casos analizados están “fuera de todo procedimiento”.

La oposición considera que la destitución terminará siendo revocada. No es la primera vez que pasaría en la corporación mostoleña. La justicia obligó al Ayuntamiento de Móstoles a readmitir al Director de Hacienda, Transportes y Movilidad, Sergio G.D.S, cesado en 2019. Había denunciado irregularidades en la contratación pública. La sentencia resuelve que su despido respondió a una represalia por la “proximidad temporal” de la denuncia y la destitución. Caín Poveda, de momento, ha sido reubicado en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Este nuevo escándalo se suma a una larga lista de polémicas protagonizadas por la alcaldesa –como enchufes a familiares y amigos en la administración local– que han colocado al borde de la desesperación al Partido Socialista, para quien la regidora es un elefante en la habitación desde hace tiempo. La federación madrileña, dirigida hasta hace pocos días por José Manuel Franco, la suspendió de militancia nueve meses por “mala conducta ética” en esas contrataciones pero finalmente no la expulsó del partido.