Hay un rastro que va recorriendo estos tres lugares: Cartagena, Guatemala, Bruselas. Este rastro supone un ejemplo, entre tantos otros, donde el expolio de los recursos públicos y comunitarios se ejerce con total impunidad por parte de empresas multinacionales que van repitiendo un modus operandi con variedades locales recorridas por un denominador común: la corrupción.
Cartagena: ACS, la empresa de Florentino Pérez, a través del grupo Cobra, construyó la Desaladora de Escombreras por un coste de 111 millones de euros, y se aseguró la firma de contratos que son asumidos por la administración regional para acabar cobrando 540 millones por la infraestructura y otros 100 en concepto de mantenimiento durante 25 años.
ACS ni siquiera tuvo que invertir un solo euro, pues el coste inicial fue cubierto por un préstamo de Banesto y otros ocho bancos que también fue avalado por el gobierno regional. En suma, un pelotazo de más de 500 millones pagados con dinero público.
Hay nueve ex altos cargos del gobierno regional del PP imputados por corrupción en una investigación llevada a cabo por la fiscalía. Un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desvelado contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y todo ello con la complicidad de varias consejerías del gobierno de Ramón Luis Valcárcel.
Un gran negocio privado y sin riesgos a costa de las arcas públicas. Da igual si la desaladora funciona o no, da igual si hay demanda para el agua desalada al precio al que se produce: el gobierno regional paga y sigue pagando haya agua o no la haya. Este es el tipo de contratos que se firmaron y en los que ACS se ha especializado.
Guatemala: el mismo grupo Cobra, de ACS, se ha aliado con una empresa local llamada Corporación Multi-Inversiones (CMI), fundada por personas vinculadas al gobierno guatemalteco de la época del presidente Serrano Elías (golpista) y que hunden sus raíces en las dictaduras genocidas de Lucas-García, Rios-Montt y Mejía-Víctores.
Esta alianza ACS-CMI está realizando un macroproyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Cahabón, en Alta Verapaz, uno de los ríos más importantes de Guatemala. El proyecto, llamado RENACE, carece de estudio de impacto ambiental y ya ha destruido miles de hectáreas de bosque tropical, ha desviado parte del río, ha contaminado sus aguas, y lo que es peor, está destruyendo un territorio considerado sagrado por las comunidades mayas que lo habitan (en esta zona más del 90% de la población es maya).
El nombre del proyecto no tiene nada que ver con un “renacimiento” tras los duros años de dictadura y guerra, el nombre responde a las siglas Recursos Naturales y Celulosa, S.A. y se vincula a la necesidad de suministrar energía eléctrica a los grandes proyectos mineros o de empresas papeleras que están destruyendo el bosque tropical.
La población del departamento de Alta Verapaz, uno de los más pobres de Guatemala, carece de acceso a la energía eléctrica (más de un 80% sin electrificar), esta misma población está luchando por la defensa de su territorio frente al expolio de estas multinacionales, y están pagando por ello con su vida.
Según un reciente estudio de UDEFEGUA, organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, en 2017 se registraron un total de 483 agresiones contra personas defensoras, incluyendo 53 asesinatos. Ninguno de ellos se ha investigado, la impunidad es absoluta. Al contrario: se criminaliza la protesta social y a los defensores de derechos humanos, a los que se acusa de atentar contra el orden público.
Bruselas: allí está ahora mismo, ejerciendo de vicepresidente del Parlamento Europeo, el jefe de todos los imputados en el caso de la Desaladora de Escombreras: Ramón Luis Valcárcel.
Hace dos años vino a declarar a una comisión de investigación de la Asamblea Regional sobre este caso: defendió las actuaciones presuntamente delictivas de su equipo de gobierno, le pareció adecuado un beneficio neto de más de 500 millones de euros en una operación privada sin riesgos y que ha generado un enorme agujero en los presupuestos regionales año tras año. Da la impresión de que la próxima vez que venga a Murcia a hablar de la Desaladora lo hará ante un tribunal, no sabemos si en calidad de testigo o en calidad de imputado.
Este mismo Parlamento Europeo acaba de aprobar, a iniciativa de varios eurodiputados entre los que está la eurodiputada por Cartagena, Lola Sánchez, un comunicado sobre Guatemala, condenando los recientes asesinatos y donde se dice, entre otras cosas, “como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos humanos en el país”.
En Bruselas vemos las dos caras de las instituciones europeas: refugio de los cómplices del saqueo de las instituciones públicas, pero también lugar desde donde se denuncian estas complicidades. No todos los políticos son lo mismo. Esperemos que el Parlamento Europeo esté a la altura y conceda el próximo premio Sajárov a Iván Velásquez, jurista colombiano y presidente de la “Comisión contra la Impunidad en Guatemala” de la ONU (CICIG), tal y como están solicitando numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Bruselas, Guatemala, Cartagena: en este mundo globalizado, la explotación y el saqueo recorren todo el planeta y es fácil encontrar los corruptos hilos conductores que forman una tela de araña de la que es difícil escapar. Frente a esto, también encontramos ejemplos de lucha que nos unen en la resistencia, tejiendo en este caso redes fraternales de solidaridad internacional.
