Una vez más el lobby católico-empresarial: patronales de la enseñanza, algún obispo las familias de Confapa y sobre todo los gobiernos del tripartito de derechas, Madrid y Murcia , han saltado en la defensa de sus intereses y privilegios ante la posible amenaza de control de sus ingresos por parte del estado, porque eso y no otra cosa significa la posibilidad entrevista en la declaración de la ministra Celá sobre la constitucionalidad del “derecho a elegir centro” Para su argumentación utilizan una interpretación del artículo 27 de la Constitución basada en una visión deformada por años de afirmaciones falsas, ampliamente repetidas, sobre el contenido real de articulo. Por ello sería necesario leer el artículo explicar lo que significa:
«Artículo 27.-1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.»
Repasemos:
1.- A estas alturas nadie duda que la libertad de enseñanza está plenamente garantizada en nuestro país, desde las guarderías hasta la Universidad cualquiera puede montar su negocio, y en esta región hay ejemplos sobrados, algunos muy sonados, tanto en guarderías, como en educación básica y en la superior. Ello se ha conseguido con la cesión de locales o terrenos para montar negocios escolares y el aumento desmesurado del dinero dedicado a los conciertos educativos.
2.-No hay discusión sobre este punto, aunque la sociedad sí que se merecería un debate amplio y profundo sobre la manera en que se podría conseguir.
3.-En todos los centros hay profesorado de religión para garantizar ese derecho.
4.-¿Está claro? Educación básica y obligatoria, es decir: primaria, secundaria e iniciación profesional. Aquí se está concertando hasta el bachillerato y la FP, mientras se recortan los gastos en la enseñanza pública.
5.-El Partido Popular hace tiempo que renunció a programar la enseñanza “con la participación activa de los sectores implicados”, de hecho, parece que con quien únicamente cuenta es con las patronales de la enseñanza privada. Desde que llegó el PP al Gobierno Regional ya son veintisiete los nuevos colegios concertados, entre los que se incluyen Nelva y Monteagudo, los colegios del Opus, los cuales hasta que el PP no relajó las condiciones de los conciertos haciendo la vista gorda con las zonas de escolarización y los cobros bajo mano, no se habían “concertado”, a pesar de llevar en Murcia desde la década de los sesenta.
6.-No hace falta explicar, cualquiera puede crear centros educativos.
7.-Aquí si sería conveniente que el Gobierno Regional se esmerara un poco más en cumplir la Constitución porque cada año que pasa es más difícil la participación de todos los sectores en el “control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos”, especialmente en los privados porque manejan mucho más dinero que los públicos.
8.- Ya va siendo hora que inspeccionen que no se discrimina a nadie porque no puede, o no quiere, pagar la cuota impuesta por el centro. La prueba de que las cuotas no son necesarias es que con los 6.654,37 y hasta 10.325,79 que reciben POR AULA para gastos hay centros concertados que no cobran cuota, y funcionan. Desde la LODE del año 1985 ese requisito está más que cumplido.
10.- No hay dudas sobre autonomía universitaria, ahí está el Sr. Mendoza y su negocio.
El Partido Popular lleva predicando y pontificando desde que llegó al poder con el mantra del “derecho de elección” como algo recogido en la Constitución cosa que como hemos visto ésta no dice, ni siquiera dice que haya que pagar los sueldos, la seguridad social y los gastos como se hace con los centros concertados (coste de un aula de ESO : sueldos y SS , 76.125,21 euros, Gastos variables 10.325,79, Otros gastos 9.587,92Total. 96.038,92euros.
Es para partirse de risa, si no fuera un tema tan serio, que los responsables de la Educación en la región justifiquen con “igualdad de oportunidades” y la Constitución los nuevos conciertos de Bachillerato a centros como Maristas, Franciscanos, los del Opus o los de la urbanizaciones de Molina, mientras sus centros públicos no pueden encender la calefacción, tienen goteras o amenazan ruina. Perverso.
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