El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, sobre todo gas natural y algunas formas de petróleo no convencional, que ya empezó a utilizarse en Estados Unidos en el siglo XIX y tras abandonarse en el siglo XX debido a que el petróleo ligero de Oriente Medio es mucho más barato y de mejor calidad, está volviendo a utilizarse de nuevo por motivos estrictamente políticos.
El problema del fracking es doble: es una técnica enormemente contaminante y además no resulta rentable si el petróleo no alcanza muy altos precios, en general, por encima de los 80 dólares por barril, por lo que actualmente se estaría alimentando una nueva burbuja especulativa en Estados Unidos.
De hecho, el acuerdo nuclear con Irán ha sido roto, entre otras cosas, para impedirle exportar petróleo reforzando así las opciones del fracking estadounidense, pues el petróleo iraní en el mercado abarataba su precio y le daba un mayor control de dicho mercado a empresas francesas y rusas. Y si, además, tenemos en cuenta la amenaza del cambio climático, resulta claro que debemos reducir nuestra dependencia del petróleo y del gas, ya sean convencionales o provenientes del fracking, y sustituirlos por energías renovables, lo que sí nos daría una verdadera independencia energética.
El fracking es un atentado contra el medio ambiente: consiste en fracturar la roca en el subsuelo profundo mediante la inyección de agua a presión que contiene diversos productos químicos. La alta presión y las reacciones químicas que se producen liberan gas y petróleo de la roca fracturada y se extrae hacia el exterior mediante la misma agua inyectada que retorna totalmente contaminada. El gas o petróleo se embotella y el agua se embalsa y queda inutilizada para cualquier otro uso debido a la presencia de hasta doscientas sustancias tóxicas, algunas de ellas cancerígenas, como el benceno o el tolueno, que se han empleado durante el proceso.
Además, hay que tener en cuenta que los pozos de fracking, tras alcanzar más de 3km de profundidad, extienden sus tuberías en horizontal, alcanzando diámetros de hasta 10km y afectando a enormes extensiones del subsuelo, lo que incluye tanto a los acuíferos superficiales (que deben ser atravesados por las tuberías del pozo) como los profundos, que se verían afectados por la extensión horizontal y enfrentarían graves riesgos de ser contaminados.
En la Región de Murcia hay propuestas varias explotaciones de fracking que abarcarían buena parte del noroeste, desde Cieza hasta Moratalla, pasando por Bullas, Cehegín, Calasparra y otros muchos municipios, para extenderse también hacia el altiplano.
El fracking utilizará enormes cantidades de agua y podría contaminar los acuíferos en caso de darse una fractura en las tuberías, lo cual es altamente probable dada la sismicidad de la zona. Y además, la propia inyección de agua a presión en el subsuelo profundo podría activar pequeños terremotos o incluso alguno grande debido a la cadena de fallas activas que llegan hasta Lorca.
La liberación de residuos tóxicos, tanto en el agua como en la atmósfera, pone en riesgo la salud pública de los más de 200,000 habitantes de las zonas afectadas, pero potencialmente a los más de dos millones de personas de la cuenca del Segura si hubiera un vertido desde las balsas de contención. Sería un desastre ambiental sin precedentes.
Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia aprobó en octubre de 2015 una moción que declara la “Región de Murcia libre de fracking” e insta al Gobierno regional a paralizar los trámites de los permisos de explotación que se habían solicitado. Nadie ha recurrido al tribunal constitucional dicha Moción (9L/MOCP-0036). Sin embargo, las mociones, aunque estén aprobadas por mayoría absoluta de la Asamblea, nunca las cumple el Gobierno regional si no le interesa. Hay un gran déficit democrático y por tanto, el fracking hay que prohibirlo mediante una ley: a ver si así cumplen.
Y esa ley ya está en marcha en el Congreso de los Diputados, registrada por PODEMOS desde marzo de 2017 (22/000081). Lamentablemente, la mayoría en la Mesa del Congreso, que es ostentada por la suma de PP más Ciudadanos gracias al regalo que les hizo el PSOE al comienzo de la legislatura, bloquea su debate. Ha habido sentencias del Tribunal Constitucional en casos similares que obligan al parlamento a retomar los debates bloqueados. Esperemos que suceda lo mismo con la ley anti-fracking del congreso y que avance su tramitación. Ya llevamos más de un año de retraso.
También se ha registrado la semana pasada en la Asamblea regional un nuevo proyecto de ley de carácter regulatorio que sustituye al proyecto que prohibía el fracking y que no llegó a debatirse por las amenazas del PP de recurrir dicha ley al tribunal constitucional.
Esperemos que no sea necesario llegar a aprobar ninguna ley regulatoria regional puesto que si el PSOE, y también si Ciudadanos y el PP, cuyos diputados regionales se envolvieron teatralmente el jueves pasado en una pancarta que decía “No al fracking” cumplieran su palabra, se debería aprobar en los próximos meses la ley en el Congreso de los Diputados para prohibirlo a nivel estatal.
Aprobar ahora una ley regulatoria a nivel regional puede verse como una estrategia para ganar tiempo, pero tiene muchos riesgos: el Tribunal Constitucional la suavizaría hasta hacer posible el fracking en la Región de Murcia. Si no se prohíbe, tendremos fracking. Y si no queremos fracking, hay que decirlo muy claro: no es no.
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