La llegada del coronavirus ha generado ya a nuestro país un enorme impacto y nuestra capacidad de reacción está condicionada por grandes debilidades estructurales: somos vulnerables ante el riesgo. Los efectos de la crisis, ya sean inmediatos o a largo plazo, serán diferentes dependiendo de cómo reaccionemos ahora y cómo seamos capaces de gestionar los recursos disponibles. Pero partimos de una situación precaria debido a los recortes y privatizaciones derivados de la anterior crisis económica del 2008.
El lunes 30 de marzo, con más de 85.000 enfermos y 7.300 muertes por coronavirus en España, estamos confinados y en estado de shock colectivo. El impacto de la pandemia genera espanto y asombro ante la magnitud de lo que está pasando. Las debilidades con las que afrontamos la crisis generan preocupación, pero también indignación, pues son el resultado de los recortes sociales que se han hecho en las últimas décadas. Existe una ventana de oportunidad que nos podría permitir salir de esta crisis con un nuevo paradigma económico basado en la defensa de los servicios públicos. Pero esta oportunidad no durará mucho y, por ello, hay que actuar rápido y construir una nueva correlación de fuerzas que genere esperanza y sirva para defender cambios estructurales que posibiliten salir de esta nueva crisis con recetas opuestas a las del 2008.
Sanidad pública
Todos los días a las ocho, aplaudimos al personal sanitario. Es un gesto de agradecimiento y ánimo para aquellos que con su trabajo van a conseguir que superemos esta crisis. Y hacen su trabajo en condiciones muy difíciles, con falta de material para atender a los enfermos y para protegerse ellos mismos del contagio: ya son más de 10.000 sanitarios contagiados en España, el mayor porcentaje a nivel mundial respecto al número de enfermos. El origen de nuestras debilidades ante el impacto del coronavirus está, en gran medida, en los enormes recortes al sistema público de salud que se han realizado, aplicando políticas neoliberales desde hace décadas cuyo resultado es que tenemos el menor número de personal médico, auxiliares de enfermería y camas de hospital por habitante de toda Europa. En España, en 2018 se invirtieron 1.600 euros en gasto público en sanidad por persona, en Francia, 3200, y en Alemania, 3.800; y eso que se recuperó algo desde 2015, pues los recortes de la crisis de 2008 lo habían dejado en 1.400. Tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes (bajando desde las 4.6 que había 1990), en Francia tienen 6.5 y en Alemania, 8 (han bajado desde 10 y 10.3 respectivamente en 1990).
Nunca estuvimos en la media europea, y aunque los recortes se vienen aplicando desde los años 90 y se intensificaron en 2008 golpeando a todos los sistemas sanitarios europeos, en España nos golpearon aún más y aumentaron las diferencias respecto a nuestro entorno. Cuando hayamos superado la crisis del coronavirus gracias al esfuerzo y la entrega incondicional del personal sanitario, debemos recordar el origen de nuestras debilidades y luchar para superarlas.
Habrá que conseguir un gran consenso entre todos los partidos en defensa de la sanidad, pues es obligatorio aumentar el gasto del Estado en salud pública, acercarlo al de Alemania o Francia (9% de su PIB) e incluso ir más allá. Ahora estamos en el 6,24% de nuestro PIB dedicado a gasto público en salud. Necesitamos un aumento de 35.000 millones de euros para acercarnos a los países de nuestro entorno. Esto supone algo más de un tercio de los avales que se han prometido para las empresas, que son 100.000 millones. Por tanto, es un objetivo realizable si hay voluntad política para ello, pero habrá que actuar rápido, pues si pasan un par de años, nos olvidaremos de esta crisis sanitaria y desaparecerá el consenso. Solo ante el asombro provocado por el impacto del coronavirus se abre una ventana de oportunidad para recuperar el apoyo a la sanidad pública; pronto se cerrará esa ventana y nos vendrán con las recetas neoliberales de las últimas décadas: más sanidad privada y más recorte del gasto público.
Economía y empleo
Nadie discute que la máxima prioridad es salvar vidas, es decir, afrontar y minimizar el impacto del coronavirus en nuestra salud colectiva. Pero esa prioridad está en competencia con el intento de minimizar el impacto de la pandemia en la economía. Ésta ha sido la discusión hasta ahora. Se ha mantenido la actividad económica en todos los sectores, salvo en algunos considerados de “alto riesgo” (hostelería, educación, ocio, turismo), que se han cerrado por decreto. Se ha intentado proteger el empleo con la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (los ERTE), que obligan a volver a contratar a los trabajadores afectados una vez finalizada la crisis. Pero dado que la epidemia sigue evolucionando negativamente, el Gobierno ha decretado el cierre de toda actividad económica no esencial para combatir el coronavirus y el impacto económico será todavía mayor. Esperemos que esa medida vaya acompañada de medidas efectivas para proteger a los trabajadores.
Y de nuevo el impacto provocará efectos que dependen de nuestra debilidad económica actual, sobre todo en el empleo: la reforma laboral ejecutada durante la crisis de 2008 ha provocado que ya se haya podido despedir ya a un millón de empleados temporales, como denuncian los sindicatos.
El pasado 27 de marzo, el Gobierno decretó por fin la prohibición del despido por causas objetivas (algo similar a lo que ya había hecho Italia), aunque esta prohibición no es retroactiva. Los ERTE, cuyo coste lo paga mayoritariamente el estado, son la herramienta que se ha propuesto para salvar el empleo. Pero es la precariedad laboral previamente existente la que ha permitido que se esté destruyendo tanto empleo ahora. Solamente las empresas que hayan mantenido el empleo y aplicado los ERTE de manera no fraudulenta deberían ser las beneficiarias de todos los mecanismos financieros que el Gobierno ha creado: 100.000 millones de avales públicos y otras medidas para garantizar flujo de caja en los próximos meses. Ese colchón lo suministra el Estado. Es al Estado a quien se acude para los rescates en tiempo de crisis, y esto habrá que compensarlo con una fiscalidad empresarial en línea de la media europea: de nuevo hay una ventana de oportunidad para hacerlo ahora, y será obligado para el próximo presupuesto de 2021 (el de 2020 probablemente ya ni se plantee, manteniéndose todavía la prórroga del último presupuesto del tándem Rajoy-Montoro).
Europa fracasa una vez más
Tanto para el impacto sanitario como para el económico, Europa ha sido de nuevo incapaz de generar una acción colectiva verdaderamente solidaria. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, lo resumió bien. Tal y como se indica en eldiario.es, Costa señaló la actitud “repugnante” del gobierno holandés y no ocultó su irritación ante declaraciones “repulsivas”, “sin sentido” y “totalmente inaceptables” con respecto a la crisis del coronavirus hechas por el ministro de Economía holandés, negando la ayuda a los países que más la necesitan.
Lo mismo podría decirse ante la negativa alemana a crear un instrumento financiero colectivo a nivel europeo: emisión de bonos mancomunados para afrontar juntos la crisis económica. O de la negativa a enviar material sanitario a Italia cuando allí estaba comenzando el brote de coronavirus. Una vez más, se aplica el “sálvese quien pueda”; es un nuevo fracaso del intento de construir una Europa que vaya más allá de cada uno de los estados que la componen. Otro fracaso más, y tras el Brexit ya no habrá muchas más oportunidades, pues los pueblos de Europa están hartos de la falta de solidaridad cuando llega una crisis como la que ahora enfrentamos.
Cuando hayamos superado la emergencia sanitaria del coronavirus, nos quedará la crisis económica. Ojalá en ese momento recordemos lo que nos parecía tan evidente cuando estábamos todavía impactados por la magnitud de lo acontecido: sólo recuperando nuestros servicios públicos y construyendo una economía al servicio de las personas en una Europa solidaria será posible alcanzar un futuro mejor.
1