En marzo de 2021 se produjo la moción de censura que provocó el cambio de gobierno municipal en la Glorieta, entrando el nuevo equipo con Serrano a la cabeza, tras 26 años de gobierno del PP. Muy pronto el consistorio socialista presentó su proyecto estrella, el Plan de Movilidad, con el propósito de priorizar la movilidad sostenible, a través de la ampliación de la red de carriles bici y de los carriles bus segregados y la reorganización del transporte público. En octubre de ese año se anuncia la solicitud de 36 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation para la financiación de dicho proyecto, a los que se suman otros 14,7 millones de euros de fondos europeos para desarrollar varios proyectos vinculados por la movilidad sostenible, a través del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano del Miteco. Ante la necesidad de la contratación de los trabajos por la vía de urgencia debido al plazo de ejecución establecido por Europa, que se fijaba en el mes de junio de 2023, el 23 de noviembre de 2022 se dio el pistoletazo de salida al Plan.
Pero enseguida la entonces oposición del PP pasó a la ofensiva, diciendo en primer lugar que ese plan era “un plagio indisimulado” del que había diseñado el equipo de Ballesta antes de salir del Ayuntamiento, para luego unirse a las plataformas que surgieron en los barrios del Carmen, Vistabella y Espinardo para protestar por las obras, con el argumento de la falta de participación en el diseño de dicho plan. Con el apoyo de la derecha y la ultraderecha, esas plataformas vieron amplificadas sus protestas, a pesar de que no se veían a demasiados vecinos y vecinas en las ocasiones en que salían a la calle. Un mes antes de las elecciones municipales el Pleno del Ayuntamiento aprobaba una moción, planteada por el PP, para pedir la suspensión de las obras y una prórroga de los plazos para no perder los fondos europeos que financian esos trabajos.
Para los comicios del 28M, el candidato del PP José Ballesta basó gran parte de su campaña electoral en la promesa de revertir o, al menos, prorrogar las obras, ya bastante avanzadas, apelando a un supuesto “comité de expertos internacionales” que estudiarían la cuestión. Tras la victoria por mayoría aplastante del PP en las elecciones, Ballesta ya ha dado los primeros pasos para dar marcha atrás al plan de movilidad, tras reunirse con las asociaciones afines, como reabrir el paso a los vehículos en el Puente Viejo y revertir las obras en Espinardo, a pesar de que no necesita el apoyo de Vox, el partido más beligerante con este tema, queriendo dar prioridad absoluta al coche en detrimento del transporte público y las bicicletas. Si Ballesta pone en práctica su programa, se realizarían túneles y parkings de hasta cinco pisos para que los coches lleguen hasta el mismo centro, en un delirio de oda al coche que va en contra de la tendencia de las principales ciudades europeas.
Pero varios aspectos van en contra de la pretensión de la derecha y la ultraderecha de paralizar estas obras tan necesarias. En primer lugar, Murcia ostenta el triste récord de ser la cuarta ciudad española más contaminada. En su informe anual, Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y el 99 por ciento del territorio murciano estuvieron expuestos en 2022 a unos mayores niveles insalubres que en años anteriores, respirando un aire que incumpliría los nuevos estándares legales propuestos por la Unión Europea para 2030, todo ello debido principalmente al tráfico rodado y agravado por el cambio climático.
Por otro lado, está en cuestión la devolución de los fondos europeos destinados a estas obras y las posibles sanciones a las que se enfrentaría el Ayuntamiento de Murcia si se da marcha atrás a este proyecto. Se deberían estudiar muy bien las consecuencias económicas de la paralización y reversión de las obras, en un ayuntamiento que no disfruta de unas cuentas muy saneadas, con una deuda de 3,4 millones de euros, a lo que hay que sumar las deuda adquirida de 22,6 millones de euros a la promotora Mamusa por no haber desarrollado un convenio urbanístico en la zona norte en 2005, en la época del alcalde Cámara.
Por último, tenemos a la ultraderecha, negacionista del cambio climático y ferviente defensora del coche, que considera una conspiración la Agenda 2030, y que está en contra de lo que llama 'Murcia Central', parafraseando al Madrid Central, es decir, de la zona de bajas emisiones que disminuiría sustancialmente la contaminación,
En pleno siglo XXI, oponerse a mejorar la movilidad en las ciudades, a disminuir la contaminación atmosférica que atenta contra la salud, a que peatones, ciclistas, autobuses y tranvías les ganen la partida a los coches, es ir en contra de la tendencia que impera en Europa, la de conseguir una ciudad para las personas, más saludable, más sostenible y preparada para el futuro. El nuevo equipo de gobierno debería replantear su decisión y pensar en la mayoría.
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