De esta pandemia saldremos mejores, decían. Todo saldrá bien, repetían. Pero parece que la Consejería de Educación, con su antivacunas al frente, no está por la labor.
El pasado viernes la Consejería anunció la publicación de un nuevo convenio marco para la contratación del transporte escolar en la Región de Murcia. Un convenio que rompe el pacto alcanzado con el sector en otoño y que supone una bajada del precio de salida de hasta un 30% respecto al anterior contrato, que data de 2009. En estos últimos 12 años no se han incrementado las tarifas, pero sí ha subido el precio del gasoil, impuestos, la electricidad y los convenios, entre otras variables. Es inevitable pensar en cómo afrontarán las empresas de transporte (la gran mayoría, pequeñas y medianas empresas familiares murcianas) esta nueva situación y cómo recortar costes para poder asumir las nuevas condiciones. Parece evidente que no sólo la renovación y mantenimiento de la flota de autobuses se verá seriamente comprometida, adquiriendo vehículos más simples y menos dotados tecnológicamente (más baratos, vaya) sino que también tendrán que reformar su política de contratación de trabajadores. Pasarán de plantillas de conductores profesionales con jornada a tiempo completo a contratos por horas.
Soy conductor de autobús escolar. Me levanto cada mañana a las 5.30. Recorro calles de pueblos y pedanías, caminos rurales, carriles de huerta, carreteras y autovías. Llevo conmigo a los niños y jóvenes que van a clase, llegando donde sus familias no pueden o les resulta incompatible por sus trabajos. No creo necesario explicar que me encuentro en la carretera por la mañana y a mediodía, a la hora punta, cuando el tráfico se complica y aparecen situaciones de riesgo. Me concentro en evitar y anticipar peligros y acabar mi servicio en perfectas condiciones de seguridad para mis viajeros: vuestros hijos.
No pretendo darle más importancia de la que tiene mi puesto de trabajo. Soy consciente de que es un trabajo aparentemente sencillo, pero de una gran responsabilidad. Manejo vidas. Y no es lo mismo centrarme en mi trabajo cuando mi dedicación es exclusiva, que tener un contrato de cuatro horas, y verme obligado a completar mi salario con un minijob. Llevar niños por la mañana, y repartir hamburguesas en moto por la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Qué puede salir mal?
El transporte escolar es un eslabón clave en la vertebración de la sociedad actual. Gracias a él, los niños y jóvenes que viven lejos de su centro educativo pueden ejercer su derecho a la escolarización. Debilitar la calidad de este servicio incide directamente sobre los usuarios. Quiero dejar esto claro porque estamos hablando de conceptos cruciales como lo son la educación pública, la igualdad de oportunidades y la dotación de servicios a los núcleos de menor población. Recortar en Transporte Escolar es recortar en educación y es recortar en servicios públicos, algo que parece llevar impreso en su ADN este gobierno regional.
Aunque algo sí debo reconocerle al Ejecutivo regional: han conseguido poner de acuerdo a empresarios, trabajadores, patronal y sindicatos. Incluso a los usuarios, madres y padres de alumnos, que empiezan a entender la profundidad de estos recortes y reconocen que toda esta maniobra perjudicará a sus hijos en un futuro próximo.
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