(Antonio Urbina ha sido diputado de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, y participó en la comisión de investigación sobre la Desaladora de Escombreras que allí estuvo funcionando durante 2015 y 2016.)
“La Sal” es el nombre del caso en el que se investiga la trama de corrupción relacionada con la Desaladora de Escombreras de Cartagena. En el caso “La Sal”, la juez titular del juzgado de instrucción número cinco de Murcia, María del Mar Azuar, acaba de imputar al exconsejero Antonio Cerdá, mano derecha del entonces presidente Ramon Luis Valcárcel, y a otros once ex altos cargos de la administración regional y de empresas privadas.
Alrededor de la Desaladora de Escombreras se han urdido dos grandes mentiras, desenmascaradas por una comisión de investigación que durante más de un año estuvo trabajando en la Asamblea Regional de Murcia y cuyas conclusiones fueron trasladadas a la fiscalía, la cual apreció la presunta comisión de hasta seis delitos: fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y oficiales, fraude de subvenciones, delitos societarios e insolvencias punibles.
La primera gran mentira es que el agua que la desaladora produciría se iba a destinar a la agricultura de la Región de Murcia, el famoso “Agua para Todos”. Falso: el Ente Público del Agua (EPA), creado con el objetivo de burlar la Ley de Aguas, prometió agua de la desaladora para los futuros desarrollos urbanísticos del boom del ladrillo, en total hasta 48 hectómetros cúbicos anuales para 26 ayuntamientos, más del doble de la capacidad nominal de la desaladora (22Hm3), capacidad que nunca ha alcanzado durante su funcionamiento. En un contexto de sequía y déficit hídrico en la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura no garantizaba agua para las nuevas urbanizaciones, lo cual es obligatorio por ley. El EPA se saltaba este trámite legal y permitía a los ayuntamientos y al gobierno regional autorizar las nuevas urbanizaciones. No habría nunca agua para la agricultura, era agua para el ladrillo.
La segunda gran mentira fue prometer que la iniciativa privada iba a construir y explotar la desaladora sin que ésta costara ni un solo euro de dinero público. Hay claros indicios de que incluso antes de la construcción de la desaladora ya se estableció una trama corrupta de políticos y de empresarios para que al final todo se pagara con dinero público, garantizando suculentos beneficios a las empresas privadas. El resultado es que a pesar de que la Comunidad Autónoma ya pagó más de 100 millones de euros, más de lo que costó la desaladora, se sigue pagando todos los años dinero al grupo Cobra, propiedad de la constructora ACS, que fue quien construyó y tiene el contrato de mantenimiento de la desaladora. Si no se pone remedio, la CARM acabará pagando más de 600 millones de euros al grupo ACS por una desaladora que costó menos de 100. Es urgente anular esos contratos abusivos que se asumieron por parte del gobierno regional presidido por Valcárcel burlando el control de los servicios jurídicos y de la intervención general de la CARM.
Este tipo de actuación no es nueva: el grupo ACS ya tiene experiencia en estas tramas (la plataforma gasística Castor, por ejemplo). En la Región de Murcia tenemos el caso similar del aeropuerto de Corvera, supuesto negocio privado que ha acabado costando más de 180 millones de dinero público y beneficiando a otra gran constructora, en este caso SACYR. Esto sigue pasando porque se ha instalado una cultura de la impunidad: hasta ahora ni los políticos presuntamente implicados en el saqueo del dinero público, ni los empresarios beneficiados por este saqueo son llevados a juicio.
Quizá el caso “La Sal” sea el primero en el que se lleva al banquillo de los acusados a una gran trama público-privada de corrupción en la Región de Murcia. Ya hay doce imputados, exconsejeros del gobierno regional y empresarios privados de muy alto nivel. Ninguno de ellos actuaba por libre, siempre rendían cuentas y esperaban la confirmación de sus respectivos “jefes”. En este caso “jefes” de una gran trama corrupta público-privada que va mas allá del ámbito regional, que llega hasta Madrid y llega incluso hasta Bruselas.
