La Fiscalía reclama al Gobierno regional tres informes sobre la desalinizadora de Escombreras
El Gobierno regional de Murcia presidido por Pedro Antonio Sánchez se ha reunido con carácter extraordinario para atender a la solicitud de la Fiscalía del TSJMU, en cuanto a la remisión a la misma de los informes realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en los que, entre otras cuestiones, se estiman en principio en “13 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la gestión de la desalinizadora de Escombreras”, y en los que además se presume “la inviabilidad de esta instalación”.
Según ha explicado tras la reunión la consejera y portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, “así lo han recomendado los Servicios Jurídicos de la Comunidad”. En cuanto a si hay que “instar a los administradores de esta empresa pública a su disolución” y sobre la posibilidad de que haya “indicios de responsabilidad contable en la actuación de los distintos representantes de la Comunidad”, el Gobierno regional ha encargado a tres consejerías, la de Presidencia, la de Hacienda y Administraciones Públicas y la de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, a que formulen sus “propuestas de actuación en defensa de los intereses de la Región de Murcia”.
Intervención en la planta
El Fiscal de Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ya solicitó de manera oficial una serie de documentos relativos a la gestión de la instalación en noviembre del año pasado, con el fin de determinar si se han producido varios delitos entre los que se encuentra el de malversación. El origen de las sospechas se remontaría a un informe del Tribunal de Cuentas relativo al periodo 2010-2011 en el que se señalaban las excesivas pérdidas económicas.
El fiscal José Luis Díaz aclaró entonces a eldiario.es Región de Murcia que la presencia de fuerzas de seguridad del Estado en la planta desalinizadora de Escombreras no fue un registro propiamente dicho, sino “un trámite dentro del proceso de petición de documentación” que, llevado a cabo por agentes de la Policía Judicial, perseguía “garantizar la cadena de custodia de los documentos”.
La desalinizadora y Novo Carthago
El fiscal Manzanera explicó también a este medio que el motivo principal de su investigación no tenía relación directa con la causa de 'Novo Carthago', en la que están imputados, entre otros, el exdelegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y los exconsejeros Antonio Cerdá y Francisco Marqués. No obstante, si aparecieran pruebas que relacionan ambos casos, se aportarían a la causa.
La planta desaladora de Escombreras fue promovida por el Ente Público del Agua de la Región de Murcia y se diseñó con una capacidad de producción de 63 mil metros cúbicos al día, ampliables a 72 mil. Su construcción se debió a la empresa Hidro Management S.L., participada por el Grupo Cobra y perteneciente a ACS, la constructora de Florentino Pérez. En declaraciones a eldiario.es, Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, explicó que se trata de “un proyecto que salió fundamentalmente para permitir la reclasificación de terrenos de Novo Carthago”.
Según García, “en su día la Confederación Hidrográfica del Segura informó negativamente porque no había garantía de suministro de agua, y entonces la Comunidad Autónoma firmó un convenio para dotar de agua al proyecto con un tinglado que ejecutó la empresa de Florentino Pérez”. Y en su opinión, “todo esto ha supuesto recientemente una demanda por más de 500 millones de euros a la Región de Murcia, porque en su día se firmó un contrato blindado para el abastecimiento de agua que no se ha cumplido”. Pedro García compara este asunto con el del Aeropuerto de Corvera: “Aquello son 200 millones de euros de aval, pero esto son 500”.
El Partido Popular evitó en varias ocasiones durante la pasada legislatura, con su mayoría absoluta, la creación de una Comisión de Investigación sobre esta infraestructura tal y como exigieron en la Asamblea Regional tanto el PSOE como IU-V. Sin embargo, dentro del acuerdo de investidura entre el PP y C's para permitir que los populares repitan Gobierno, se incluyó la apertura de varias comisiones, y entre ellas, la que ha de investigar la gestión del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel en la desalinizadora de Escombreras.
