“Despidos e indemnizaciones cuantiosas no presupuestadas”: riesgos de la Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Murcia
El pasado 5 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la “mayor Oferta de Empleo Público (OEP) de la historia de Murcia”, según anunciaron desde las filas del Ayuntamiento. Unas 700 plazas de distintas categorías saldrán a concurso para miles de postulantes que intentarán competir por un puesto de trabajo en el consistorio murciano, en un proceso que ya tiene aprobadas las bases, los requisitos y los temarios. Todo listo para poner en marcha la OEP, excepto el presupuesto que recoja los gastos derivados del mismo “porque se van a producir despidos de personal interino y laboral que tendrán que ser indemnizados por el Ayuntamiento”, afirma el grupo sindical Somos Sindicalistas a eldiario.es.
Este organización asegura que la Oferta de Empleo que publica el Gobierno local en realidad “no crea nuevo empleo, sólo reemplaza o sustituye la plantilla de trabajadores. Se van unos y entran otros”, expresa Armando Plaza Martínez, delegado sindical de Somos Sindicalistas en el Ayuntamiento de Murcia. Para el sindicato, el Consistorio tiene desde hace años un contingente de trabajadores en una situación de eventualidad “que ya debería haber regularizado” y, con esta oposición, trata de “dar carpetazo a un fraude de ley sostenido de manera que muchos empleados en grave riesgo de exclusión social se verán en la calle”, señala Juan María Manzano Hernández, miembro de la ejecutiva estatal de Somos Sindicalistas.
Los sindicalistas indican que, como consecuencia de esta OEP, el Consistorio se enfrentará a “despidos e indemnizaciónes cuantiosas no presupuestadas para 2019”: “Por ejemplo, en trabajador del Ayuntamiento, en régimen de interinidad durante más de diez años (el máximo legal es de tres años), podrá perder su empleo y el Ayuntamiento estará obligado a indemnizarlo con cantidades que podrían alcanzar los 50.000 €. Lo mismo para un elevado número de personal laboral”. Asimismo, Armando Plaza indica que estos trabajadores estarán en su derecho de solicitar una compensación por daños y perjuicios; sin embargo, “no nos consta que el Consistorio tenga partida presupuestaria aprobada para hacer frente a estos costes. No conocemos presupuestos para sustentar esta oferta de empleo publicitada como histórica”.
En la misma línea, existe jurisprudencia que avala la tesis de Somos Sindicalistas en cuanto a la necesidad de disponer de una partida presupuestaria que contemple los gastos ocasionados de la OEP del consistorio murciano, como la Sentencia nº339/2009 del Tribunal Superior de Justicia: “En los presupuestos se han de recoger obligaciones fijadas por Ley o por acuerdos anteriores firmes”, expuso la Sala de lo Contencioso de Burgos en el año 2009. En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia desestimó las reclamaciones efectuadas a los Presupuestos de 2018 por Somos Sindicalistas, respondiendo el Pleno que los costes de la OEP se generarán en el año 2019, por lo que no tienen que estar reflejados en el presupuesto de 2018. Esta actitud del Ayuntamiento es, para este sindicato, “una manera de dejarle la deuda que se va a crear al nuevo equipo de gobierno que llegue tras las elecciones, con el añadido de que tal gasto no servirá para mejorar la eficiencia del servicio público, pues la experiencia acumulada se perderá al desprenderse tan alegremente de estos trabajadores. Cabe la posibilidad de que haya Servicios Municipales que cambien de golpe todos sus componentes”, lamenta Armando Plaza a este periódico.
“Los trabajadores de 'colaboración social' se irán a la calle”
Somos Sindicalistas considera que los empleados “con más posibilidades de perder su empleo” son los que se vinculan a los antiguos puestos de 'colaboración social' y que afectará a cerca de 300 personas. Este grupo de trabajadores (antiguos parados de larga duración o en riesgo de exclusión social) están en la plantilla del Ayuntamiento bajo esta categoría desde hace años, pero “posteriormente el Tribunal Supremo, en 2014, declaró que era un fraude, por lo que el Consistorio los readmitió como 'personal laboral indefinido no fijo'”, explica Armando Plaza. En esta misma línea, el sindicalista indica que estos antiguos empleados de 'colaboración social' son mayores de 50 años y que “no podrán optar al puesto mediante la OEP al no estar en las mismas condiciones que otros posibles candidatos. Se irán a la calle en peores condiciones que cuando entraron”, advierte Plaza.
La OEP del Ayuntamiento de Murcia, en los juzgados
Las Bases Generales de la Oferta de Empleo Público cuentan, hasta la fecha, con cuatro recursos en los juzgados Contencioso-Administrativo de Murcia. La judicialización de las bases es, para Somos Sindicalistas, una prueba más de la “irresponsabilidad del Ayuntamiento por continuar con un proceso que puede ser declarado nulo”. En esta misma línea, el sindicato señala que podría darse el caso de que no se pueda celebrar el concurso-oposición y el Ayuntamiento “tendría que devolver, como mínimo, las cuotas de los postulantes”. En este sentido, la situación se agravaría aún más, recuerda Armando Plaza, si la OEP fuera declarada nula una vez que el proceso hubiese concluido, lo que “obligaría al Ayuntamiento a indemnizar al personal que pierda su trabajo y a los candidatos que ya estén integrados en sus nuevos puestos”.
La Asociación INTERLAB (Asociación de Trabajadores Interinos, Laborales y Temporales del Ayuntamiento de Murcia) ha interpuesto dos de esos recursos vía contencioso-administrativo. Para este colectivo, la Oferta de Empleo Público “no respeta los principios legales de igualdad, mérito y capacidad, y amenaza con dejar en la calle a cientos de interinos que entraron en los últimos años en el Consistorio a través de diferentes bolsas”, declaran desde INTERLAB a este medio.
Somos Sindicalistas pone sobre la mesa dos soluciones para evitar las posibles consecuencias de esta OEP: un concurso de méritos extraordinario o una oposición restringida para funcionarios interinos. Para Armando Plaza, ambas propuestas “son perfectamente legales y evitarían las indemnizaciones por despido”. En este sentido, el sindicalista recuerda que el PP de Extremadura, mismo partido que gobierna en la ciudad de Murcia desde hace más de 23 años, haya defendido recientemente una de estas fórmulas para evitar que más de 5.000 trabajadores temporales se vieran afectados por la OEP de la Junta extremeña.
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