El Gobierno foral defiende que garantiza la atención sanitaria a migrantes “de facto” mediante “apaños y parcheos”

El Gobierno foral ha defendido este martes que garantiza “de facto”, aunque no “legalmente”, la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular mediante “apaños y parcheos” para no cobrar por los servicios prestados por el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea). Así lo ha manifestado en el Parlamento de Navarra el director general de Salud, Carlos Artundo, quien ha sostenido que el actual sistema de facturación “no se puede eliminar”, luego de tumbar el Tribunal Constitucional la Ley Foral 8/2013 recurrida por el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy y que pretendía “garantizar” la universalidad de la atención sanitaria.

El director general de Salud, Carlos Artundo, ha comparecido en comisión junto a Patricia Ruíz de Irizar, directora general de Políticas Migratorias y Justicia, a petición de Navarra Suma –UPN, Ciudadanos, PP-. Desde este grupo, Jorge Esparza, ha preguntado concretamente a Artundo “si considera que existe en Navarra una prestación de la sanidad universal existiendo un sistema de pre facturación”, si el Gobierno tiene la intención de eliminarlo y si se trata de una práctica “ilegal”, como manifestara en 2013 la hoy directora general cuando Ejecutivo foral lo presidía Yolanda Barcina (UPN). En su respuesta, el director general de Salud ha asegurado que la asistencia sanitaria es “universal de facto en Navarra, pero no legalmente hablando” tras recurrir entonces el Gobierno de Rajoy la norma que pretendía universalizar dicha asistencia. Así, ha manifestado que el Departamento de Salud hace “apaños y parcheos” con el fin de “minimizar los impactos negativos que para las personas migrantes tiene el hecho de que no esté reconocida por ley la universalización de la asistencia sanitaria, intentando paliar esos efectos no cobrando la asistencia sanitaria”.

Artundo ha explicado que el sistema de facturación es un “procedimiento administrativo” y “habitual”, sobre todo en el Hospital Universitario de Navarra. Con todo, aunque se emitan facturas “en algunos supuestos”, ha defendido que en la comunidad foral “se atiende a todo tipo de personas sin distingo”. Ha asegurado que este sistema “no se puede eliminar” por “dificultades técnicas insalvables” pero que el trabajo va dirigido a facilitar, si es posible, a no emitir facturas a personas en condiciones de vulnerabilidad y falta de recursos económicos. De hacerse, ha dicho, se procura que sea “papel mojado” a través de un procedimiento establecido.

Según ha abundado Artundo, en la comunidad foral un 1,4% de la población no tiene reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Entre otras, este grupo lo representan las personas con permiso de residencia y con menos de un año de empadronamiento en España, quienes no han tramitado este derecho o están en proceso, no están en posesión de la tarjeta europea o no la han presentado al recibir la atención. “En estos casos se recibe la asistencia sanitaria, tras la cual se genera un parte que da lugar a una factura automatizada”, ha explicado. “Si no cambiamos la ley que el Estado recurrió, tenemos dificultades para regular de forma clara y explícita”, ha apuntado.

También en este punto ha coincidido durante su intervención Patricia Ruiz de Irizar, quien ha achacado a las “barreras” legales del Gobierno del PP “con el apoyo de UPN” la dificultad de no realizar la facturación en urgencias a personas migrantes, también a raíz del Real Decreto 16/2012 y los recortes en Sanidad. Pese a no poder evitarlo, ha apuntado a la voluntad de mejorar la información sobre el derecho a la atención sanitaria a las personas migrantes, que pueden acogerse a la exención del pago de la factura o al fraccionamiento del mismo. En este sentido, ha asegurado que los casos de vulneración del derecho a la atención sanitaria comunicados por parte de entidades sociales en lo que llevamos de año han sido subsanados. “Está claro que el Gobierno de Navarra tenemos la plena voluntad de evitar las barreras en el acceso a la Sanidad y cualquier desprotección de personas migrantes en situación irregular”, ha defendido.

En su turno de intervención, el portavoz de Navarra Suma ha recordado lo manifestado por la Patricia Ruiz de Irizar antes de llegar a la dirección general de Políticas Migratorias cuando era miembro de la oenegé Médicos del Mundo, quien expresó, ha dicho, que “la facturación en urgencias es una práctica habitual pero ilegal”. En este sentido le ha pedido saber si opina que la eliminación del sistema de facturación es voluntad política o, por el contrario, que pida disculpas. “Si se da cuenta que no es una cuestión de voluntad política diga que estaba equivocada. O que lo dijo por desconocimiento o por interés político de sacudir al Gobierno de UPN”, ha señalado, para criticar también que la campaña informativa sobre el derecho a la asistencia sanitaria en los servicios de urgencias no se ha llevado a cabo desde que fuera anunciada el pasado mes de marzo. Por su parte, la parlamentaria del grupo socialista Virginia Magdaleno ha valorado el trabajo que el Gobierno de Navarra está realizando al respecto y ha defendido “la voluntad férrea del PSOE de garantizar las prestaciones sanitarias a las personas inmigrantes”.

En su turno de intervención, desde Geroa Bai Ana Ansa ha criticado la “consecuencia de un marco legislativo” vigente, ya que, a su juicio, el problema no es solo un problema de gestión o de procedimientos de facturación. Ante ello, ha abogado por trabajar para “evitar tener que poner parches”. También el portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha criticado los recortes del anterior Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy y el Real Decreto que “decidió un colectivo al que le iba a restringir el acceso a la sanidad, el colectivo migrante irregular, probablemente el más vulnerable e indefenso”. También ha lamentado que el PP recurriera “la ley foral que venía a garantizar la asistencia sanitaria”. A este respecto, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha acusado a UPN, entonces en el Gobierno de Navarra, de no hacer nada al respecto. “No les escuché reclamar ni denunciar ni negociar que la ley foral no llegase al Tribunal Constitucional. Gobernaban aquí y en el Estado con mismo color y lo que hicieron fue arrodillarse, claudicar y callar”, ha zanjado.