De Miguel no quiere que Alberdi vuelva a declarar contra él en el juicio
El abogado de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de hasta 21 delitos de corrupción y que se expone a 54 años de cárcel, no quiere volver a enfrentarse al testimonio de Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que denunció en 2009 que el político le había exigido una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Alberdi, en tres largas jornadas celebradas en marzo, ratificó su denuncia punto por punto durante el juicio del 'caso De Miguel' que ella destapó y que se celebra este año en la Audiencia Provincial de Álava y además reveló el precio que ha pagado a nivel profesional y personal por haber dado ese paso contra un dirigente de un partido, el PNV, al que estaba vinculada familiarmente. El letrado Gonzalo Susaeta, del bufete Cuatrecasas, ha reclamado en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es que el tribunal “reconsidere” la “utilidad” de que, como está previsto, Alberdi vuelva a comparecer el 2 de julio. Extiende su petición a las nuevas comparecencias de Beatriz Vicinay y Juan Antonio Alberdi, socia y padre de la denunciante, respectivamente, y que confirmaron que De Miguel le había reclamado esa cantidad de dinero por el contrato que su empresa Urbanorma Consulting recibió 'a dedo' desde Miñano. La pareja también había sido convocada para esa misma jornada.
“Tanto Ainhoa Alberdi como Beatriz Vicinay han declarado ya dos veces durante las sesiones del presente juicio oral [Alberdi en sesiones repartidas en tres días], siendo objeto de largos interrogatorios por parte del ministerio público, preguntándose a las mismas [sic] incluso por cuestiones ajenas a las circunstancias fácticas señaladas en el escrito de acusación del ministerio fiscal. El señor Alberdi declaró asimismo en una de las sesiones [...], siendo predicable respecto a este testigo lo mismo”, explica Susaeta. Y añade: “Difícilmente cabe siquiera imaginar sobre qué extremo o circunstancia fáctica, nueva, no tratada, pudieran dar testimonio en estas sesiones de julio”.
Alberdi, como Vicinay y su padre, están llamados como testigos de cara al último de los 12 bloques en que se ha dividido el macroproceso. Los dos primeros, que motivaron sus primeras apariciones en marzo, fueron los relativos a la exigencia de la comisión de 100.000 euros en Miñano -petición que De Miguel formalizó en su despacho oficial de la Diputación y usando el 'email' oficial, según Alberdi- y a otra segunda adjudicación bajo sospecha en el parque tecnológico.
El último de los apartados del juicio es, precisamente, el que da pegamento al 'caso De Miguel', la imputación de asociación ilícita que formula el fiscal, Josu Izaguirre, contra el grueso de los imputados, a los que acusa de haber conformado una trama para, en última instancia, facilitar el cobro de comisiones o la manipulación de contratos públicos. Poco tienen que ver Miñano, los contratos 'a dedo' de la Dirección de Juventud que no consta que se ejecutaran o la recalificación urbanística de Zambrana, salvo que los protagonistas y empresas se repiten miméticamente en todas y cada una de ellas con De Miguel como presunto cerebro. La reciente sentencia del 'caso Gürtel', por ejemplo, incorpora una condena por asociación ilícita similar a la que exige Izaguirre.
Lograr la absolución de De Miguel en este apartado sería un éxito para la defensa del político y una nueva declaración comprometedora de Alberdi, de su padre y de Vicinay sobre la exigencia de comisiones ilegales constituiría un obús en su línea de flotación. “¿Qué intervención o razón de conocimiento podrían ofrecer en referencia al denominado Bloque 12?”, se pregunta Susaeta.
A su juicio, la Fiscalía va a tratar de 'mejorar' las declaraciones iniciales de estos tres testigos “en un sentido más próximo a sus tesis o intereses”. “Es una suposición, pero desde luego factible”, abunda Susaeta, quien también aprovecha el escrito para cuestionar la “peculiar” investigación de este caso, llevada a cabo por el magistrado Roberto Ramos y que también constató la existencia de un entramado en torno a la figura de De Miguel. Para completar sus dudas sobre estos testimonios, el abogado sostiene también que podrían verse contaminados por “comentarios realizados por diversos medios de prensa”.
Susaeta avisa también de que Pilar Lasa, madre de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, “podrá acogerse” al derecho que asiste a los testigos con relación directa con acusados de no declarar en su contra. Esta mujer, citada igualmente para el 2 de julio, fue contratada por la mercantil Kataia Consulting, supuesta tapadera de la red de cobro de comisiones. Según la acusación, fue un contrato ficticio para simular gastos en una sociedad con escasa actividad pero elevados ingresos.
