La Ertzaintza se felicita por el acuerdo con el Gobierno central y planifica OPE hasta 2021 con 1.250 plazas
Este viernes todo eran caras de alegría en el Departamento de Seguridad. La consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, ha acogido “con gran satisfacción” el acuerdo entre el PP y el PNV en el Congreso de los Diputados para que el decreto-ley sobre empleo público recoja una disposición específica que permite a la Ertzaintza no sólo cubrir el 100% de sus jubilaciones en un futuro sino dar “seguridad jurídica” a las dos últimas OPE, recurridas por el Gobierno central precisamente por superar el número máximo de plazas autorizado en los presupuestos generales. El Gobierno vasco, en este sentido, ha presentado ya una planificación de “renovación generacional” de una Policía vasca con una edad media superior a los 45 años y que afronta una cascada de jubilaciones. Ya hay convocatorias de acceso convocadas hasta 2021 con un total de 1.250 plazas.
“Salimos de una situación de bloqueo que nunca debió haberse producido”, se ha felicitado Beltrán de Heredia en una comparecencia extraordinaria celebrada ante los medios de comunicación este viernes por la tarde en la academia de Policía de Arkaute, donde se forman los ertzainas desde el origen del cuerpo hace 35 años. En el Departamento de Seguridad hay sensación de alivio por poder presentar ya un calendario de OPE a largo plazo en una legislatura en la que se prevén al menos 1.300 jubilaciones, la antesala de un quinquenio 2020-2025 en el que colgarán ya la 'txapela' los últimos integrantes de aquellas grandes promociones de la década de 1980 que sirvieron de base para la nueva Policía vasca de uniforme rojo que relevó en las carreteras a la Guardia Civil y en las ciudades a la Policía Nacional.
Para demostrar que no se trata de ninguna exageración, Beltrán de Heredia ha dicho que en los 92 días de 2017 se han jubilado 98 agentes y que 125 han hecho ya la solicitud. Y ha añadido: “Ahora toca empezar a recuperar el tiempo perdido”. Es más, si la plantilla oficial es de 8.000 efectivos, en este momento los disponibles son ya 7.660.
20 de mayo, examen para ingresar en la Ertzaintza
Según los planes de Beltrán de Heredia, la primera medida será celebrar en mayo los exámenes de la promoción XXVI, ahora mismo en “stand by” porque pendía sobre ella el recurso del Gobierno central y un precedente desfavorable, el de la promoción XXV, igualmente recurrida por el Ejecutivo del PP y con sentencia favorable a sus intereses en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los 3.000 aspirantes, que también han sufrido un retraso por un cambio de temario, se examinarán finalmente el 20 de mayo en busca de una de las 250 plazas ofertadas, que podrían ser “ampliables” en caso de necesidad, según ha dicho la consejera.
Esta nueva hornada de policías se graduará en el verano de 2018. A partir de ahí, cada verano saldrá una nueva promoción de Arkaute. La XXVII (300 plazas para las que se abrirá el plazo de inscripción este mismo año) estará en la calle en 2019, la XXVIII (300 plazas) en 2020 y la XXIX (400 plazas) en 2021. No hay previsiones todavía para la siguiente legislatura, pero si Euskadi desea mantener una plantilla próxima al despliegue autorizado por el Ministerio del Interior (8.000 efectivos) ha de mantener el ritmo de OPE y aumentar su volumen.
Fuentes de Arkaute asumen que será imposible volver a un modelo de promociones de casi 800 efectivos, como en los orígenes del cuerpo. Es imposible porque la academia, ahora no sólo de la Ertzaintza, sino de otros servicios de emergencias, no tiene capacidad física para ello. Las habitaciones para los internos son ahora más espaciosas que hace tres décadas y los propios planes de formación tiene un límite de alumnos. Sin embargo, habrá también obras en el centro para mejorar sus prestaciones. “Vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a solventar primero la situación hasta 2020”, ha manifestado Beltrán de Heredia preguntada por la siguiente fase en este proceso de renovación en uno de los símbolos de la autonomía del País Vasco.
El amigo Zoido
El acuerdo entre el PP y el PNV se sustancia en un decreto-ley sobre empleo público que en el plazo de un mes ha de ser convalidado en las Cortes Generales, donde los nacionalistas no se opondrán al texto del Gobierno a pesar de que el Ejecutivo autonómico criticara duramente su contenido cuando se pactó entre el PP y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. El siguiente paso será que el Estado retire, por un lado, el recursos contra la XXVI promoción y que desista en ejecutar la sentencia para reducir la XXV, de 250 efectivos ya graduados y funcionarios en prácticas. El Gobierno vasco había recurrido este fallo ante el Tribunal Supremo, aunque esta apelación se convierte ahora en innecesaria. Según Beltrán de Heredia, los servicios jurídicos autonómicos “están trabajando ya” en estos flecos. Según el Gobierno central, aún no hay un mandato político para retirar los recursos, si bien no se obstaculizará ningún movimiento del Departamento de Seguridad.
Este proceso ha demostrado que Beltrán de Heredia ha encontrado en el nuevo ministro del Interior, el andaluz Juan Ignacio Zoido, un interlocutor de confianza, a diferencia de lo que ocurría en la pasada legislatura con el catalán Jorge Fernández Díaz. En la rueda de prensa, la consejera del PNV ha agradecido expresamente a Zoido “su apoyo a la Ertzaintza” y que haya intercedido con el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro para que levante las restricciones a las OPE de la Policía vasca. En privado, el Gobierno vasco reconoce que este conflicto le ha generado desvelos importantes y que la sensación de satisfacción es muy grande.
Zoido también accedió a reunir “antes del verano” la Junta de Seguridad, órgano bilateral que sienta al Ministerio del Interior y al Departamento de Seguridad. Beltrán de Heredia llevaba años reivindicando este foro para reclamar para la Ertzaintza un estatus de igualdad con Policía Nacional y Guardia Civil en materias como la lucha contra el yihadismo y el intercambio de información policial con terceros países. Asimismo, Euskadi también reclama un “ajuste” del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado tras el final de ETA, ahora más si cabe a la luz de la entrega de las armas del próximo 8 de abril.