España deberá indemnizar a los etarras de la T4 por malos tratos policiales
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Reino de España al considerar suficientemente demostrados los malos tratos policiales que sufrieron los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado contra la T4 de Barajas en 2006, en el que fallecieron dos personas. La corte europea con sede en Estrasburgo entiende que España vulneró el artículo 3 de la Convención Europea de Libertades Fundamentales, que prohíbe la tortura, al no estimar la denuncia de ambos terroristas, detenidos por la Guardia Civil en 2008.
El tribunal considera probado “trato inhumano y degradante” a los etarras, pero aclara que no puede considerarse tortura, ya que no hay suficientes pruebas de las acciones de los guardias civiles contra Portu y Sarasola y al hecho de que los denunciantes no alegaran consecuencias a largo plazo de esas lesiones.
“En la medida en que los demandantes no han alegado que las lesiones en cuestión han tenido consecuencias a largo plazo para ellos, y a falta de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato infligido, el Tribunal estima que los malos tratos infligidos a los demandantes no pueden ser calificados como torturas. No obstante, fueron suficientemente graves para ser considerados como trato inhumano y degradante”, dice la sentencia.
El fallo apela al fondo de la cuestión, a las lesiones sufridas, pero también a las formas, a las cuestiones procesales de todo el procedimiento en España. El fallo insta al Estado a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, a los dos denunciantes por “daños morales”. Si bien la condena es unánime, las cuantías para la reparación han sido acordadas por cuatro votos contra tres en el seno del tribunal.
Portu y Sarasola fueron condenados a 1.040 años de cárcel por el atentado contra la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas. Esta acción terrorista ocurrió el 30 de diciembre de 2006, murieron dos ciudadanos ecuatorianos y supuso el final 'de facto' de la tregua decretada meses antes por ETA y que había desembocado en una negociación con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los terroristas fueron detenidos el 6 de enero de 2008 y actualmente cumplen condena en dos prisiones distintas de Andalucía. En paralelo a la investigación del atentado, se llevó a cabo otra por las denuncias de torturas. En diciembre de 2010 la Audiencia Provincial de Gipuzkoa consideró probado que cuatro de los guardias civiles que formaban parte del operativo de 15 agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) insultaron, amenazaron de muerte y golpearon a los terroristas, a los que, tras su detención en la localidad de Arrasate-Mondragón, habrían trasladado a una pista forestal para maltratarles.
El Tribunal Supremo, en cambio, absolvió a los guardias condenados en noviembre de 2011. “También debe tenerse en consideración que la estrategia de presentar denuncias falsas y la previa elaboración de ‘kantadas’ se aprende en la llamada ‘eskola’ y todo activista de ETA está obligado a poner en práctica”, arguyó el alto tribunal. “Concretamente, en su declaración afirman [Portu y Sarasola] que los policías les propinaron patadas y puñetazos en número abundante sin pensar que esa asombrosa e increíble cantidad de agresiones deberían dejar necesariamente huellas y su ausencia es lo que consigue devaluar o descalificar su testimonio”, se podía leer también en aquel fallo. Finalmente, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de los denunciantes, lo que llevó el caso hasta Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en otras siete ocasiones a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. Sin embargo, esta ocasión es la primera en la que un caso había agotado todo el recorrido judicial interno antes de llegar a Estrasburgo.
“España tiene que tomar nota”
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que la sentencia es “clara” y que “da por probadas” las torturas. Por ello, ha pedido al Gobierno de España que “tome nota” e implemente “medidas para que no se reproduzcan estas expresiones”. Erkoreka, asimismo, ha destacado el especial valor de este caso, ya que en los pronunciamientos anteriores de Estrasburgo el tirón de orejas era por no investigar y no porque quedasen acreditados los malos tratos policiales.
