Euskadi evita las prohibiciones en su ley para reducir el uso del coche y apuesta por hacer atractivo el transporte público
Coincidiendo con la celebración en Madrid de la cumbre mundial contra el cambio climático, el Gobierno vasco ha presentado este martes en Vitoria su proyecto de ley de movilidad sostenible, elaborado desde el área de Desarrollo Económico e Infraestructuras y no desde la de Medio Ambiente y que ahora será enviado al Parlamento. Uno de los objetivos troncales de esa normativa es adoptar medidas “tendentes a la disuasión del vehículo privado” y singularmente del “impulsado por la combustión de derivados del petróleo”, al que se le achaca estar detrás de dos tercios de los “costes de cambio climático” con un efecto de hasta el 2,4% en el PIB europeo. Pero no contendrá prohibiciones ni plazos.
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La consejera Arantxa Tapia, frente a las voces que abogan ya por la prohibición total de los motores diésel o de gasolina en un horizonte más o menos cercano en el tiempo y singularmente en áreas urbanas -Baleares aludía a 2025 y en España se habló de 2050-, ha recalcado que “lo disuasorio no tiene por qué ser lo prohibitivo”. Ha explicado que el objetivo de la ley no son las “prohibiciones” sino hacer atractivo el transporte público con buenos horarios y precios competitivos de modo que sea innecesario valorar el uso del automóvil. El propio texto aprobado por el Ejecutivo incide en limitaciones “proporcionales” y “justificadas” y no en vetos. Tapia ha puesto el ejemplo de los “aparcamientos disuasorios” a la entrada de las ciudades como una de las “alternativas reales”, aunque se ha cuidado en ser “muy respetuosa” porque determinadas restricciones al tráfico competen a las ciudades en exclusiva. Todos los municipios vascos de más de 5.000 habitantes tendrán que aprobar planes de movilidad que serán más exigentes para los de más de 20.000.
Así las cosas, el grueso de las medidas están orientadas a regular el transporte público. Entre las propuestas está la de “electrificar” líneas de autobús -se han citado los casos del BEI de Vitoria, Donostia o Leioa-, extender tranvías y, sobre todo, sacar de la carretera para mover por ferrocarril una parte del tráfico de mercancías y, si es posible, también de personas. “[Hay que] Incorporar redes ferroviarias como el eje estructurante de la oferta de transporte público. Este objetivo supone considerar el transporte por carretera complementario del ferroviario y no sobre ofertar servicios por carretera en áreas geográficas con oferta suficiente de servicio ferroviario”. Además, se unificarán tarifas y métodos de pago para facilitar trasbordos.
El gran problema del texto es que llega en el tramo final de la legislatura y con serio riesgo de que el Parlamento no tenga margen para su tramitación y aprobación definitiva. Ocurre lo mismo con otras tres leyes 'verdes' del Gobierno de Iñigo Urkullu propuestas por el área de Medio Ambiente que dirige el socialista Iñaki Arriola, la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Ley de Administración Ambiental (ya presentadas) y la Ley contra el Cambio Climático (en fase de alegaciones y que podría llegar a principios de 2020).
Este mismo martes el consejero Arriola ha indicado que Euskadi “no se puede relajar” ante la emergencia climática porque “las regiones son una pieza fundamental” en materia medioambiental. Euskadi, según ha indicado, tendrá una intensa agenda en Madrid durante la cumbre internacional y ya viene de organizar otros eventos como 'Change the change'. La consejera Tapia ha apostillado que una treintena de empresas presentarán en la COP 25 sus planes ante el reto climático.
