El Gobierno iniciará en 2018 el reconocimiento de víctimas de violencia policial a pesar del Constitucional
El Gobierno vasco hará encaje de bolillos para iniciar en 2018 el reconocimiento de las víctimas de violencia policial a pesar del recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre toda la ley aprobada en el Parlamento Vasco en 2016 y a pesar también de que varios artículos de importancia son inaplicables por estar suspendidos mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional a instancias de la Abogacía del Estado. Según ha explicado el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, en el Parlamento Vasco, donde ha comparecido para explicar los presupuestos de su oficina de cara al próximo año, es intención del Ejecutivo constituirel próximo año la denominada “comisión de valoración” encargada de atender las solicitudes e iniciar ya el pago de las indemnizaciones previstas en la ley en caso de que se acredite la condición de víctima con algún tipo de resolución judicial (que no sentencia) o administrativa
Fernández ha reconocido que existen partes de la ley suspendidas, pero ha indicado que el resto de las disposiciones se pueden ir aplicando para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de atender a “todas” las víctimas, sean del terrorismo o de otras violencias. De hecho, en los presupuestos de 2018 se ha previsto una primera partida presupuestaria de 1,4 millones de euros, como publicó eldiarionorte.es la pasada semana, si bien fuentes gubernamentales ven complicado que la comisión, aunque inicie sus trabajos, pueda resolver las solicitudes ya en 2018.
El principal punto de fricción entre el Estado y la comunidad autónoma en torno a esta ley -el Gobierno central ve legítimo y “loable” establecer medidas reparadoras para este colectivo- radica en que se interpreta que Euskadi no puede investigar por vía administrativa abusos policiales por encima de los tribunales y de su sistema de garantías. El recurso de la Abogacía del Estado, de hecho, pretende que el Tribunal Constitucional tumbe el conjunto de la ley, si bien la suspensión cautelar hasta que llegue la sentencia sólo afecta a una parte del articulado, más en concreto a muchas de las disposiciones que regulan el trabajo de la comisión de valoración.
La oficina de Derechos Humanos reconoce que los casos que podrán ser atendidos, los que ya tengan una resolución judicial o administrativa que acredite su condición de víctimas y sortee las dudas competenciales sobre el resto de expedientes, serán los menos, aunque entienden que es su obligación iniciar el proceso de reconocimiento e indemnización. En paralelo, el Gobierno vasco mantendrá la batalla jurídica para evitar que el Constitucional tumbe la norma. La oficina de Fernández sostiene que se trata de un texto ajustado al derecho internacional aplicable en la materia y que las normativas de reconocimiento de las víctimas del terrorismo funciona de manera similar sin que se entienda que suplanta el papel de los tribunales.
Durante la comparecencia parlamentaria, Fernández también ha explicado que en 2018 el Gobierno iniciará los trámites para la aprobación del derecho dirigido a promover la reinserción de los presos condenados por terrorismo, con el que se pretende dar “cobertura” normativa a estos precesos que incluirían el acercamiento de los reclusos de ETA. La competencia de Prisiones y también la de política penitenciaria no está en manos del Ejecutivo autonómico sino del Estado. Precisamente el traspaso de la gestión de las tres cárceles vascas constituye, junto con la Seguridad Social, una de las demandas del Gobierno de Iñigo Urkullu al presidente Mariano Rajoy para completar, casi cuatro décadas después, el Estatuto de Gernika.
