El Gobierno vasco sonríe: la oposición no obstaculizará las medidas presupuestarias en el Parlamento
Los estrategas del Gobierno de Iñigo Urkullu pueden sonreír. La semana se inició activando el 'plan C' de los presupuestos de 2019 tras el fracaso de la negociación de diciembre y las críticas de la oposición a la propuesta en un solo lote de medidas urgentes para la gestión de la prórroga presupuestaria. Y ha terminado en el Parlamento con el Ejecutivo recibiendo en público y en privado garantías de que sacará adelante las tres leyes de contenido económico que se votarán la semana próxima y con la oposición dividida.
Este martes se conocía que el Gobierno retiraba la propuesta inicial de gestión de la prórroga ante el “riesgo” de que no pudiera superar el trámite parlamentario con PNV y PSE-EE en minoría. A cambio, se troceaba en tres partes, una con medidas sociales (actualización de las ayudas sociales), otra con políticas educativas (mejora de los conciertos educativos y de la financiación de la Universidad pública) y una tercera con la subida salarial de los funcionarios (2,25%). Eso sí, el procedimiento parlamentario que se seguirá ahora será el mismo: un sistema de lectura única que no permite la negociación de enmiendas parciales y que obliga a los partidos a votar 'sí' o 'no' a la totalidad.
Llegado el viernes y, con él, la primera sesión de control al Gobierno tras el parón de Navidad, el Ejecutivo puede dar por asegurada la aprobación de la totalidad de medidas previstas. Y eso a pesar de que los tres partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han mantenido debates broncos con los consejeros de Urkullu y con el propio lehendakari a lo largo de la mañana.
El gesto de Elkarrekin Podemos...
El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha garantizado desde primera hora la aprobación de dos de las tres propuestas merced a la abstención de esta coalición. “Actuaremos de manera responsable y seremos útiles”, ha alegado sobre la subida a los funcionarios y la actualización de la renta de garantía de ingresos (RGI). No es un 'sí' porque la primera ley se aplicará también a los altos cargos y porque la segunda no revierte del todo los recortes aplicados en el sistema de prestaciones sociales desde 2011, ha abundado Martínez.
Este movimiento de Elkarrekin Podemos, sin embargo, dejaba aún en el aire la tercera pata del paquete económico del Gobierno, con financiación extra para la educación concertada en un contexto de huelgas y movilizaciones. Pero ahí quien no se opondrá será el PP. Fuentes 'populares' confirman también a este periódico que no ven mayores problemas con la subida funcionarial, aunque en su caso el 'no' será tajante con los cambios en la RGI (3,5% como normal general y 4,5% para los complementos de pensiones). No consideran apropiado que crezca más que las nóminas de los empleados públicos.
...que critica EH Bildu
En este contexto, EH Bildu ha criticado con dureza el anuncio de Elkarrekin Podemos por entender que es un “cheque en blanco” y un “regalo” al Gobierno de Urkullu sin negociar contrapartidas. En medios parlamentarios se apuntaba a que iba a ser precisamente la coalición abertzale la que tuviera el gesto de dejar pasar las leyes presupuestarias, pero su portavoz Iker Casanova, en rueda de prensa, no sólo lo ha negado implícitamente sino que ha sugerido que “no se puede dar pase” a las medidas del Ejecutivo por ser insuficientes.
Casanova ha dicho que el anuncio de EH Bildu “ha impedido apurar las posibilidades” de negociación porque “se podían conseguir cosas”. El procedimiento de lectura única, sin posibilidad de cambios, no es obstáculo, según ha indicado, para buscar acuerdos en otros ámbitos. Ha citado, por ejemplo, la reforma general de la RGI que sigue viva en la Cámara y que se podía haber vinculado a la actualización de cuantías que se votará la semana que viene. Casanova, preguntado por los periodistas, no ha aclarado en todo caso el sentido del voto de su formación en cada una de las tres partes del debate de la semana que viene.
A vueltas con las transferencias
El calendario aprobado por el Gobierno central para la transferencia de 33 competencias recogidas en el Estatuto de 1979 y pendientes de cesión también ha sido objeto de debate. Por una parte, la consejera socialista María Jesús San José, ha defendido la inclusión -para la parte final de las negociaciones- del traspaso de Prisiones y ha destacado que el paso de desarrollar la 'ley de leyes' vascas ha llegado con su partido en La Moncloa. “Nunca había habido un compromiso público tan preciso y creo que tiene un inmenso valor político”, ha proclamado.
En el sentido contrario, Unai Urruzuno, ha lamentado que el cronograma excluya expresamente la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a pesar de estar recogida en el Estatuto, una “ley orgánica sometida a referéndum” que se estaría incumpliendo. Urruzuno ha anunciado que EH Bildu presentará una moción para que el Parlamento reclame su inclusión en el cronograma aunque ha adelantado su pesimismo con la actitud del Gobierno central.
En los próximos días, precisamente, el Ministerio de Meritxell Batet tendrá que entregar la primera propuesta de transferencias con 7 de las 33 pendientes. Se espera que el trámite resulte sencillo porque son las materias menos complejas y porque hace unos meses ya estableció una metodología para dos pequeños traspasos, el de un tramo de la autopista AP1 y el de dos ramales de ferrocarril. En este sentido, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha pedido a EH Bildu no “pintar de oscuro” desde el principio una negociación que ni siquiera ha arrancado.
