El “riesgo” de la minoría en el Parlamento lleva al Gobierno de Urkullu a trocear su ley presupuestaria
La situación de minoría del Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco se ha vuelto a hacer notar este martes. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha decidido rectificar y, solamente siete días después de su presentación, ha retirado el proyecto de ley para la gestión de la prórroga presupuestaria ante la evidencia de que, si hubiese sido votado como un bloque, podría no haber prosperado dados los recelos esgrimidos por EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Cabe recordar que este debate se abrió precisamente porque el Gobierno no logró apoyos parlamentarios en diciembre para aprobar el proyecto presupuestario original.
Como publicó este periódico, los servicios jurídicos habían concretado en un informe que el procedimiento elegido por el Ejecutivo se ajustaba al Reglamento. Es decir, era legal y legítimo políticamente plantear que todas las medidas económicas contempladas en la denominada ley de acompañamiento de las cuentas se votaran de una vez y sin posibilidad de enmiendas por parte de la oposición. No obstante, un paquete de medidas que individualmente podrían prosperar sin mayores problemas corrían el serio riesgo de naufragar al ser planteado el debate como un todo o nada.
Las tres medidas principales del proyecto eran la subida salarial del 2,25% para los funcionarios, la actualización de las cuantías de la renta de garantía de ingresos (del 3,5%, aunque los complementos de pensiones crecerían más) y la mejora en la financiación de la escuela concertada. El PP ya avisó de que no entraría a valorar una subida de las ayudas sociales mayor que el salario del personal público y Elkarrekin Podemos era crítico con la inyección a la concertada. EH Bildu, menos claro, había incidido más en la forma y, de hecho, promovió el informe jurídico para explorar una posible votación por puntos.
Según ha informado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, justamente se reformulará la ley única en tres textos separados. El hombre de los números de Urkullu ha reconocido el “riesgo” de derrota y el Ejecutivo entiende que de esta manera podría lograr sacar adelante un paquete de medidas que, en conjunto, están valoradas en 250 millones de euros. Podría ocurrir, incluso, que se produjera una geometría variable, es decir, que el Gobierno saque con el PP las medidas educativas y con otros grupos el resto.
Nuevamente, el procedimiento para la tramitación de estas tres leyes será el de lectura única, es decir, en votación única y sin posibilidad de cambios o enmiendas. El informe jurídico de los letrados del Parlamento remarca que es “decisión política” del Gobierno el optar por este sistema, contemplado para situaciones “urgentes” y que sustituye a los decretos-ley de que disponen otras administraciones como el Gobierno central o las Diputaciones y que no está contemplado en el Estatuto de Gernika. Recuerdan los juristas que no es algo extraño en Euskadi, sobre todo en lo tocante a modificaciones presupuestarias, y citan ejemplos de años anteriores en que las medidas económicas se han adoptado de esta manera.
Reunida este martes a mediodía después de recibir la comunicación del Gobierno, la junta de portavoces ha acordado fijar para el pleno del jueves 14 de febrero la votación de las tres leyes, el mismo día en que se iba a discutir el proyecto único original.
Conocida la noticia de la decisión del Gobierno, la sala de prensa del Parlamento ha acogido un carrusel de declaraciones de los portavoces de los tres grupos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Según informe Europa Press, ninguno de ellos ha aclarado si facilitará o no la aprobación de los tres proyectos en los que el Ejecutivo ha dividido su ley inicial de medidas presupuestarias urgentes, si bien EH Bildu sí ha afirmado que se ha dado un paso “en la dirección correcta” y se ha comprometido a mantener una actitud “constructiva y responsable”.
