El Gobierno vasco recomendó a Zambrana contactar con De Miguel para impulsar la operación urbanística
Mientras la sociedad española continúa digiriendo la sentencia del 'caso Gürtel', en la Audiencia Provincial de Álava prosigue la rutina del juicio por el 'caso De Miguel', que no deja de deparar testimonios sorprendentes que acentúan la confusión en torno a esta macrocausa de corrupción detenida estas semanas en la fallida recalificación urbanística de Zambrana, valorada en 65 millones de euros y que reportó pingües ingresos a los intermediarios que la impulsaron, incluido el que fuera 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel. El menú de invitados este lunes ha incluido un concejal de Urbanismo de Zambrana que no era consciente de que lo fuera -“creo recordar que sí, no tuve que hacer grandes cosas o ninguna”-, un testigo de De Miguel llamado a aportar una documentación exculpatoria que no ha encontrado en ningún lugar y un prestigioso arquitecto catalán que, según ha resumido el juez Jaime Tapia, presidente del tribunal, “cobró 400.000 euros por 17 páginas” sin pisar el País Vasco.
El primero en comparecer ha sido el que fuera concejal de Urbanismo y teniente de alcalde en Zambrana cuando en 2004 se gestó una operación para recalificar del orden de 120 hectáreas de suelo rústico para construir un polígono industrial, Vicente Armentia, del PNV. Armentia había sido propuesto por la defensa de la entonces alcaldesa nacionalista, María Justina Angulo, que es una de las 26 personas imputadas en la causa y que pretende dejar constancia de que Zambrana no puso dinero público en este proyecto. A nadie ha sorprendido que confesara que él mismo era propietario de algunas de las fincas afectadas por la operación, pese a lo cual participó en numerosas reuniones sobre la materia como cargo público. La Fiscalía ya puso sobre la mesa hace dos semanas que familiares de la propia Angulo tenían parcelas sin que se abstuviera.
Lo más llamativo de su comparecencia es que Armentia no recordaba ni siquiera cuáles fueron sus funciones en el Ayuntamiento. “Creo recordar que sí fui nombrado concejal de Urbanismo, pero no tuve que hacer grandes cosas o ninguna. No sé si hubo alguna delegación por parte de la alcaldesa, creo que no”, se ha explicado el exedil nacionalista de la pequeña localidad del sur de Álava, que no alcanza los 400 habitantes. Ha dicho desconocer numerosos informes y documentos que se le han mostrado sobre el polígono industrial, si bien la Fiscalía ha reseñado que sí estaba encima del asunto porque, en cuanto el PNV perdió la Alcaldía en 2007, el propio Armentia interpeló por la situación del plan al nuevo regidor, el independiente Aitor Abecia, de la plataforma AIZ.
Armentia ha indicado que el Ayuntamiento, hacia 2004, tocó la puerta de la sociedad de promoción industrial del Gobierno vasco, Sprilur, para que impulsara el proyecto. Y ha añadido: “Sprilur nos cerró la puerta pero nos dio la posibilidad o la idea de este hombre, que tenía responsabilidad en el partido a la hora de crear suelo industrial”. Mas, ¿quién es “este hombre”? La respuesta: a quien les dirigieron en el Gobierno vasco fue a Alfredo de Miguel, a quien todos llamaban Txitxo y que era 'número dos' del PNV alavés además de directivo en la propia Sprilur. Armentia ha admitido a preguntas del fiscal Manuel Pedreira que mantuvo reuniones sobre la operación con De Miguel, que en 2007 pasó a ser responsable de Urbanismo de Álava en la Diputación y siguió impulsando la operación. En paralelo, la investigación ha mostrado que De Miguel, a través de varias mercantiles pero principalmente Kataia Consulting, obtuvo importantes sumas de dinero de los promotores catalanes de Construcciones Riera (más de 200.000 euros). Fue precisamente el político quien situó a su amigo Iosu Arruti, también compañero de partido, como intermediario de la operación. Arruti firmó con Riera un acuerdo de asesoramiento por 3 millones de euros.
Antes que Riera, Arruti había captado como promotor al empresario navarro Martín Balda Goñi. Tras su acuerdo con Sidepur, la asesoría de Arruti, abonó 278.000 euros a través del Ayuntamiento, que hizo de depositario. Balda Goñi, bajo promesa de decir la verdad y tras la advertencia contra los falsos testimonios, aseguró la pasada semana que ese dinero era para el municipio, en concreto para arreglar calles de Zambrana, y no para el intermediario. Este lunes Armentia ha indicado que ésa no era una competencia del Ayuntamiento, sino de los concejos. “Ese dinero por supuesto que no era para el Ayuntamiento”, ha zanjado. Finalmente, Balda Goñi se bajó del proyecto y recuperó el dinero en su totalidad, sin que los servicios de asesoría aparentemente prestados por Sidepur fuesen descontados.
Sidepur, como asesoría de Riera, realizó abonos a la mercantil que De Miguel compartía con otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Los pagos se justificaban por trabajos de asesoramiento subcontratados. El letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, había citado para este lunes a un directivo de la empresa Urazca, una potente empresa constructora y de servicios que vivió un concurso de acreedores, que tenía que exponer que Kataia Consulting, para la elaboración de sus trabajos en Zambrana, abonó unos 35.000 a su compañía por unos servicios especializados.
Urazca, un invitado colateral en el 'caso De Miguel'
El testigo, Jesús Miguel Aginagalde, ha afirmado que “efectivamente se hacen esos trabajos” para Kataia Consulting. “Esto lo acometieron. A pesar de ser una pequeña cuantía, esto se hizo”, ha señalado Aginagalde, sin concretar a qué se refería con “esto”. Ante estas inconcreciones, el fiscal Pedreira ha preguntado por la documentación que acredita esos servicios y el empresario ha asumido que “la verdad es que sólo ha aparecido el documento en sí de la factura y el recibo de abono”. “Más documentos no hay”, ha apostillado. Quien hizo la tarea encargada habría fallecido y el resto del personal “no ha sabido” explicar qué hicieron para Kataia Consulting en Zambrana, según Aginagalde, quien ha apuntado que el contrato habría sido “verbal”. Ha achacado la inexistencia de soporte documental al “muchísimo ajetreo” que supuso para Urazca el concurso de acreedores. Se da la circunstancia de que Arruti, en la fase de investigación, alegó que muchos de los trabajos justificativos de Zambrana se habían perdido también en una inundación del almacén de Sidepur.
El “delegado” de Urazca que gestionó este contrato fue “Josu Álvarez”, ha dicho Aginagalde. Josu Álvarez es amigo de De Miguel y su esposa, Leire Orueta, exteniente de alcalde de Llodio por el PNV, trabajó para una de las empresas de la trama, Errexal, y cobró en B parte de su nómina, como consta en el sumario. Se da la circunstancia de que la factura de Kataia Consulting a Urazca coincide en fechas (noviembre de 2005) con la contratación por parte de esta compañía de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao. Según explicó ella misma en el juzgado, su misión era elaborar informes para concursos públicos del área de Medio Ambiente en los que participaba la compañía. En el sumario hay un correo electrónico de Josu Álvarez dirigido a De Miguel y Tellería en el que les “agradece” los “esfuerzos” para que Urazca se llevase una adjudicación en la Sanidad vasca y en el que se sugiere que esta trama no pudo imponerse a otra que habría manipulado ese proceso.
Guallart: “400.000 euros por 17 folios” sin pisar Euskadi
El último en comparecer ha sido Vicente Guallart, prestigioso arquitecto catalán de origen valenciano que, como responsable técnico del Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC), fue subcontratado también por Riera para realizar labores de asesoría que teóricamente habían sido pagadas ya a Sidepur y a Kataia Consulting. Guallart no ha recordado ninguno de estos nombres en los documentos que manejó para su trabajo, mientras que el fiscal ha expuesto que cobró una importante suma de dinero próxima a los 400.000 euros por unos informes elaborados por terceros y por un estudio ambiental que no mencionaba la inundabilidad de unos terrenos de Zambrana anejos al Ebro.
Según el juez Tapia, Guallart “cobró 400.000 euros por 17 páginas” sin pisar el País Vasco. El abogado defensor del exgerente de Riera, Francesc Fernández Joval, ha recordado que los nuevos gestores de la compañía ya denunciaron el supuesto quebranto económico interno que supuso la contratación de servicios para Zambrana y que aquel procedimiento se cerró con una sentencia absolutoria para los intereses de Fernández Joval, mientras que Guallart ha indicado si el cliente acepta los honorarios es porque ha quedado satisfecho. Se da la circunstancia de que el presidente del IAAC era el propio Fernández Joval.
Guallart ha lamentado que se cuestione su profesionalidad cuando entre 2011 y 2015 fue jefe de Arquitectura del Ajuntament de Barcelona, con Convergència. La Policía Nacional descubrió que Guallart había sido uno de los beneficiarios de los contratos presuntamente amañados en el museo IVAM de Valencia, según 'El Mundo'. Sobre el arquitecto se decía textualmente en un 'email' incorporado a esa investigación: “Se hace todo corriendo y se adjudica sin que la empresa tenga la documentación administrativa necesaria, falsificando el expediente”.
