El juez reactiva la denuncia penal contra los gestores de La Naval e imputa al expresidente del Consejo
El juez Javier Lanzos Sanz, que investiga la demanda penal interpuesta en junio de 2015 y ampliada en abril de 2017 por varios accionistas minoritarios contra la dirección de La Naval, ha reactivado la causa con nuevas imputaciones. En concreto, en una providencia a la que ha tenido acceso el diarionorte.es, ha llamado a declarar en calidad de investigados al que ha sido presidente del Consejo de Administración del astillero, Arturo Córdoba, relevado recientemente, -en representación de uno de los socios mayoritarios (Ingeteam)- y a los consejeros Felipe García de Eulate -del mismo grupo-, César Aizpuru Arregui -consejero de Naval Namure- y Juan Antonio Díez Montes. El juez les ha llamado a declarar el próximo 27 de noviembre a partir de las 9.15. Los hechos que se investigan pueden ser constitutivos del delito de apropiación indebida y delito societario, según fijo el juez instructor en septiembre de 2016.
El actual consejo esta presidido por la abogada Olga Gilart -en representación del accionista y empresario astuariano afincado en Miami, Manuel del Dago- y se da la circunstancia de que este viernes está prevista la celebración de una junta de accionistas extraordinaria para modificar la composición del citado órgano rector. Además, está pendiente también nombrar a un letrado asesor de la empresa, figura clave ante el inminente concurso de acreedores, una vez que se nombre el administrador concursal que dirigirá los destinos del astillero y su posible continuidad.
El Juzgado número 1 de Barakaldo investiga desde el 4 de junio de 2015 la demanda penal contra la dirección de la empresa y los accionistas mayoritarios instada por uno de los accionistas minoritarios, Iniciativas Navales del Norte, grupo entre los que se encuentran el exdirector general tras su privatización, José Luis Álvarez , Manuel Iturrate y el exministro de Defensa Pedro Morenés. Entre los delitos en lo que los denunciantes querían centrar la investigación están los de administración desleal, uso de información privilegiada, adopción de acuerdos abusivos y actos contra la libre competencia de mercado, así como la falta de constancia fiel y real reflejo de la situación económica y jurídica del astillero. El juez que llevaba la instrucción en septiembre de 2016, Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, señalo en un auto que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos del delito de apropiación indebida y delito societario. En esa misma resolución judicial, el magistrado, a petición de la Fiscalía, declaró la causa compleja por lo que la instrucción tiene como fecha tope el 26 de marzo de 2018.
Una decena de distintos miembros del consejo de administración de La Naval desde 2008 han pasado ya por el juzgado a declarar en calidad de imputados tras la apertura de las diligencias previas. Y justo ahora, tras la ampliación de la demanda el pasado 3 de abril, el juez ha decidido llamar a declarar a algunas de las personas que han accedido al nuevo consejo de administración de Construcciones Navales del Norte (CNN), nombre oficial del astillero La Naval. Tras la presentación de la primera denuncia, en junio de 2015, el fiscal José Manuel Ortiz Márquez pidió un año y medio después (a finales de julio de 2016) la declaración como investigados de Iñaki Irasuegui Gorostiza -actual consejero delegado-, Francisco Javier Ojeda Pichel, Juan Arana Uriarte, Agustín Ortiz de Eribe Arrien y Vicente Diéguez Garabaya.
Con la reactivación de una instrucción que estaba prácticamente dormida en el juzgado, los demandantes confían en que los tribunales “depuren las responsabilidades a que hubiere lugar del Consejo de Administración, de accionistas beneficiados presuntamente de forma irregular y de la dirección de la compañía”. “Esperamos que la Justicia declare nulos los contratos de operaciones vinculadas presuntamente irregulares y condene a los que se han lucrado en contra de los intereses de CNN, a devolver las cantidades afectadas”, reiteran.
Los demandantes mantienen que la dirección conocía la situación patrimonial real del astillero desde junio de 2016 y que, pese a que los números ya indicaban entonces que el astillero “estaba en causa de liquidación o disolución”, según la ley vigente, la estrategia fue contratar más barcos para enriquecer a los accionistas mayoritarios (Ingeteam y Murueta, ambos con el 38% de las acciones, frente al 12,5% de Iniciativas Navales del Norte, el 10,5% de Naviera del Nervión (Manuel del Dago) y el 1,5% de Iñaki Irasuegui).
El comité acusa a los accionistas mayoritarios
El comité, que participa también de esa impresión, acusa a los accionistas mayoritarios de mantener “sin control” el astillero “para enriquecerse, pensando más en sus empresas vinculadas que en el futuro” de La Naval. El comité, en una nota remitida a Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam, y a Juan Arana, presidente de Murueta, les reprocha su gestión: “Ustedes y solo ustedes son los responsables de la situación en las que nos encontramos. Han campado a sus anchas a lo largo de estos 10 años, quitando y poniendo consejeros, quitando y poniendo presidentes, aprobando cuentas de resultados, aprobando contrataciones, etc” y “han llevado a un concurso de acreedores que puede provocar el cierre de muchas empresas que trabajan para el astillero”.
Cuestionan incluso que se cerrara la contratación de los cuatro buques que ahora esperan para ser finalizados (la situación de cada uno es bastante diferente): “Mientras los buques de Murueta entraban en los diques de La Naval, Ingeteam colocaba sus equipos en los buques que más tarde fueron contratados, apuntan los representantes de los trabajadores, unos 220 directos y más de 1.500 indirectos. ”¿Se contrató tanta carga de trabajo para colocar los equipos cuando todo el mundo sabía que no estábamos capacitados para gestionar más de dos buques a la vez?“, cuestiona el comité.
Accionistas minoritarios, sindicatos, trabajadores, partidos e instituciones -incluidos los gobiernos central y vasco, que ahora parece estar dispuesto a entrar en el accionariado de La Naval con un 5%, según el lehendakari- han puesto en la picota a los gestores de CNN y han señalado la “mala gestión” de la compañía en los últimos años, situación que ha explotado en 2017, pero que desde 2015 investiga el juzgado de Barakaldo. Más allá de las responsabilidad o no de los gestores de La Naval -algo que deberá dilucidar tanto el juez instructor, como el administrador concursal que se nombre en las próximas semanas, una vez que la empresa está abocada al concurso de acrededores- los datos incontestables son que el astillero, en los últimos tres años, ha acumulado unas pérdidas de 107,5 millones de euros (solo en 2016 fueron 79 millones en números rojos) y el pasado año tuvo que dotar 47 millones en provisiones ante las pérdidas que arrastraba. Cuatro buques esperan en las gradas del astillero -un ferry, dos dragas de succión y un buque cablero- para ser entregados a los clientes, pero no hay dinero para construirlos. Y las entidades bancarias atrapadas en este concurso están a la espera de ver los siguientes pasos de la empresas.
