Aplazada 'in extremis' la comisión de los comedores escolares ante el riesgo de que se cerrara sin acuerdo

Ha sido un lunes frenético en el Parlamento Vasco. La comisión de investigación creada en 2018 para analizar las irregularidades detrás de la contrata de los comedores escolares ha estado a punto de quedar en nada tras un bandazo político en toda regla de última hora del PP vasco, que ha desautorizado el acuerdo que había alcanzado su portavoz en el foro, Juana Bengoechea, con los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE. Finalmente, a propuesta de la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) las votaciones se han aplazado hasta después de las elecciones del 26 de mayo para intentar salvar los muebles. “Estamos obligados a hacer un intento”, ha declarado Ugarte tras una sesión brevísima de la ponencia, a puerta cerrada y de la que los comisionados han salido con caras largas.

“Estamos ante el mayor caso de corrupción en el País Vasco [...]. Estamos hablando de un caso de estafa que, después de los ERE de Andalucía y del caso de los Pujol, es el de mayor importe de los destapados en los últimos años”, solemnizó en una rueda de prensa el 11 de febrero de 2016, indignado, el entonces portavoz del PP en la comisión de Educación del Parlamento, Iñaki Oyarzábal, tras conocerse el fraude en la contratación del servicio de comedores de los colegios públicos vascos, ratificado por la Autoridad Vasca de la Competencia y por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En esa línea, en 2018, el PP pactó con Elkarrekin Podemos y EH Bildu y contra el criterio del Gobierno vasco poner en marcha una comisión de investigación para “determinar las responsabilidades políticas que se deriven de los hechos investigados”.

Este lunes de 2019, en cambio, estaba previsto que la comisión se cerrara con unas conclusiones genéricas propuestas por los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, y avaladas con la firma del PP. Avaladas doblemente, además, por la portavoz en la ponencia, Juana Bengoechea, y por el portavoz del grupo parlamentario, Borja Sémper. Ese documento indicaba que “no se ha acreditado que se haya producido colaboración o connivencia alguna entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno vasco”. Se hace también un reconocimiento genérico de que se produjo “un quebranto económico a las arcas públicas y a la ciudadanía” -no hacerlo sería contravenir las resoluciones judiciales ya firmes- pero sin cifras de ningún tipo.

Pero ese documento, fechado el 11 de abril y registrado oficialmente el 16 de ese mismo mes -en plena campaña electoral-, quedará en papel mojado. Fuentes del PP han confirmado a eldiarionorte.es que a pocas horas del inicio de las votaciones de las conclusiones en la comisión de investigación -previstas a las 15.30 horas- han ordenado la retirada de la firma del PP del texto de los partidos del Gobierno. A mediodía ya se habían dado las instrucciones para formalizar el trámite ante el registro. Las órdenes han partido de las más altas instancias del PP vasco, que ha interpretado que no es oportuna la imagen de los 'populares' secundando al Gobierno en un tema del que habían hecho bandera años atrás.

Oficialmente, sin embargo, los 'populares' se han explicado a través de un tweet y a través de Bengoechea, que ha hecho declaraciones a la puerta de la comisión. Han indicado han cambiado de criterio porque el texto de PNV y PSE-EE “elude cualquier responsabilidad política del Gobierno”, pero no han aclarado por qué lo aceptaron de entrada. Bengoechea ha querido dar a entender que ella tenía el convencimiento de que ese texto estaba sujeto a enmiendas y a propuestas de otros partidos para endurecerlo. Sin embargo, eso no es técnicamente posible según las normas parlamentarias. Además, fuentes de otros partidos han indicado que Bengoechea recibió la pasada semana propuestas para llegar a un acuerdo y en ningún momento explicitó que ya tenía cerrada una propuesta con nacionalistas y socialistas.

En este enrevesado contexto, que ha incluido reuniones de urgencia en la Cámara durante toda la jornada, la representante del PP ha recibido de sus superiores instrucciones precisas de votar 'no' al texto que ella misma había negociado con PNV y PSE-EE, a los que se ha hecho partícipes del cambio de criterio a ultimísima hora.

En ese escenario, era evidente que el documento del Gobierno no prosperaría. Tampoco lo iba a hacer el dictamen original elaborado por la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte, y que cifraba en 70 millones el quebranto económico de estas irregularidades. Ni, desde luego, la alternativa más dura de Elkarrekin Podemos, que elevaba hasta un máximo de 80,2 millones el perjuicio, dejando claro, además, que hasta 48,5 los costearon las familias a través de las cuotas de comedor. EH Bildu y Elkarrekin Podemos estaban abiertos a buscar un punto de encuentro pero el PP tampoco apoyaría ese hipotético texto conjunto, de modo que la comisión de investigación habría quedado en nada, sin acuerdos y sin conclusiones.

Así las cosas, la presidenta Ugarte ha optado por proponer un aplazamiento hasta después de los comicios en la confianza de que fuera del contexto electoral haya “posibilidad de llegar a un acuerdo”, según ha manifestado a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento. José Ramón Becerra, representante de Elkarrekin Podemos y que había elaborado un análisis económico basado en gráficos en torno a este caso, ha considerado “acertada” la decisión en aras a salvar los muebles. Curiosamente, el PP ha accedido como el resto de la oposición a este aplazamiento, en contra del criterio de PNV y PSE-EE.