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Pensionistas, los nuevos 'indignados' de Euskadi

Un millar de jubilados se concentran en Bilbao para reclamar unas pensiones "dignas"

Alba Díaz de Sarralde

Ángel, pensionista vecino de Vitoria, clama indignado que el 0,25 % de subida de las pensiones es una “broma de mal gusto”, que muchos cobran “500 o 600 euros”. Mientras, Juan, otro pensionista amigo de Ángel, tacha a los políticos de irresponsables y afirma con enfado que se ha perdido “más de un 6 % de poder adquisitivo”. Santiago, desde el comedor social de la misma ciudad, baja la mirada al pensar en la pensión de la que depende: “Ya ves a dónde he venido a comer”.

Quienes han prendido el 'movimiento pensionista' no son quienes deciden lo que es una pensión suficiente, ni quienes fijan por ley una subida del 0,25 %, ni quienes debaten sobre mantener o no el IPC para fijar la cuantía de estas rentas. Son precisamente esas personas, la mayoría jubiladas, quienes saben por ellos mismos lo que es “una miseria” de pensión, quienes consideran “una burla” la subida mínima fijada por el Gobierno o quienes exigen el mantenimiento del IPC para revisarlas y garantizar su poder adquisitivo. Juan afirma que donde se tiene que resolver este tema es en el Pacto de Toledo, aunque nadie les ha “preguntado a dónde se ha ido todo el dinero de la hucha de pensiones”: “Los mayores también tenemos algo que decir”. Son pensionistas indignados por lo que se elige por ellos y, detrás, hay miles de nombres e historias de diferentes lugares compartiendo la situación que denuncian en las calles. 

“Miseria” y “burla” son algunas de las palabras con las que Xabier, pensionista de Bilbao, se ha referido a las pensiones y a la subida fijada por ley: “Los precios suben este año cerca del 2,5 % y las pensiones solamente un 0,25 %. Eso genera más pobreza”. El copago sanitario es otra de las situaciones que denuncian los pensionistas. Carlos, también bilbaíno y pensionista, exclama con indignación que “muchos no pueden pagar sus medicinas, o para poder hacerlo ni siquiera encienden la calefacción”. Es la situación de Santiago, que no obtiene una pensión suficiente para los gastos más básicos: “Tengo que pagar mis medicinas, estoy tirando de ahorros antiguos, de los de mis padres”.

En cifras de la Seguridad Social, en España hay casi dos millones de personas que cobraron entre 600 y 650 euros en enero de 2018, siendo el tramo más numeroso; en la renta más baja, la de 150 euros o menos, hubo más de 90.000. La nómina por sexo y tramos revela que un total de 3.165.119 personas cobran menos de 650. Ángel describe la situación de esos millones de personas como “una angustia por no poder vivir”. Los y las pensionistas pueden complementar la pensión con otras ayudas, como en Euskadi con la Renta de Garantía de Ingresos -RGI-, siempre que no residan con algún asalariado. De hecho, el 25 % de perceptores de la RGI son pensionistas.

El movimiento ha comenzado en la calle

Pentsionistak Martxan, junto con las plataformas de Álava, Gipuzkoa y Navarra, son las propulsoras de las concentraciones en Bilbao, que son “consecuencia directa de las reformas de las pensiones impulsadas por los distintos gobiernos del PSOE y del PP”. Detrás de estas plataformas hay una marea de pensionistas, una multitud de voces en la misma situación en diferentes lugares. Afirman que la cuantía de muchas pensiones están “por debajo del umbral de la pobreza”. Las voces frente al Ayuntamiento de Bilbao están teñidas de enfado: “No a la subida del 0,25; que se lo metan por donde les quepa”, “estamos empobreciéndonos y esta es la unidad para pedir dignidad”.

Destacan la necesidad de unas “pensiones mínimas de 1.080 euros” y de una garantía de mantenimiento del IPC para la revisión anual de las mismas -como se hacía antes de la reforma de 2013-, entre otras reclamaciones. Ya han sido tres lunes los que centenares de pensionistas se han agrupado en Bilbao y el próximo jueves 22 está prevista una marcha multitudinaria hasta la sede del Gobierno central por el centro de la capital vizcaína. El movimiento comenzó en enero a inundar las calles, marcando un precedente para el futuro y con un objetivo principal: mejorar la situación de los casi diez millones de pensionistas en España, de los cuales muchos viven en una situación de pobreza por la pensión de la que dependen.

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