Las seis claves de la “compleja” negociación que mantiene en suspenso el 'caso De Miguel'
Este lunes expira el plazo de dos semanas concedido por la Audiencia Provincial de Álava a la Fiscalía y a las defensas de los 26 acusados en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, para alcanzar un acuerdo que zanje casi una década de recorrido judicial con una confesión a cambio de una rebaja de las condenas inicialmente solicitadas por el ministerio fiscal. Salvo sorpresas de última hora, la “complejidad” de las negociaciones multilaterales ha impedido llegar a la reanudación del juicio con un pacto y se buscará una nueva suspensión, ganar tiempo. Será el tribunal el que tenga la última palabra y reelabore el calendario de este proceso. Pero, ¿qué se conoce hasta ahora de las negociaciones?
1 - ¿Qué se negocia?
La Fiscalía y las defensas negocian los términos de una asunción de delitos de corrupción. Las conversaciones se iniciaron con el abogado del principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Ha sido objeto de debate de quién partió la iniciativa de sentarse en torno a una mesa y es un dato que aún no se ha conocido. El portavoz del PNV en el Parlamento y amigo de De Miguel, Joseba Egibar, sugirió que había sido el ministerio fiscal y lo vinculó a unas palabras del presidente del tribunal, Jaime Tapia, que aludió a que las acusaciones están “infladas” para luego posibilitar negociaciones. Hay voces que insisten en que, si ha sido el fiscal Josu Izaguirre el promotor del acuerdo, sería una muestra de endeblez en sus acusaciones y de falta de confianza en que el juicio, que se inició en enero, se fuese a resolver con una sentencia condenatoria. La duda, en realidad, tiene escasa relevancia. Fuese de quien fuese el primer paso, la evidencia es que quien ha virado 180 grados su estrategia es el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, que hasta julio defendió con vehemencia la inocencia total de su cliente y la ausencia de pruebas. Para Izaguirre, en cambio, el resultado de una conformidad será siempre el de una condena. Y la primera condición, al menos en el caso de De Miguel, es que asuma que la denuncia de la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y que le exigió una comisión de 100.000 euros tras haberle facilitado un contrato en el parque tecnológico de Miñano.
2 - ¿El acuerdo supone evitar la cárcel?
La intención inicial de las defensas al encarar la negociación era, efectivamente, esquivar la cárcel. Se trataría de un final sorprendente teniendo en cuenta que la Fiscalía reclama penas muy elevadas, hasta 54 años en el caso de Alfredo de Miguel. El matiz es que, en caso de condena total siguiendo las peticiones exactas de Josu Izaguirre, el cumplimiento efectivo ya sería de 15 años, como es conocido desde el primer momento por todas las partes. Ahora se analiza, a cambio de la confesión, una rebaja por dos vías: la fusión de delitos y la aplicación de las previsiones más ventajosas para cada uno de ellos, siempre dentro de los márgenes del Código Penal. La esperanza de las defensas es que si ninguno de los delitos individualizados supera los dos años se pueda suspender el ingreso en prisión aunque la suma total sea elevada. El ministerio fiscal, en cambio, ya ha trasladado con claridad desde el primer momento que se opondrá a esas suspensiones, al menos en el caso de los principales imputados. La decisión última, por lo tanto, quedaría en manos del tribunal.
3 - ¿Qué más hay en juego?
Además de las penas de cárcel, sobre la mesa está también la parte económica del caso. Las multas propuestas son muy duras y, para las acusaciones, el resarcimiento del quebranto económico es una parte fundamental. Para las acusaciones en plural, ya que además de la Fiscalía en este apartado entran en juego tanto el Gobierno vasco como, sobre todo, la Diputación de Bizkaia. Los abogados del Ejecutivo reclaman el reintegro de las contrataciones aparentemente irregulares que salieron desde la Dirección de Juventud dirigida por Xabier Sánchez Robles a tres empresas de la órbita de Alfredo de Miguel, Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. En el caso de Bizkaia, aprecia indicios de fraude fiscal en torno a las personas y sociedades relacionadas con la fallida recalificación urbanística de Zambrana. Sostiene que el intermediario que De Miguel situó en esta operación, Josu Arruti, facturó importantes sumas por nada real y que en gran medida no declaró esas cantidades a Hacienda.
4 - ¿Quién está negociando?
En esta fase decisiva del juicio ha adquirido un papel protagonista el fiscal Manuel Pedreira, que ha asistido a Josu Izaguirre en todas las sesiones del juicio. En las vistas, Pedreira se había centrado especialmente en interrogar a los testigos de las defensas y a los ertzainas que auxiliaron al juez instructor, Roberto Ramos. Bien considerado incluso entre los acusados, él inició los contactos y ha participado en numerosas reuniones con los abogados. No obstante, en los últimos días el propio Izaguirre ha participado también en varios encuentros.
5 - ¿Tienen que pactar los 26 acusados?
Las peculiaridades del 'caso De Miguel' implican que una confesión del principal acusado supondría que, a modo de efecto dominó, otros se vean obligados a colaborar. Sin embargo, hay al menos cuatro imputados que desean que el juicio continúe según lo previsto para poder demostrar su inocencia. El abogado de uno de ellos, Miguel Alonso, defensor del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, incluso lo ha manifestado en público. Larrañaga, como superior de Xabier Sánchez Robles, está imputado por haber firmado las contrataciones bajo sospecha a Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. Pero, según Alonso, Larrañaga se guió por el “principio de confianza” y delegó en su subordinado las relaciones de Juventud con las mercantiles de la órbita de De Miguel y el seguimiento de esos contratos. Durante la sesión del juicio en la que se acordó la suspensión para negociar, otros dos letrados también expresaron que dos semanas era un periodo excesivo. Es tan común que haya negociaciones y pactos como que éstos no abarquen a todos los acusados, sobre todo en procesos de esta dimensión.
6 - ¿Acaba el juicio para quienes acuerden?
El juicio del 'caso De Miguel' se reanudará después de la suspensión, sea este lunes o sea en el nuevo momento que fije el tribunal si estima el nuevo aplazamiento que se solicitará. Y se reanudará con el interrogatorio de los 26 acusados, de todos y cada uno de ellos, hayan alcanzado un pacto con la Fiscalía o no. Los firmantes ni dejarán de estar imputados ni pasarán a ser testigos. Y el primero que pasará por este trance será el propio Alfredo de Miguel. Eso sí, evidentemente el interrogatorio de la Fiscalía variará sustancialmente y se centrará en que los acusados expongan ante el tribunal la confesión en los términos acordados. Si los otros acusados que no formen parte de la conformidad lo desean, tienen derecho a interrogarles para defender su posición. Terminada esa fase, se abrirá la de conclusiones, en la que el ministerio fiscal expondrá la nueva petición de penas con quienes hayan cumplido con el acuerdo y el caso quedará visto para sentencia. Jurídicamente, es posible que el tribunal no tenga en cuenta los términos del acuerdo. Hay un precedente relativamente cercano. En el 'caso Zubiaurre', el principal acusado, Antton Zubiaurre (PNV), confesó que había realizado espionaje informático a su antigua empresa, la sociedad pública Sprilur. El tribunal, en cambio, lo absolvió por un defecto de forma.
