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Un ex etarra acogido a la vía Nanclares queda en libertad y otros tres reciben beneficios penitenciarios

La Audiencia flexibiliza condiciones de la condena de 4 etarras arrepentidos. En la imagen, Rafael Caride Simón.

Aitor Guenaga

Era uno de los autos más esperados tanto en el Gobierno vasco, como entre los grupos y abogados que han apoyado o defendido a los reclusos de la 'vía Nanclares, los arrepentidos de la organización terrorista ETA que se separaron de su estrategia violenta. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha flexibilizado finalmente las condiciones de condena de cuatro exetarras acogidos a la denominada vía Nanclares. Todos ellos están cumpliendo la fase final de sus respectivas condenas.

Los reclusos son Rafael Caride Simón, de 72 años, Aitor Bores, Jorge Uruñuela y Luis María Carrasco. La resolución, que se esperaba para después de verano, se ha visto retrasada por varios motivos, entre ellos que no se quería hacer coincidir con el 30 aniversario del atentado de Hipercor, el más sangriento de ETA con 21 muertos y 45 heridos. Caride Simón es uno de los autores del atentado ejecutado por el 'comando Barcelona' de la organización terrorista.

En el caso de Caride y de Bores, será la Junta de Tratamiento de la prisión donde se encuentran la que decida si se les debe imponer un pulsera para el control telemático o control presencial. El magistrado permite a Luis María Carrasco salidas durante los fines de semana y a Jorge Uruñela le concede directamente la libertad condicional. Todos los autos cuentan con el visto bueno del fiscal, según han revelado fuentes de la Audiencia Nacional.

El juez solo tiene pendiente de resolver un último recurso del preso Ibon Etxezarreta, único pendiente de la llamada vía Nanclares, la veintena larga de reclusos de ETA que se alejó de las directrices de la organización y realizó una autocrítica que incluía el reconocimiento del daño causado a las víctimas de sus atentados. Etxezarreta participó en el atentado contra el exgobernardor civil Juan Mari Jáuregui, que en su día mantuvo un encuentro restaurativo con la viuda y exdirectora de Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa.

El juez Castro recuerda que tanto Caride Simón como Aitor Bores han manifestado por escrito su renuncia, rechazo y arrepentimiento por los hechos por los que han sido condenados y han dado muestras evidentes de su  desvinculación con organización ya desarmada. Castro, además, ha valorado para tomar su decisión el avanzado grado de cumplimiento de sus condenas, su buena conducta penitenciaria y que cuentan con apoyo familiar y con hábitos laborables consolidados. En ambos casos tienen posibilidad de realizar actividades en el exterior.

Caride, en un proyecto de integración

Caride Simón será voluntario en un proyecto de integración para personas en situación de riesgo, principalmente población penitenciaria en el régimen de Gipuzkoa. Fue condenado a 790 años de cárcel por el atentado de Hipercor de 1987.

Otro de los autos del juez Castro afecta a Luis María Carrasco, a quien permite salir de prisión los fines de semana, con idea de que pueda recibir el mismo tratamiento que los otros dos cuando tenga una oferta laboral o de hacer alguna actividad en el exterior. Carrasco fue condenado a 47 años de cárcel por el asesinato en 2001 del director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga, se acogió en 2010 a la vía Nanclares y firmó una carta distanciándose de ETA y proclamando la necesidad de “reconocer y reparar” a las víctimas.

Aitor Bores Gutiérrez, en su día miembro liberado (a sueldo) del 'comando Araba' de ETA, fue condenado a 73 años de cárcel por cinco delitos de terrorismo por la colocación de dos artefactos explosivos en un residencia militar de Araca (Vitoria) en 1997, entre otros delitos.

A Uruñuela, el magistrado le concede la libertad condicional al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, haber declarado su rechazo y repudio de la violencia de ETA, además de estar pagando la responsabilidad civil impuesta y mostrar su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido. Fue condenado en 2005 a 16 años de prisión por la quema en 2000 en Barakaldo (Bizkaia) de un concesionario de coches y un cajero de una entidad bancaria. Se desvinculó en 2009 de ETA y en enero de 2010 fue expulsado del colectivo de presos de ETA junto a otros 14 reclusos, la mayoría de ellos vinculados a la 'vía Nanclares'.

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