“Por hacer nada cobraron 1,5 millones de euros en Zambrana”
La Fiscalía se ha sacado otro as de la manga en la sesión de este martes del juicio del 'caso De Miguel' para dejar en evidencia las importantes sumas de dinero que se llevaron los promotores catalanes del fallido 'pelotazo' urbanístico de Zambrana, al sur de Álava, impulsado políticamente por el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y su amigo Iosu Arruti, quienes también ingresaron en sus respectivas mercantiles miles de euros. El fiscal Josu Izaguirre ha esgrimido dos facturas que cobró la promotora Construcciones Riera, dirigida por el empresario Francesc Fernández Joval, y que suman alrededor de 1,5 millones de euros por conceptos vagos como la negociación con los agricultores propietarios de las parcelas que se iban a recalificar, un trabajo realizado en realidad por la entidad financiera Ipar Kutxa.
“Por el trabajo que hicieron ustedes en Ipar Kutxa, por no hacer nada, Riera le cobró a Riera Urbanizer [la filial en Zambrana de la promotora catalana] en torno a 1,5 millones de euros”, ha enfatizado Izaguirre durante las comparecencias del responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, y de su delegado para la operación, Roberto Fernández, que en ambos casos no han tenido constancia de que esos servicios los prestara también alguien diferente a ellos.
Estas cantidades se suman a los cerca de 400.000 euros que se llevó el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC), presidido por Fernández Joval, a través de su director, el presitigioso arquitecto Vicente Guallart. El ministerio fiscal, el lunes, ya hizo hincapié de que ese dinero por supuestos informes urbanísticos para Zambrana había sido un pago exagerado. En efecto, una tasación a la que ha tenido acceso este periódico estima en 1.500 euros el valor de esos informes, de 17 páginas y llenos de fotografías y gráficos.
En paralelo, de Riera Urbanizer también salieron importantes cantidades de dinero hacia Arruti, que pactó unos honorarios de 3 millones de euros como intermediario en Euskadi de Fernández Joval. Parte de esta cantidad acabó en mercantiles controladas del ex 'número dos' del PNV alavés, De Miguel. Es más, Kataia Consulting -en la que participaban también otros dirigentes nacionalistas como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería- recibió una transferencia de 130.000 euros a las 24 horas de que Arruti 'fichara' a Fernández Joval para la operación, en septiembre de 2005.
Finalmente, también los propietarios de los terrenos donde se planeó la recalificación cobraron 4 euros por metro cuadrado en opciones de compra aunque el proyecto cayó como un castillo de naipes aunque De Miguel, a partir de 2007 responsable de Urbanismo en la Diputación de Álava, trató de garantizar su continuidad hasta el final. El ministerio fiscal ha reseñado en los últimos días que la que fuera alcaldesa cuando se gestó la idea de crear un polígono industrial en Zambrana, María Justina Angulo, y su concejal de Urbanismo, Vicente Armentia, tenían tierras dentro de las afectadas en la operación. Este martes, la abogada de la antigua regidora, María José Tapia, ha intentado lograr que los representantes de Ipar Kutxa relacionaran con las parcelas también al sucesor de Angulo en la Alcaldía, el independiente Aitor Abecia, aunque la respuesta de los testigos ha sido un “no me acuerdo”. Las defensas de Angulo y De Miguel están tratando de romper la tesis de que fue el vínculo de partido el que engrasó la operación al dar a entender que Abecia tuvo una importante implicación. Pero al mismo tiempo han renunciado a que declare en el juicio y poder probar esta tesis.
El papel de Nicolás Guerrero
La pregunta es, ¿de dónde salió el dinero que se repartieron todos los intervinientes? Los fondos salieron del capital de Riera Urbanizer y de sus socios. De hecho, cuando Fernández Joval y su equipo -incluida Laura Rossell, hermana del encarcelado expresidente del FC Barcelona- fue relevado en esa filial por Nicolás Guerrero, éste denunció con rotundidad sus predecesores habían “dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad”. Según las estimaciones de Guerrero, un total de 2,8 millones habían ido a facturas injustificadas a Sidepur -la mercantil de Arruti-, a Kataia Consulting -la de De Miguel-, al IAAC y a otras firmas instrumentales de Fernández Joval como Riera Management o Riera Gestiò.
Guerrero, que hizo estas constataciones en una reunión de socios de Riera Urbanizer celebrada cuando el 'caso De Miguel' estaba bajo secreto de sumario y poco se conocía de esta derivada urbanística en Zambrana, impulsó un procedimiento penal propio en Barcelona para recuperar ese dinero. Sin embargo, ese precedente catalán quedó en sentencia absolutoria. La acusación particular ejercida por la nueva gerencia de Riera desistió en el último momento, durante la propia celebración del juicio, de todas las acciones legales. La Fiscalía, que solicitaba tres años de prisión, también se retiró, por lo que Audiencia Provincial de Barcelona, sin entrar al fondo de la cuestión, dio por cerrado el expediente, argumento esgrimido ahora por la defensa de los imputados catalanes en el procedimiento de Vitoria. El letrado Ferran Marsol, del bufete del conocido penalista Cristóbal Martell, ha argumentado también en la vista de este martes que los testigos de Ipar Kutxa no podían conocer todo el detalle del 'business plan' de Riera en Zambrana y si las facturas que según la Fiscalía no estaban justificadas sí lo podían estar.
Sea como fuere, el juicio vivirá este miércoles uno de sus momentos álgidos con la intervención de Guerrero. En un principio iba a intervenir por videoconferencia desde Barcelona pero finalmente, dada la relevancia de su testimonio y la necesidad de que revise numerosa documentación, viajará a Vitoria.
