La oposición en pleno exige al Gobierno de Urkullu que dé explicaciones por los contratos a Montai

Los contratos del Gobierno vasco, de sus áreas de Presidencia o Juventud y, especialmente, los del Instituto de la Memoria (Gogora), con el grupo de empresas Montai, cuyo administrador es el cargo del PNV Aitor Elorza, han motivado una dura reacción por parte de la oposición en pleno en esta vuelta de las vacaciones de Navidad y a pesar de que enero sea un mes inhábil en la Cámara. Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu han ido desgranando iniciativas para que den explicaciones tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, y, en el caso de la coalición de Podemos, IU y Equo, considera necesario que el propio Elorza acuda también a sede parlamentaria. La mayoría de ellas se retrasarán a febrero al no haber actividad ordinaria este mes.

“Tenemos que estar atentas ante prácticas clientelares que colisionan con la igualdad de oportunidades y utilizan recursos públicos para favorecer a amigos y familiares”, ha valorado en un comunicado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga. “Es necesario aclarar este posible nuevo escándalo de corrupción que puede salpicar de nuevo al PNV y ya no es suficiente con pedir responsabilidades o pedir perdón sino que todas las instituciones tienen que arrimar el hombro para colaborar en denunciar estas prácticas y crear mecanismos que ayuden a controlarlas, denunciarlas e investigarlas”, ha apostillado Macazaga, que ha remarcado que volverán a reclamar tanto la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi como un marco para proteger a los denunciantes de irregularidades. Dentro de Elkarrekin Podemos, también IU emitió un comunicado pidiendo aclaraciones.

Elkarrekin Podemos ha solicitado al Gobierno que entregue al Parlamento una relación completa de las adjudicaciones recibidas por las sociedades de Elorza, Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. Ya antes reclamó al Tribunal de Cuentas que revisase la relación de estas mercantiles con el Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por el PNV y donde se originaron las primeras informaciones.

También EH Bildu reclama un listado completo y detallado de las adjudicaciones, aunque en sus iniciativas de control se centra especialmente en tres elementos que le parecen más llamativos, la exposición itinerante de Gogora -gestionada en régimen de exclusividad por el grupo Montai-, el homenaje a las víctimas del franquismo de 2016 y el acto de los 100 primeros días de la llegada de Urkullu a Ajuria Enea. Además, buscará esclarecer si la afiliación política de Aitor Elorza era conocida por el Ejecutivo y si ello influyó en los contratos ya que aprecia elementos que invitan a pensar en una “actuación concertada”. “¿Por qué hubo fraccionamiento de los contratos?”, pregunta el representante de la coalición Josu Estarrona, que incide en que un mismo acto o proyecto se ha partido en varias adjudicaciones, algunas del mismo día, y que han recaído a la vez en varias de las firmas de Elorza.

En cuanto al PP, su líder en Euskadi, Alfonso Alonso, ha insistido en que Urkullu ha de dar explicaciones en el Parlamento porque las adjudicaciones “bajo sospecha”, en buena medida, dependen de la Presidencia vasca, dirigida “personalmente” por el lehendakari. “Es el responsable político directo”, ha manifestado en rueda de prensa Alonso, quien ha recordado que Urkullu aún no ha valorado en la Cámara las consecuencias de la sentencia del 'caso De Miguel', que acarreó contundentes penas de cárcel por corrupción a exdirigentes y excargos nacionalistas como Alfredo de Miguel o Xabier Sánchez Robles. “Empiezan a aflorar cosas y no sabemos si el 'caso De Miguel' era la punta del iceberg o un trozo de hielo aislado flotando en el mar”, ha ironizado el presidente 'popular'. Sobre Gogora, ha lamentado que un instituto dedicado a las víctimas se haya convertido en un nicho “para que hagan negocios algunos amiguetes”, informa Europa Press.

Desde el Gobierno, el portavoz Josu Erkoreka ha recalcado en Radio Euskadi que el Ejecutivo está a la espera de un informe de la Oficina de Control Económico, dependiente del área de Hacienda, sobre la legalidad de las adjudicaciones de Gogora y de otros organismos al grupo Montai. No obstante, ha apuntado dos importantes matices. El primero es que una “auditoría interna” realizada por la propia Gogora ya concluyó que no había “irregularidad de ningún tipo”. Y el segundo es que, de haberlas según la OCE, serían hechos “no penalmente relevantes” sino reprochables “desde el punto de vista administrativo”. Erkoreka, asimismo, analizará el escrito elevado por Ezenarro a la Comisión de Ética, ya que él es el presidente de este organismo.

EH Bildu, dentro de sus iniciativas parlamentarias, reclama también que se haga público cuál ha sido el alcance de esa primera revisión de Gogora y que servirá de base para el trabajo de la OCE y de la Comisión de Ética.