La Marcha a Madrid, la concentración de plataformas COESPE en el Congreso de Diputados, las recientes manifestaciones en Euskadi y Navarra, mantienen el pulso de las movilizaciones. El inesperado anuncio de un probable gobierno de coalición, capaz de resolver el dilema de la gobernabilidad, crea expectativas de progreso social. En vísperas del segundo aniversario del nacimiento del movimiento de pensionistas, posicionamientos políticos ajenos a la causa de las pensiones rompen los consensos sobre los que se cimenta el trabajo unitario.
Al volver de Madrid el 16 de octubre, el alcalde de Rota homenajea a la gente que participó en la columna del sur, mientras el pleno de la corporación municipal pide que se les conceda la Medalla de Andalucía. Esta marcha fue 200 km más larga que la del norte, supuso mayor esfuerzo y tuvo mayor mérito. Quienes integraron la columna del norte fueron recibidos en las concentraciones de Bilbao, Barakaldo o Eibar con aplausos de gratitud. No hubo ningún reconocimiento institucional, tampoco se pidió.
La repercusión mediática lograda por la columna que partió de Bilbao ha convertido a sus participantes en protagonistas de una supuesta odisea. Más duro que caminar seis horas con sol otoñal y en grata compañía es soportar una jornada de trabajo de ocho y hasta doce horas en las penosas condiciones que impone el empleo precario. Acto heroico es ser capaz de sobrevivir con pensiones de miseria. Esa experiencia, fruto de una iniciativa imaginativa, perdurará como un inolvidable recuerdo para quienes la vivieron. Y puede que en el futuro inspire proyectos similares, como lo fue el precedente de la Marcha del Hierro de 1992.
Por iniciativa del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, se presentan en todo el territorio mociones en defensa del sistema público de pensiones y de sus principales reivindicaciones, apoyadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Unos consistorios asumen las proposiciones, otros no. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao (PNV - PSOE) responde el 28 de octubre con una enmienda de modificación que recoge varias peticiones y excluye otras. Entre las ignoradas está la pensión mínima de 1.080 euros y el SMI de 1.200 euros.
Dicha enmienda consta de siete puntos, ninguno de ellos contrario a las aspiraciones del colectivo de pensionistas. EH Bildu y PP votaron en contra, Elkarrekin Podemos se abstuvo. Para comprobar el alcance del texto aprobado basta conocer el primer punto: Garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles.
La causa del distinto posicionamiento de quienes apoyaban la propuesta inicial tal sea que la declaración no va dirigida al Gobierno Vasco: El Ayuntamiento de Bilbao, en defensa de un sistema público de pensiones que sea garante de la solidaridad entre generaciones y pilar de una sociedad en condiciones de vida dignas, insta al Gobierno del Estado…. En la concentración de pensionistas de Bilbao, sin llegar a leer el documento, se expresan ambas posturas. En contra de rechazar el texto del Equipo de Gobierno se exponen, entre otros argumentos, que implica reconocer la legitimidad del MPB, después de declarar en marzo del pasado año el Alcalde de Bilbao que le incomoda ver a los pensionistas protestando ante el Ayuntamiento, en vez de hacerlo en la Delegación del Gobierno.
El 23 de octubre, estando reunido el pleno del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, la denominada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, de la que forman parte ELA, LAB y entre otros colectivos una asociación de pensionistas, anuncia la convocatoria de una huelga general en la segunda quincena de enero de 2020. ELA lo proclamaba de esta manera: El movimiento pensionista realizó el 22 de octubre una comparecencia pública para destacar la necesidad de intensificar las movilizaciones que desde hace casi dos años vienen realizando semanalmente en defensa de unas pensiones dignas. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, plataforma que incluye diferentes agentes sindicales y sociales, entre ellos ELA, ha recogido el guante lanzado por el movimiento pensionista, y ha anunciado un calendario de movilizaciones que incluye una huelga general.
Varias asociaciones integradas en el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, expresaron así su preocupación por la implicación del colectivo de pensionistas en dicha convocatoria:
El MPB es un movimiento social autónomo, no forma parte de la citada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ni de ningún otro organismo.
El MPB es un movimiento social independiente, ajeno a partidos políticos y sindicatos, no interviene en asuntos partidistas, no convoca paros laborales ni huelgas generales.
El anuncio de esa huelga general, relacionándola con la problemática de las pensiones, puede afectar al reconocimiento social y a la credibilidad del MPB.
El dilema de la huelga general llega a las concentraciones semanales, siendo tratado con cautela para evitar que tenga efecto desmovilizador. Entretanto, sindicatos y la asociación de pensionistas soberanista proclaman la huelga enmarcada en el contexto del derecho a decidir. Pero la realidad es la que es: el colectivo de pensionistas no tiene posibilidad de participar en una huelga laboral, tendrían que hacerla trabajadores en activo, en muchos casos con contratos de trabajo precarios, peor retribuidos que la media de las pensiones.
No faltan precedentes de convocatorias de huelga general contra reformas de pensiones. La primera se remonta a junio 1985. La convocó CCOO cuando Felipe González aplicó medidas menos restrictivas de las que CCOO y UGT aceptaron en 2011 con Zapatero en La Moncloa. Contra esa reforma en enero de 2011 fueron a una huelga en Cataluña, Galicia, Navarra y Euskadi, los sindicatos CGT, CNT, CIG, ELA y LAB. Estas y otras llamadas a la huelga suelen ser motivo de discordia entre sindicatos de ámbito estatal y soberanistas. Podría volver a ocurrir, pese a que hasta la fecha todos ellos han respaldado las movilizaciones promovidas desde el movimiento de pensionistas.
La huelga general representa un enfrentamiento extremo. Es el último recurso para rechazar con la máxima contundencia la actuación del gobierno de turno. Rajoy tuvo que soportar huelgas generales contra reformas laborales. Ahora la situación es más compleja que nunca. El actual gobierno en funciones no tiene capacidad ejecutiva. Si se formalizase un gobierno PSOE – UP, no habría forma de justificar una huelga general nada más constituirse.
El llamamiento a la huelga general se reitera en las manifestaciones del 16 de noviembre en Eibar, Donostia, Gasteiz, Iruña y Bilbao. Cabe imaginar que se pueda reconsiderar la decisión, conforme están haciendo UGT y CCOO. En las circunstancias políticas actuales, con un tenso equilibrio entre fuerzas reaccionarias opuestas a cualquier progreso social y una unidad de la izquierda débil, llamar a la huelga tendría un efecto desestabilizador, repercutiendo sus consecuencias sobre la fortaleza e incluso la supervivencia del movimiento de pensionistas.
Además de la insistencia de Unidas Podemos, posibilita lograr un gobierno de coalición el éxito electoral de Vox. La amenaza creciente de la extrema derecha obliga a la izquierda a entenderse. Las urnas dieron el 10 de noviembre un resultado inquietante, sólo quedaba la opción de intentar formar un gobierno de progreso. Es una noticia esperanzadora para gran parte de la población, cuyas retribuciones dependen de las decisiones del gobierno de turno. Afecta en particular el colectivo de pensionistas, amenazado otra vez por el 0,25 %.
Si llega el gobierno de coalición, la nueva situación pone a prueba, además de las tácticas de los partidos que lo integran, las convicciones de sus bases que participan en movimientos sociales. Podrían tener que optar entre acatar las razones de estado que reclama el partido o permanecer fieles a sus principios. Ocurrirá, por ejemplo, en el caso de militantes de Unidas Podemos que son activistas del movimiento de pensionistas. De entrada tendrán que valorar si resulta satisfactorio o insuficiente este compromiso del futuro gobierno en materia de pensiones: Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida.
Esa declaración responde a una de las demandas inmediatas, desactivando la congelación encubierta del 0,25 %. Pero no basta. Pasa a primer plano la reclamación de una pensión mínima equivalente al menos a los 900 euros del actual SMI. La negociación presupuestaria del 2018 permitió mantener el poder adquisitivo y mejorar las pensiones mínimas durante dos años, sin que afectase a la continuidad de las movilizaciones. Otro tanto ocurrirá aunque la revalorización en base al IPC sea definitiva. La bandera del movimiento de pensionistas pasará de rechazar el 0,25% a demandar una pensión mínima que contribuya a reducir las desigualdades sociales, que afectan sobre todo a las mujeres, en particular a las viudas. Tampoco en esta ocasión habrá desmovilización. La lucha deja de ser defensiva, se convierte en baluarte progresista y adquiere un carácter marcadamente solidario.
Aunque un gobierno de izquierdas sea más receptivo a las demandas ciudadanas que la derecha, los movimientos sociales mantienen su actitud combativa, reclamando siempre lo que consideran justo, incluso si es una aspiración que no se ciñe al principio de realidad. Con un gobierno plural y progresista sigue teniendo plena validez la consigna: Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Pensionistas que votan UP vivirán una experiencia inédita: reclamar por primera vez a un gobierno que han contribuido a crear, aplicando el lema podemita: tener un pie en las instituciones y otro en la calle.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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