100 días por la regeneración
La moción de censura que presentamos los socialistas tras la sentencia de la trama Gürtel respondía a la gravedad y extensión de una corrupción asfixiante que señalaba a Mariano Rajoy, desde hacía años, como máximo responsable político. Los comportamientos inmorales del PP junto a los abusos de poder habían paralizado el proceso de regeneración democrática e imposibilitaban respuestas decididas que nos pudieran acercar a una democracia avanzada.
Si algo espera la sufrida ciudadanía, tanto del presidente Pedro Sánchez como de su Gobierno socialdemócrata y del conjunto de las instituciones, es decencia y un cambio de cultura política en el ejercicio del poder. Porque además de las dolorosas consecuencias de exclusión, desigualdad y precariedad provocadas en millones de familias por la crisis económico-financiera, se han vivido años de opacidad política, corrupción y clientelismo, prepotencia y desprecios al Parlamento.
Por eso, la calle quiere del nuevo Gobierno la máxima transparencia, un alto nivel de ética política y más diálogo entre las fuerzas políticas y del Gobierno con la sociedad. Esos ejes han sido seguidos, en estos 100 días, por un Pedro Sánchez que busca devolver la normalidad democrática a la vida política y unos comportamientos morales que se echaban en falta en España. Son demandas ciudadanas que no suponen coste económico y que exigen la gestión de acuerdos en el Parlamento y el liderazgo del presidente.
Hemos vivido 100 días de gobierno muy difíciles, en medio de la crispación, el alarmismo y la irresponsabilidad de las derechas. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez y su equipo ministerial han mostrado épica, capacidad de resiliencia y coherencia con los compromisos que expresó en el debate de la moción de censura en favor de la regeneración.
Basta con citar las actuaciones para devolver el pluralismo a una RTVE que es de todos, el levantamiento del veto que había impuesto el PP con Rajoy a las leyes presentadas por la oposición y guardadas en un cajón, las dinámicas de reuniones ministeriales con agentes sociales y con colectivos para deliberar sobre las soluciones a los problemas –como corresponde a un Gobierno abierto– y la presentación al Congreso del decreto convertido en proyecto de ley sobre la exhumación de Franco, una medida que dignifica la democracia y supone un reconocimiento a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura.
También son ejemplo de transparencia la dimisión de dos ministros ante hechos del pasado que se desviaban de una recta ética política, la completa divulgación de la tesis del doctorado de presidente o el inicio de un diálogo transparente, en todo momento, con el Gobierno de Catalunya para devolver el protagonismo a la política y defender la convivencia ciudadana. Y para cerrar esta etapa inicial, Pedro Sánchez ha propuesto la eliminación de los aforamientos mediante una reforma puntual de la Constitución.
Todo ello supone el inicio de un cambio político para fortalecer el sistema democrático mediante actitudes y la aprobación de medidas que ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sabemos las dificultades de lograr el objetivo. Pero el PSOE lo va a intentar con total convicción porque la plena legitimación del Gobierno va unida al perfeccionamiento de las leyes y los códigos para la prevención y lucha contra toda clase de corrupción.
El presidente lidera una catarsis en la vida política institucional, introduciendo en el día a día una nueva cultura de valores democráticos referidos a la forma de entender la política como herramienta de transformación al servicio del interés general, de un reparto justo del crecimiento y de un empleo de calidad. El PSOE es consciente de que la aprobación de la moción de censura conlleva implementar una gobernanza cívica que permita la estabilidad política de España.
Esa gobernanza se está traduciendo en estos 100 días en la primacía del diálogo social y la permanente búsqueda de acuerdos y pactos con los grupos del Parlamento; la interlocución con la sociedad y sus agentes desarrollando las buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa; el respeto al pluralismo y a una información veraz desde los medios públicos de comunicación; la transparencia en las decisiones de gobierno en aplicación del código ético; la búsqueda de la cooperación, eficacia e integridad en el funcionamiento de las administraciones; la eliminación del veto del Senado a la aprobación de una senda del déficit público más flexible, un elemento esencial en la elaboración del Presupuesto para 2019; la elección progresiva de los miembros de los órganos constitucionales y otras instancias reguladoras en base a los principios de mérito, capacidad, consenso amplio e independencia; la rendición de cuentas y el sometimiento al control del Parlamento de las decisiones del Gobierno; y el impulso a la necesaria reforma del Reglamento del Congreso.
Llegados a este punto el lector podría pensar que no tenemos capacidad de autocrítica. No es así. Claro que en este periodo de acoso al Gobierno hemos cometido fallos y contradicciones, en parte por inexperiencia. De ahí que reconozcamos que no hemos podido cumplir, por razones de seguridad jurídica, el compromiso de hacer pública la lista de los miles de supuestos defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Y lo lamentamos profundamente.
