Doctrinas tóxicamente peligrosas

En estas últimas semanas he escuchado opiniones de altos responsables políticos de la derecha que me han alarmado por lo que pueden llegar a significar. Uno de sus portavoces, persona de larga experiencia europea, ha afirmado que la resistencia de los miembros conservadores del CGPJ a renovar dicha institución ha supuesto un servicio al orden constitucional al evitar que el “maligno” Sánchez -creo que se trata del presidente del Gobierno de España- se haga con el “poder judicial”. Una reflexión en la misma línea que la del máximo dirigente del PP cuando sostiene, con reiteración, que no está dispuesto a pactar dicha renovación, pues desea evitar que el actual Gobierno se haga con el mencionado poder, en su ansia por ocupar todas las instituciones del Estado.

Lo que viene a querer decir, en román paladino, que si con la finalidad de evitar que la actual mayoría parlamentaria alcance o consiga lo que las urnas -voluntad ciudadana- les han otorgado, hay que violar la Constitución, bienvenida sea dicha transgresión. En una palabra, se pretende establecer la aberrante doctrina que consiste en el incumplimiento de la Carta Magna como método para “defenderla”. No creo que sea necesario explicar, con exceso de detalle, las consecuencias que para el futuro de nuestra trabajosa democracia tendría que tan desatinada doctrina hiciese camino al andar.

Por el contrario, el único hecho cierto, objetivamente contrastado e indubitado, es que el actual CGPJ -el gobierno de los jueces- lleva más de cuatro años infringiendo el mandato constitucional del art. 122.3 CE. Es decir, se inobserva, quebranta, transgrede nuestra Ley de Leyes por cuanto el mayor partido de la oposición, cuyo concurso es necesario, se niega a que dicha renovación se efectúe. Una negativa que se ha intentado justificar de mil maneras, en base a “argumentos” cada vez más pedestres o exigiendo variadas condiciones.

Sin embargo, en estos últimos tiempos ya no se trata solo de poner condiciones, que en puridad democrática no son de recibo, pues no es asumible que alguien pueda plantear que cumplirá la Constitución si le aceptan determinadas exigencias o apetencias. Ahora se trata de una cuestión más profunda y delicada, de tal calibre que tengo dudas de que sus autores sean conscientes de lo que dicen, o más bien resulta producto de la ignorancia. Porque sostener que, en determinadas circunstancias, se puede violentar la Constitución con el fin de “salvarla”, tiene un calificativo muy feo que se llama “golpe institucional o suspensión de garantías constitucionales”. Pues no deja de ser una garantía constitucional el que los órganos de gobierno, ya sea el de los jueces o cualquier otro, se renueven cuando la Norma Básica lo ordena, de tal modo y manera que sus miembros no puedan perpetuarse en las poltronas tanto tiempo como les venga en gana.

Estas cosas suceden cuando se sostiene, al mismo tiempo, que este Gobierno es legítimo -se supone- pero ilegítimo en lo que hace; cuando se afirma que es prisionero de otros partidos -ya sea ERC o Bildu-; cuando se le acusa de querer ocupar las instituciones, de romper la unidad de la nación y el orden constitucional e incluso de implantar un sistema “iliberal”. Por ahí se está entrando en una senda muy peligrosa que, en otros países, ha terminado en asaltos a parlamentos. Porque en democracia, ¿quién decide lo que es legítimo y lo que no?, ¿los partidos de la oposición o los ciudadanos con su voto o los jueces si se infringe la legalidad? ¿Por qué resulta “escandaloso” sustituir el delito de sedición por otro diferente, o modificar el de malversación, si hay una mayoría parlamentaria que lo decide? Y, sin embargo, se consideró normal conceder el 50% del IRPF o suprimir el servicio militar, como entregó la derecha, cuando gobernaba, a los deseos nacionalistas. Se puede estar o no de acuerdo con estas medidas -en mi caso no lo estoy con la reforma de la malversación-, pero es perfectamente legítimo si una mayoría parlamentaria las adopta y no atenta contra la Constitución.

No obstante, ahora estamos ante otra cuestión mucho más grave. Se trata de que el mayor partido de la oposición, esencial para el correcto funcionamiento de la democracia, se declara en rebeldía porque entiende que para defender la Carta Magna hay que incumplirla. Esta actitud, de persistir, consistiría en realidad en no cumplir con las reglas del juego, es decir con las normas que rigen nuestra convivencia. Afirmar, al mismo tiempo, que con esa postura se está defendiendo la independencia del poder judicial es una falacia como la copa de un pino, además de mostrarse una supina ignorancia. Entre otras cosas porque el famoso Consejo no es “el poder judicial”, que se incardina en cada juez/jueza o tribunal, cuando resuelve los asuntos que le encomiendan. Por el contrario, es un órgano político-administrativo para el gobierno de los jueces y no otra cosa. Por eso, sostener que su actual elección -vía parlamentaria- “politiza la justicia” es una solemne estulticia, con el fin de justificar la corporativa propuesta -ya ensayada y fracasada- de que los “jueces elijan a los jueces”, y así mantener la actual mayoría conservadora. Por otra parte, considerar que si los jueces eligieran a los jueces se acabaría con la “politización de la justicia” es de una ingenuidad desbordante. Pues aparte de que los jueces son personas normales que tienen ideas políticas, se introduciría la pugna “partidaria” entre las asociaciones de jueces, unas conservadoras, otras progresistas y otras intermedias, lo que supondría una “politización” bastante peor que la actual.

Estos responsables políticos son los mismos que se manifiestan en defensa de España, la Constitución y la democracia en Colón o en Cibeles, como si las tres cosas estuvieran en peligro. Y ahora, con el fin de fortalecer las instituciones, se sacan de una vieja manga una propuesta estrella: que gobierne el partido “más votado”, en los ayuntamientos y, por qué no, en las comunidades o en España. Por lo visto, no se han leído el art. 1,3 de la C.E. cuando dice: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, y tampoco le han echado un ojo a los artículos concordantes de la propia C.E., estatutos de autonomía y leyes orgánicas de régimen local que, en coherencia con nuestro sistema, señalan que para gobernar se tiene que tener mayoría “parlamentaria” y no otra cosa. Ergo, en la actualidad, la propuesta es ilegal y supondría, de llevarse a cabo, un cambio completo de régimen político.

Quizá consciente de este detalle, el proponente dice que para el gobierno de autonomías y el de España se haría a través de un “pacto político” entre los dos partidos mayoritarios -PSOE y PP-. Es asombroso hasta qué punto se pueden llegar a inventar insensateces o despropósitos, o retorcer la voluntad de los inteligentes constituyentes. Es decir, el maravilloso invento u ocurrencia consistiría en que, si el PP o el PSOE obtienen el mayor número de votos, el otro tendría que facilitarle la investidura, con el voto afirmativo o la abstención, y su programa de gobierno. ¿Y después qué? ¿También tendría que seguir votando a favor de sus presupuestos, leyes orgánicas o inorgánicas, etc., etc., con el fin de que pueda seguir gobernando y no caiga al día siguiente? Pero qué disparate es este. Sería el final del sistema parlamentario tal como está diseñado en nuestra Constitución. Salvo que lo que se pretende proponer, en el fondo, sea la soberana milonga de la “Grosse Koalition” a la alemana, es decir, una gran coalición PP-PSOE, con el fin de evitar, en nuestro caso, el apoyo de “los extremos”. Pero no sé si se han percatado, en el pequeño detalle, de que esa fórmula solo ha estado vigente en Alemania con la democracia cristiana en el Gobierno y nunca con la socialdemocracia liderando el país.

Por otra parte, y como no somos alemanes, en el caso de ensayar aquí el mencionado invento, artilugio, genialidad o artificio, lo único que conseguiríamos es engrosar -de “grosse”- a los denostados “extremos”, al dejarles todo el campo de la oposición. Además del probable daño colateral de la autolesión, flagelación o zurriagazo que se autopropinaría el que vaya chupando rueda. Por no hablar de los pobres ayuntamientos y concejales, que pasarían a estar gobernados a golpe de vara por el señor alcalde o alcaldesa, como en los viejos tiempos. En fin, que a los que defienden España con ardor les cuelan dos referendos ilegales de secesión; los grandes constitucionalistas incumplen la Norma Básica sin pudor y los defensores de la democracia nos proponen la voladura del sistema parlamentario. Vivir para ver.